Falta de cifras de deuda retrasa inicio de pagos de ex Masvida

Aunque se esperaba para la semana pasada, hasta hoy la Superintendencia de Salud no ha emitido la lista de deuda para iniciar el proceso de pagos a los proveedores de isapre Masvida, que incluye una fase de pagos con cargo a las garantías y un acuerdo de reorganización judicial. Y es que todavía la entidad fiscalizadora y el interventor Robert Rivas tienen dificultades para contabilizar la deuda de Masvida, no contando hasta ahora con los estados financieros auditados por Deloitte para 2016.

Así, hasta el cierre del viernes aún faltaban estudios de cifras para saber bien cuánto correspondería pagar a los prestadores y otros beneficiados por las garantías. La deuda rondaría los $ 137 mil millones, superando estimaciones previas de la autoridad, que hablaban en torno a los $ 105 mil millones.

Aunque fuentes del proceso dicen que el regulador y el interventor iniciarán el proceso "con o sin Deloitte", el abogado de Guerrero Olivos, Sergio Yávar, afirma que los datos deben resolverse antes de iniciar el proceso de reorganización judicial, "no sólo por la deuda, sino porque la ley también exige los balances para solicitar su inicio" ante la Superintendencia de Insolvencia. El abogado Walter Melo, consultado por diversos intervinientes en el caso, también asegura que es vital que la propuesta del interventor "sea informada".

Por su parte, el abogado Esteban García Nadal, socio de García Magliona, añade que dado que "no existe información clara y precisa de las deudas y balances realmente auditados, el llamado a los acreedores es a ser prudentes y pedir la mayor cantidad de datos".

Escenarios

En el directorio de Masvida están preocupados, ya que una vez liquidada la isapre, el interventor Rivas dejará de ejercer en la firma al alero de la supervisión del regulador de salud y los médicos tendrán que hacerse cargo del proceso de negociación con los acreedores para lograr la aprobación del acuerdo de reorganización judicial.

El ex superintendente de Salud Héctor Sánchez aclara que "no es responsabilidad de la superintendencia el garantizar el pago a los prestadores (...). Lo que se puede cuestionar es si la intervención fue oportuna o pudo ser antes, si el superintendente con el objeto de dar viabilidad a la empresa le liberó garantías para pagar a unos prestadores sobre otros o debió intervenir".