Harald Beyer: "La reforma es un mal proyecto que introduce nuevos problemas"

Trató de modificar el Crédito con Aval del Estado (CAE) para convertirlo en un préstamo fiscal, sin embargo, la idea sólo logró quedar estancada por más de un año en el Parlamento. Su polémica gestión también estuvo marcada por la caída de la U. del Mar y la posterior destitución de su puesto. Por estos días, la idea que presentó Harald Beyer, director del Centro de Estudios Públicos (CEP Chile), es recordada luego de que el gobierno se comprometiera a terminar con el CAE con una fórmula similar a la del ex secretario de Estado. En entrevista con La Tercera, Beyer subrayó la necesidad de cambiar el préstamo y tener un sistema mixto de financiamiento y repasó el proyecto de educación superior que el gobierno tramita en el Congreso.

¿Le parecen suficientes los cambios presentados a la reforma a la educación superior?

No. Me parece que hay omisiones relevantes y errores graves en la indicación sustitutiva.

¿Cuáles son los puntos más débiles de esta reforma?

Está la mantención de un sistema de acreditación gradual (de cuatro a siete años) unido a dos factores que me parecen complejos de aplicar. Si la institución no cumple la acreditación se nombra un administrador provisional que en un plazo de dos años debe reacreditar la institución. Puede ser razonable darle al plantel un plazo adicional para cumplir la acreditación, pero la responsabilidad debe recaer en los gestores de la institución y no en un externo que no tiene un compromiso evidente con el plantel. Otro error es la mantención del sistema de admisión en un órgano político como es la Subsecretaría de Educación Superior. El mecanismo que se contempla para la definición de los aranceles regulados contiene una mirada fabril de la educación, en la cual se pueden definir insumos, valorarlos y a partir de ahí definir precios. Es una incomprensión mayor del proceso universitario y un modelo que puede llevar al financiamiento de programas caros que no agregan mayor valor a los estudiantes. Por último, la mantención del Cruch como exclusivo órgano asesor del Ministerio de Educación.

Considerando el complejo escenario, ¿debería dividirse el proyecto en una parte que aborde financiamiento y otra institucionalidad?

Ese es un análisis político que tendrá que hacer el gobierno.

¿Saldrá la reforma antes de que termine este gobierno?

Tiene tantas deficiencias el proyecto, que a menos que el gobierno busque grandes acuerdos, que corrijan sus errores severos y supla las omisiones que exhibe, veo improbable su aprobación.

¿Cuáles han sido los principales errores en la tramitación?

Hay buenos informes internacionales y nacionales respecto de hacia dónde debe avanzar el sistema. Ninguno parece haber sido considerado en la elaboración de los proyectos. El gobierno, además, quedó atrapado entre los eslóganes y los grupos de interés y no ha podido salir de ese atolladero.

¿Porque a nadie le gusta este proyecto?

Porque es un mal proyecto, que no aborda o resuelve desafíos urgentes y, además, introduce nuevos problemas.

Las modificaciones a la reforma establecen una acreditación institucional con cinco áreas, entre las cuales destaca la investigación. ¿Cómo ve esta exigencia?

En sistemas masivos de educación superior la norma más habitual es que las instituciones se acrediten en función de su misión. Y esta no necesariamente supone investigación. Esta, por lo demás, es cara y por ello suele concentrarse en pocas instituciones. Pedir que todas las universidades tengan estas características encarece innecesariamente el costo de la educación superior para las familias, los egresados o el Estado.

¿Qué le parece que el gobierno haya aceptado crear un crédito estatal sin bancos cuando desechó la idea similar que se presentó cuando usted era ministro?

Intentar legislar siguiendo eslóganes es siempre un error. Era evidente que no se podía aspirar a grandes niveles de gratuidad en el país y por eso se requería un sistema de financiamiento estudiantil general y que no discriminase entre estudiantes, sobre el que se podía avanzar en grados mayores y menores de cobertura de gratuidad en función de las prioridades de cada gobierno. Eso fue lo que promovió el gobierno anterior al presentar un sistema de financiamiento general, que incluía la creación de un crédito contingente al ingreso financiado por fondos públicos.

¿Por qué en su momento se llegó a la convicción de que era necesario eliminar el CAE y reemplazarlo por otro crédito fiscal?

Se quería tener un único sistema general de financiamiento y que tuviese el menor costo posible para el Estado, los estudiantes y que, además, los protegiese de situaciones de bajos ingresos.

¿Cómo evalúa la gratuidad, considerando que hay 240.000 beneficiados? ¿Se debería continuar avanzando en cobertura?

El sistema de educación superior tiene una alta cobertura que supera largamente, para todos los grupos de ingreso, a la de Latinoamérica, a pesar de que muchos de ellos tienen universidades estatales gratuitas. Además, los ingresos de los egresados de la educación superior son en términos relativos, respecto de los egresados de la enseñanza secundaria, los más altos entre los países de la Ocde. Eso hace aún más razonable tener un sistema mixto de financiamiento, donde la gratuidad no sea la política dominante.

Hay quienes plantean que más que un crédito, esos fondos deberían destinarse a la gratuidad. ¿Es una opción?

Me parece que esa visión no se hace cargo del elevado costo de la gratuidad universal. El proyecto de ley posterga la eventual gratuidad hasta que la carga tributaria sea más elevada que la actual. Si fondos que se han gastado en el Crédito con Aval del Estado se destinaran a gratuidad, la población cubierta por ese beneficio podría subir, pero no habrá recursos para financiar a buena parte de los alumnos de clase media, de los deciles 7 a 9. Hay que entender que los recursos son escasos y las necesidades múltiples, debiendo priorizarse adecuadamente su uso.