EEUU presenta denuncia de fraude contra la calificadora de riesgo Standard & Poor's
La acción judicial se produce por las evaluaciones hipotecarias que realizó S&P y que podrían haber aportado a la crisis subprime de 2008.
El gobierno de Estados Unidos acusó de fraude a la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's por conceder altas evaluaciones a bonos peligrosos de hipotecas que contribuyeron a la crisis financiera.
En una denuncia civil presentada el lunes en la noche, el gobierno dijo que S&P engañó a los inversionistas al afirmar que las calificaciones que realizaba eran objetivas y "ajenas a la influencia de cualquier conflicto de intereses".
El Gobierno de Estados Unidos exigirá US$5.000 millones en compensaciones en uno de los casos más ambiciosos del Departamento de Justicia en torno a la conducta durante la crisis financiera.
El gobierno de aquel país afirmó que la pretensión de S&P de hacer ganancias y lograr una participación en el mercado causó que la calificadora ignorara los riesgos que representaban las inversiones entre septiembre de 2004 y octubre de 2007.
Las acusaciones constituyen la primera medida efectiva que adopta el gobierno contra esta importante calificadora en relación con la peor crisis financiera ocurrida desde la Gran Depresión.
Según el documento que presentó el gobierno ante una corte federal en Los Angeles, mediante el presunto fraude fue posible la venta de las inversiones a los bancos. El gobierno basó su acusación contra S&P en una ley que tiene como propósito garantizar que los bancos hagan inversiones seguras.
S&P, una unidad de la firma McGraw-Hill Cos., con sede en Nueva York, rechazó que hubiera cometido alguna irregularidad y afirmó que cualquier demanda en su contra carecerá de méritos para que proceda.
Si se determina que S&P cometió infracciones del orden civil podría afrontar multas y restricciones a la manera como hace negocios. El gobierno dijo en su denuncia que desea la imposición de sanciones financieras.
La medida no implica acusación penal alguna. Los detractores censuran desde hace tiempo que el gobierno no haya presentado cargos penales contra ninguno de los actores importantes de Wall Street implicados en la crisis financiera.
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