Jefe de la CAM afirma que reprueba quema de camiones en la IX Región

El ex jefe militar de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, señaló desde la cárcel que están dispuestos a dialogar hoy con el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, criticado por Naciones Unidas.

"Nosotros estamos dispuestos a sentarnos a dialogar por territorio y autonomía", dijo Llaintul, quien enfrenta procesos dobles por leyes antiterroristas y penales por mismos delitos. Además, desechó el uso de la violencia al interior de las comunidades en el sur del país.

El comunero criticó la quema de camiones forestales en la zona. "Yo no estoy de acuerdo con la quema de camiones en los caminos rurales", señaló Llaintul, quien calificó, además, como "estúpido" arrojar piedras a los buses que circulan en la zona, habitada por comunidades mapuches agrícolas.

"Necesitamos ideas fuerza, no armas", insistió Llaitul, rodeado de otros siete comuneros mapuche, encarcelados en la cárcel El Manzano, en Concepción.

"Atacar una escuela, como nos acusa el gobierno, sería ridículo. Si hiciéramos eso no estaríamos convenciendo a nuestro pueblo", agregó.

Llaintul, quien lleva siete meses en prisión preventiva a la espera de juicio, insistió que su lucha es "eminentemente política" por territorio y autonomía.

Asimismo valoró la firma por parte del gobierno del Convenio 169 de la OIT, que reconoce los derechos de los pueblos originarios. "Puede tener beneficios, si hay lucha", opinó. Aunque insistió que su organización está dispuesta a dialogar con el gobierno, señaló que eso no implica abandonar la movilización social.

"Si no hubiera muerto un mapuche, no viene a dar tierras el ministro (de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo)", lamentó.

La oferta de diálogo de los grupos mapuche rebelde surge luego que la Presidenta recibiera una propuesta de solución para el conflicto, hecha por lideres indígenas, empresarios y autoridades civiles y eclesiásticas.

El conflicto, de raíces históricas, está anidado primariamente en la disputa por tierras entre los indígenas y los empresarios de la zona, aunque también es matizado por demandas autonómicas de algunas comunidades, como la CAM.

Hasta ahora el gobierno cedió o regularizó la propiedad de 650.000 hectáreas a favor de las comunidades, desde 1990. Además anunció la entrega de otras 30.000 hectáreas a comunidades pacíficas.