Fiscalía decide el lunes futuro de investigación y Sofofa ratifica elección la próxima semana

Hasta ahora hay más preguntas que respuestas sobre el supuesto espionaje detectado en la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), que sacudió al mundo privado. Si bien el hallazgo de un micrófono oculto en el entretecho de la oficina de su presidente, Hermann von Mühlenbrock, el viernes 19 de abril -similar al detectado días antes en las oficinas del director de Carozzi y vicepresidente del gremio, José Juan Llugany-, derivó ayer en la presentación de una denuncia por parte del gremio en la Fiscalía Oriente, aún no existe claridad respecto a quién escuchaba las grabaciones y con qué objetivo.

El hallazgo ocurre en un momento decisivo para la Sofofa, a solo cuatro días de que se realicen las elecciones para un nuevo timonel de la industria, carrera que corre en solitario Bernardo Larraín Matte. Por esta razón, Larraín Matte fue una de las primeras personas externas a la actual directiva en ser contactada por Von Mühlenbrock, tras recibir el informe preliminar de la firma de investigación privada que encontró el micrófono. El reporte concluyó que el equipo de grabación debió ser instalado en febrero de 2017. dado el nivel de batería que le quedaba y que podría haber continuado funcionando hasta agosto. De haber sido instalada antes, tendría que haber sido recargada, dicen fuentes cercanas al caso.

La reunión con Larraín Matte, comentan cercanos, habría contribuido a generar la convicción en la actual directiva de que el espionaje sería responsabilidad de agentes externos. De hecho, las principales sospechas en el entorno de la dirigencia gremial apuntan más bien a organizaciones criminales que pudiesen estar buscando vender información, algo que tendría respaldo en el espionaje empresarial observado en el contexto internacional.

Otro dato entregado por la empresa investigadora determinó que el micrófono tenía un alcance de cinco metros para realizar la grabación, y que por su ubicación, pudo obtener conversaciones efectuadas también en la oficina del secretario general del gremio, Jorge Ortúzar.

Pero la investigación ahora corre por parte de la Fiscalía Oriente, quienes adelantaron en un comunicado que "los antecedentes entregados por la federación gremial están siendo analizados por el Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra". El próximo lunes 29 de mayo, la denuncia firmada por el presidente de la Sofofa y los vicepresidentes de la entidad, José Juan Llugany y Gastón Lewin, por "captación o interceptación de comunicaciones privadas", será asignada al mismo fiscal Guerra, el fiscal de Alta Complejidad Carlos Gajardo o Lorena Parra, fiscal jefe de Las Condes.

La sanción que arriesga el o los responsables se encuentra establecido en el artículo 161 A del Código Penal, que indica que se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados (61 días a cinco años) y multa de 50 a 500 Unidades Tributarias Mensuales ( $ 2,3 millones a $ 23,3 millones, aproximadamente) "al que, en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado", entre otros relacionados (ver página 4). Se trata del mismo ilícito que recuerda el uso de cámara oculta en el caso del ex juez Calvo en 2003.

En una declaración pública, desde la Sofofa recalcaron que "estos hechos son de la mayor gravedad y es fundamental una acuciosa investigación", pero reafirmaron además que el proceso de elecciones no tendría modificaciones por el suceso (ver entrevista). "Reafirmamos nuestro compromiso con la institucionalidad y los procedimientos de nuestra organización, incluido el proceso electoral en curso, los que no se verán afectados por esta agresión de la que Sofofa, en su conjunto, ha sido víctima", plantearon.

Desde el gobierno, en tanto, Mahmud Aleuy, subsecretario del Interior, calificó los hechos como "graves", indicando que el gobierno podría hacerse parte de las acciones judiciales: "una vez que tengamos los datos más precisos vamos a poder dar una opinión más concreta", señaló. Agregó en todo caso que "algunos hechos de este tipo se producen en períodos electorales".

Asimismo, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, planteó que se "requiere de una investigación cuidadosa para saber qué está pasando, y además requiere que todos rechacemos fuertemente este tipo de prácticas".

A su vez, el empresariado rechazó unánimemente el posible ilícito. Alfredo Moreno, presidente de la CPC, manifestó que "en Chile no estamos acostumbrados a que estas cosas le sucedan a nadie, la ley en Chile establece que tenemos derecho a la privacidad. Esto viene a ser un delito grave".