Gobierno peruano afirma que no negociará con terroristas que mantienen secuestrados a 42 trabajadores

El gobierno del presidente peruano Ollanta Humala dijo a través de su ministro de Justicia, Juan Jiménez, que "el gobierno no negocia con terroristas, el gobierno actúa en el marco de la ley", en un mensaje a la guerrilla de sendero luminoso que mantiene secuestrados desde el lunes a 42 trabajadores de las empresas Coga y Skanska, que brindan servicios al consorcio de gas de Camisea.

Jiménez habló en el programa Buenos días, Perú, citado por el diario Perú 21, donde manifestó que el Ejecutivo actúa en el marco de la ley y los ministerios de Interior y de Defensa están implementando una serie de medidas para resolver esta situación. Esto, mientras los familiares de secuestrados temen que se arriesgue vidas con los operativos y pidieron que Humala tome cartas en el asunto.

Defensa envió 1.500 militares a la zona de secuestro en el distrito de Echarate, región de Cusco. Se trata de "un comando unificado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional". Se acordó la zona, "con el objetivo de aislar a los delincuentes narcoterroristas que mantienen retenidos a los mencionados trabajadores".

El Gobierno anunció que adoptará "todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho constitucional a la vida, la libertad y la seguridad de los ciudadanos tomados como rehenes", manifestó su solidaridad "con la angustia de sus familiares" y les pidió mantener la calma.

Se informó, además, de que el ministro de Defensa, Alberto Otárola, viajará a la zona de Echarate para supervisar el operativo desplegado por las fuerzas de seguridad.

En una nota de rescate que fue difundida por medios locales los captores piden el pago de diez millones de dólares, una "cuota de guerra" anual de 1,2 millones de dólares, además de explosivos.

Kepashiato se ubica en la zona del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), un lugar selvático de difícil acceso donde operan los remanentes de la banda armada Sendero Luminoso y mafias del narcotráfico.

El gobierno peruano decretó ayer el estado de emergencia (excepción) en la provincia cuzqueña de La Convención, donde se encuentra la localidad en la que se produjo el secuestro.