Diputados oficialistas afinan indicaciones para eliminar sanción por tomas de colegios

Una sorpresiva indicación al proyecto que penaliza las tomas estudiantiles y endurece medidas para el control del orden público, presentaron el miércoles 4 los diputados oficialistas Marcela Sabat y Cristián Monckeberg, de RN, y Edmundo Eluchans y Cristián Letelier, de la UDI.

La enmienda, que fue escrita a mano y dada a conocer en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, suprime del texto original uno de los puntos más controversiales de la reforma impulsada por el ministro del Interior, Rodrigo Hinz-peter, en medio del conflicto estudiantil.

Este cambio -que, según explican en el oficialismo, será profundizado por una nueva indicación el próximo miércoles- propone eliminar el castigo por "ocupar" un inmueble público o privado en el contexto de manifestaciones. Sin embargo, mantiene las sanciones por saqueos o invasiones violentas.

La idea de los parlamentarios es introducir "correcciones" al proyecto, las que, según aseguraron, han sido trabajadas en forma reservada y en directa coordinación con Hinzpeter, con la idea de marcar una línea divisoria más clara entre las manifestaciones pacíficas y actos violentos que podrían ser objeto de persecución penal.

"Es una señal de que con esta ley no se quiere penalizar al movimiento estudiantil", explicó Sabat, quien preside la instancia parlamentaria y una de las autoras de las modificaciones al proyecto.

Por su parte, Monckeberg expresó, en todo caso, que el miércoles presentará una nueva indicación, con una redacción más fina, para precisar mejor los alcances del artículo que penaliza los desórdenes públicos.

"La idea es determinar con precisión los límites y establecer una clara diferencia entre manifestaciones pacíficas y actos violentos", explicó el jefe de bancada RN.

En esa misma línea, el diputado UDI Cristián Letelier explicó que las indicaciones buscan penalizar sólo a quienes cometan actos de violencia durante las "ocupaciones" de espacios públicos o privados.

"Si un grupo de alumnos se toma su colegio o liceo y está desocupado, sin ejercer fuerza o violencia, no deben ser penalizados", afirmó.

Iniciativa resistida

La llamada ley antisaqueos y antitomas fue anunciada a fines de septiembre, por el ministro Hinzpeter, en un intento de reforzar los principios de orden público y seguridad que habían sido puntales de la campaña presidencial de Sebastián Piñera.

En esos días, la movilización estudiantil comenzaba a decantar y ya se conocían resultados de desalojos en colegios y universidades en tomas, que habían dejado un saldo de millonarios destrozos.

No obstante, la iniciativa fue rechazada por la oposición y los dirigentes universitarios y secundarios, que acusaron al Ejecutivo de querer "criminalizar" el movimiento estudiantil.

Aún así, la reforma fue ingresada a la Cámara de Diputados el 4 de octubre, que la derivó a la Comisión de Seguridad Ciudadana.

Esta última instancia aprobó, el 22 de diciembre, la idea de legislar con los apoyos de parlamentarios oficialistas, la abstención del DC Matías Walker y el rechazo del resto de la oposición.

Sin embargo, el miércoles pasado, la reforma entró en una fase decisiva al comenzar la discusión en particular. En todo caso, el artículo más conflictivo, que penaliza las tomas estudiantiles, será votado el miércoles.

En ese contexto, los diputados buscan perfeccionar la iniciativa como una manera de conseguir una mayoría más amplia que permita su aprobación en sala.