Gobierno revisa aspectos económicos de proyecto de inmigración antes de envío

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Iniciativa hoy está siendo trabajada por un comité interministerial liderado por Interior y Cancillería. Desde La Moneda reconocen que la nueva iniciativa de ley compromete un gasto financiero importante para el Estado. Subsecretario Aleuy dijo que iniciativa se basa en proyecto de Piñera y trabajo de 8 instituciones y 400 entidades privadas.




A fines de la próxima semana, la Presidenta Michelle Bachelet recibirá en su escritorio la versión final del proyecto de inmigración que su gobierno trabaja desde inicios de 2014.

Actualmente, la iniciativa está siendo revisada en un comité interministerial, liderado por las carteras del Interior y el de Relaciones Exteriores, y donde además se encuentra Salud, Educación, Desarrollo Social, entre otros.

Dicho equipo trabaja desde hace un par de meses en aunar los últimos detalles de la iniciativa.

Pese a que en el Ejecutivo dicen que la redacción del proyecto está prácticamente listo, explican que la iniciativa está siendo revisada en sus aspectos económicos, ya que implican un gasto que debe ser analizado por el Ministerio de Hacienda.

"Tenemos que siempre presentar proyectos de ley que tengan sostenibilidad económica, también para ser responsables", aseguró este martes la ministra vocera de gobierno, Paula Narváez.

Fuentes de gobierno confirmaron que efectivamente las medidas contempladas en el proyecto de ley se traducen en un gasto relevante para el Estado, por lo que -dada la actual situación económica de Chile- deben ser revisados con cuidado y responsabilidad.

Aunque aún no hay una estimación, pues aún no está el informe financiero, la iniciativa implicaría la necesidad de una fuerte inyección de recursos en personal de planta en diferentes entidades públicas vinculadas a los controles migratorios.

El lunes, el ex ministro del Interior, Jorge Burgos, planteó que el retraso del envío del proyecto respondía a diferencias entre Cancillería y el Ministerio del Interior.

Consultada respecto a esto, Narváez aseguró: "No hay diferencias de carácter sustantivo y las diferencias que existe no pudiesen existir entre los distintos sectores dentro del ejecutivo son completamente legitimas y salvables".

De esta forma, en el gobierno estiman que, aún con las revisiones pendientes, el proyecto de ley debería estar lista para ser ingresado a tramitación a fines de este año o a inicios de 2017, aprovechando así los últimos días de este año legislativo.

"Podemos llegar a término como se ha señalado, a finales de este año, principios del próximo para poder ingresar el proyecto de ley de inmigración", aseguró la vocera Narváez.

Respecto del contenido de la iniciativa legislativa, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy declaró: "El proyecto de ley que hemos elaborado tiene como base el proyecto de Piñera, el de Bachelet y el trabajo que se hizo entre junio de 2014 y ahora con 8 instituciones públicas y 400 entidades privadas".

Consultado por la demora en la elaboración de esta iniciativa, Aleuy recordó que el proyecto del ex Presidente Piñera nunca tuvo urgencia, y agregó: "Para hacer política pública que soluciona los problemas reales de Chile no hay que hacer demagogia. No queremos comparar el proyecto de ahora con lo que hizo Piñera, no nos interesa. Lo que nos interesa, y por esto también estamos usando el proyecto de Piñera como base, es arreglar los problemas del país".

El jueves pasado, durante la reunión para definir la priorización legislativa, instancia donde participaron los ministros del comité político junto a los presidentes y jefes de bancada de la Nueva Mayoría en La Moneda, se coincidió en la necesidad de poner en la lista de proyectos relevantes la iniciativa de inmigración.

Pese a que el proyecto siempre ha estado contemplado como parte de la agenda legislativa y aseguran que se trabajaba desde hace meses en su contenido, en el Ejecutivo reconocen que la relevancia que ha tomado el tema de los migrantes y la politización que ha generado al convertirse en un debate de la campaña presidencial obliga a generar una nueva norma".

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