El compás de espera que vive la agenda laboral

DESPUES del fútbol, la religión, la política y los impuestos, el mercado laboral es posiblemente el quinto tema que más diferencias levanta entre los distintos actores de la vida nacional. Tal división también permea al gobierno de turno y a las distintas facciones que conviven bajo su alero, tensión de la que no ha logrado abstraerse la administración Bachelet, que por estos días percibe visiones encontradas en su gabinete y el bloque oficialista, ahora por la conducción de la agenda laboral.

Con la reforma tributaria aprobada por el Congreso y lo complejo que resultó su tramitación, el tinte de los cambios laborales comprometidos en el programa de gobierno y la conveniencia o no de enviar este año al Parlamento el primer proyecto en el área, de fortalecimiento de la sindicalización y negociación colectiva, es lo que está moviendo las aguas entre los ministerios de Hacienda y Trabajo. 

El oleaje también ha llegado hasta La Moneda, donde ven con preocupación el dilema de enviar la señal equivocada en uno u otro sentido. Por un lado, su postergación podría significar un daño en la relación con la CUT, mientras que, si lo envían, se arriesga a seguir profundizando el deterioro de las expectativas en el empresariado y los agentes económicos.

Si bien en los seis meses de la administración Bachelet el gabinete económico ha funcionado bajo los lineamientos del ministro Alberto Arenas, el Mintrab considera su terreno natural la vocería de los temas del mercado laboral y lo relativo a su regulación y legislación. Eso explica que, con Hacienda, además, concentrado en la reforma tributaria, el equipo de la ministra Javiera Blanco liderara los preparativos del proyecto sobre sindicalización y negociación colectiva y también la comunicación formal con la CUT, lo que en Teatinos 120 no veían como un problema hasta que comenzó a cobrar fuerza su pronto envío al Parlamento, al mismo tiempo que la desaceleración comenzaba a amenazar con ser más aguda de lo previsto por el Ejecutivo durante el primer semestre.

Hoy, de hecho, en el equipo económico ven como una dificultad el protocolo de acuerdo que destrabó la última negociación del salario mínimo y en el cual el gobierno suscribió con la CUT el compromiso de enviar al Congreso en el último trimestre de este año, de "preferencia" en octubre, el mencionado proyecto de ley. La iniciativa debiera dar mayor poder a los sindicatos, reconocer su titularidad ante la empresa y prohibir el reemplazo de trabajadores en huelga, entre otros temas (ver recuadro).

Mientras en las dependencias de Trabajo la mesa técnica que integran los expertos del ministerio, más tres abogados y un economista de la CUT, y en la que eventualmente participan dos técnicos de Hacienda, se reúne desde hace casi dos meses para darle "forma y fondo al proyecto y cumplir lo comprometido en el programa", como relata uno de los legalistas que conoce de los encuentros, dos cuadras abajo, la apuesta va en sentido contrario. En el entorno de Arenas reconocen que la agenda laboral es un área relevante del programa y que hay un compromiso explícito en su redacción de legislar para establecer la titularidad sindical y restringir los vacíos legales que debilitan la negociación colectiva, pero explican que la acentuada desaceleración y el riesgo de que se traduzca en un alza del desempleo hace razonable postergar su envío al Congreso hasta, al menos, el primer trimestre de 2015. Y eso, sólo si ocurre un punto de inflexión positivo en el ciclo de crecimiento, lo que en sus cálculos debiera comenzar hacia fines de este año e inicios del próximo.

Arenas, de hecho, instaló su postura tras el último dato de Imacec, que se expandió 0,9% en julio, demostrándole al gabinete y, en especial, a la Presidenta Bachelet que la desaceleración es más profunda de lo previsto y la urgencia por cuidar las expectativas más importante de lo estimado. Para mermar los costos políticos de no cumplir lo pactado en el protocolo, fuentes de gobierno aseguran que el secretario de Estado ha sido enfático en precisar -y en pedirles al resto de sus pares que mantengan la línea discursiva- que el programa de gobierno sólo tiene tres grandes cambios estructurales, como son las reformas tributaria, educacional y constitucional. Y que el resto son áreas prioritarias expresadas en las agendas de Energía, Productividad, Inversión Pública, Salud, Seguridad y Laboral.

El resultado de eso es que se decidió que será la Presidenta quien defina la oportunidad y gradualidad en el envío de los proyectos de la agenda laboral al Parlamento, "conforme los antecedentes que le aporte el Ministerio de Hacienda" y bajo la premisa de que el gobierno tiene la voluntad de cumplir su programa.

LA HISTORIA SE REPITE

La apuesta de ese sector del gabinete, ligado a los ministerios de perfil más técnico, sin embargo, encuentra resistencia en sus contrapartes del ala más bien política, donde han advertido el riesgo para la imagen de Bachelet de que su gobierno no cumpla con un protocolo que no tiene más de tres meses, comentan en Palacio.

Pero, además, en el bacheletismo más histórico y también en los sectores más progresistas de la Nueva Mayoría, en particular el PC y el PS de la línea más dura, aún está el recuerdo de cómo se manejó en su anterior gobierno la agenda laboral, donde las disputas entre los entonces ministros de Hacienda, Andrés Velasco, contrario a legislar en la materia, y del Trabajo, Osvaldo Andrade, con la idea de ir con varios proyectos, finalmente se zanjaron en favor del primero y gatillaron la salida del segundo.

El no haber impulsado ningún cambio en materia laboral significativo en el primer gobierno de una mujer y además PS, sumado al amargo recuerdo que eso dejó, por ejemplo, en la anterior directiva de la CUT y en el progresismo de aquellos años, es un factor que los detractores de la idea de aplazar la agenda han puesto como argumento para no hacerlo.

Por eso, en las próximas semanas se decidirá si es más conveniente enviar un proyecto de negociación este año, pero sin los temas más polémicos, los cuales podrían ser abordados en un nuevo proyecto el próximo año, o si en una jugada más arriesgada, simplemente se congela el tema hasta un mejor contexto macroeconómico.

LA PIEDRA FILOSOFAL

Si está en el programa de gobierno es porque el tema va, el punto está en cómo. Así leen en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y en la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) la posibilidad de que el Ejecutivo cumpla con el envío  al Congreso del proyecto y que lo haga este año. Aunque en privado se reconoce que las diferencias de oportunidad, más que de tono, en el gabinete es un tema, en las dos organizaciones dan por hecho que la iniciativa llegará a Valparaíso en 2014.

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, precisa que la mesa técnica que lleva Trabajo ha dado todas las señales en esa dirección, que la ministra Blanco les aseguró que está comprometida con cumplir el protocolo y que la ruta de trabajo en torno a los contenidos del proyecto se ha desarrollado con normalidad. Con reuniones dos veces por semana, los equipos técnicos del gobierno y de la CUT, que además de abogados y el economista de la multisindical, Fernando Carmona, integran algunos dirigentes, llevan varias minutas sobre el tema. Los dos asesores de Hacienda participan de manera intermitente de esos encuentros.

Figueroa precisa que "tenemos claro que hay temas que no despiertan mucha simpatía en el gobierno, principalmente por la dificultad que les genera con el empresariado, pero también hay materias que para el sindicalismo son prioritarias y sabemos que el Ejecutivo no las está considerando en su diseño. El desafío está entonces en lo que podamos lograr en el debate en el Congreso".

Con todo, asegura que "hasta ahora no hemos visto discordancias, pero la CUT le ha hecho ver al gobierno la inconveniencia de no cumplir con el protocolo en tiempos y contenidos. Desde el gobierno hay consistencia en señalar que se cumplirá con la palabra acordada y también que se hará con la rigurosidad técnica y política para que el proyecto tenga una buena tramitación en el Congreso, con un debate responsable y con tiempos adecuados.

"El ministro Arenas me ha dicho que el proyecto irá con su firma", añade. Más aún, dice que Trabajo les ha asegurado que no se enviará un proyecto exprés. "Esa no es opción, pero tampoco que envíen un proyecto sin la urgencia adecuada para que se eternice en el Congreso. También hemos hecho ver que lo que esperamos del proyecto es lo que está comprometido explícitamente en el programa y no menos", precisa Figueroa.

LAS DUDAS DEL EMPRESARIADO

En la mesa técnica no está incorporado el sector privado, pero la semana pasada Trabajo convocó a la CPC para informarles sobre el tema, pero sin entregar detalles más allá de lo ya conocido, asegura el gerente general de la CPC, Fernando Alvear.

A la cita asistieron integrantes de la Comisión Laboral de  la CPC y Alvear comenta que "la reunión fue a nivel de equipos técnicos y se nos relató en qué estaba el avance grueso del tema, qué es lo que piensa el gobierno y que en función de eso se legislará. Nosotros entendemos que no hay un calendario definido, pero sabemos que viene este proyecto".

Si va o no con los temas más sensibles para el empresariado, como es con la prohibición del reemplazo en huelga, la titularidad sindical y el establecimiento del denominado piso de negociación, es algo que, según Alvear, no detallaron en el Ejecutivo. "La línea gruesa la conocemos, está en el programa de gobierno, así que probablemente se va a hacer. Pero hay que ver cuál será la propuesta en detalle, porque el programa da para varias interpretaciones", sostiene.  En un par de semanas se repetirá el encuentro.