Indagan a empleados de bancos donde se giraban pagos ilícitos del fraude en Carabineros

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Se pesquisan 150 operaciones que se hicieron a través de dos entidades bancarias ente 2011 y 2015. El general director de la policía uniformada anunció la creación de una unidad de análisis financiero.




Hasta la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados llegó el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, para exponer ante los parlamentarios las causas y alcances del fraude de $ 8 mil millones al interior de la entidad policial, y en el que se presume la participación de más de 20 personas en estas operaciones ilícitas. Los hechos son investigados por el Ministerio Público y administrativamente por la institución uniformada.

"Es primera vez que se registra un acto delictual de esta naturaleza en la institución. Nunca había ocurrido algo así y menos de la magnitud de esto", dijo ante los diputados, haciendo referencia a la operación ilícita que permitió que los dineros de Carabineros fueran transferidos a las cuentas personales de distintos policías, quienes devolvían una parte, repartían otra y se quedaban para ellos con cerca de un 10%. Esta práctica, según explicó, se llevó a cabo entre el 11 de abril de 2011 y noviembre de 2015.

La máxima autoridad policial también explicó que el fraude involucraría a más personas, por tener participación directa o indirecta en la comisión de la malversación (ayer se dio de baja a seis más, por lo que la cifra de desvinculados ascendió a 17). Sin embargo, la responsabilidad penal o administrativa no solo podría ser de los uniformados.

Según dijo Villalobos a los parlamentarios, habrían sido 150 las transferencias de los recursos destinados a remuneraciones a las cuentas personales del resto de los involucrados. Estos traspasos habrían sido realizados a través de solo dos bancos, de acuerdo a lo señalado por el general director.

La posible participación de los funcionarios de las entidades bancarias en el fraude es un antecedente que se maneja tanto en el proceso administrativo de la policía uniformada como en el Ministerio Público, donde la investigación está a cargo del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, y desde ayer se sumó otro de Santiago (ver recuadro).

Según fuentes del caso, llama la atención de los persecutores que en los cinco años que ocurrieron los hechos no haya existido una alerta más temprana sobre la comisión de un supuesto fraude.

Aunque fue una de las entidades bancarias la que detectó el pago irregular al capitán (r) Felipe Avila, en Punta Arenas, y que posteriormente fue comunicado a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), esta alerta habría llegado a fines del año pasado por un millonario retiro de efectivo del oficial.

Otras fuentes consultadas señalaron que cualquier operación inusual que hubiera superado los 10 mil dólares debió ser avisada, lo que no habría ocurrido entre el período de tiempo que ocurrió el ilícito. Es por ello que la fiscalía, en conjunto con el OS-7 de Carabineros, investiga la eventual participación de funcionarios de los bancos en la millonaria defraudación.

En tanto, ayer siguieron los interrogatorios del fiscal en el OS-7, hasta donde llegaron oficiales (r) de la institución a prestar su testimonio. Uno de los citados era Ramiro Martínez Chiang, quien estuvo involucrado en un caso de compras en que se indagó presuntos sobreprecios en 2013.

Unidad de análisis

En la comisión, Villalobos anunció la creación de una unidad de análisis financiero para evitar que se realicen fraudes como este. "Todos los oficiales tendrán que informar sus bienes, las salidas del país, informar los medios de terceros que utilicen, de modo de ir disminuyendo la vulnerabilidad del sistema", dijo.

El diputado RN Gonzalo Fuenzalida indicó que "Carabineros prestó todos los antecedentes pertinentes, lo que da cuenta de su compromiso con la transparencia".

En tanto, el diputado PPD Daniel Farcas manifestó que "aquí hay que modificar la ley que regula la fiscalización de intereses y patrimonios". Por su parte, el diputado DC Jaime Pilowsky, quien pedirá una comisión investigadora, sostuvo que "estamos en presencia de un acto de corrupción muy grave no solo por los montos involucrados, sino también por la extensión del período en que se desarrolló".

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