La defensa del gobierno argentino tras el uso de Twitter oficial para defender a Máximo Kirchner

El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich, defendió hoy el polémico uso de la cuenta oficial de Twitter de la Presidencia del país para defender al hijo de la presidenta Cristina Fernández ante lo que definió como un "hostigamiento" al Gobierno por parte del Grupo Clarín. 

"El Gobierno debe inexorablemente promover su legítima defensa frente a la calumnia, la injuria o la información falsa", dijo hoy Capitanich durante su rueda de prensa diaria.

"Ustedes todo el tiempo agravian, calumnian, injurian e instalan a través de sus medios noticias falsas y hay que salir a aclarar. No podemos convalidar el ataque reiterado y el hostigamiento mediático que hace el grupo Clarín", agregó en respuesta a una pregunta de un periodista de la cadena de televisión TN, perteneciente a ese grupo de medios.

El Gobierno ha usado la cuenta de Twitter de la Casa Rosada, sede de la Presidencia argentina, para defender a Máximo Kirchner, cuya firma está en algunos de los documentos investigados en una causa judicial abierta por presuntas irregularidades en una empresa hotelera de la que Cristina Fernández es accionista,

"En las asambleas de accionistas Máximo Kirchner representa a la sucesión, por una razón muy sencilla y dolorosa: es el hijo del fallecido", defendieron este domingo desde el perfil de Casa Rosada.

Asimismo, desde la cuenta de la red social se transmitió la postura de la empresa Hotesur, dedicada a la gestión del hotel de lujo Alto Calafate (en la sureña provincia de Santa Cruz).

Capitanich defendió la utilización de los medios oficiales para aclarar la posición oficial y dijo que "es lo que corresponde hacer" para realizar "aclaraciones que impidan una interpretación maliciosa de los hechos". 

La Justicia argentina investiga supuestas anomalías administrativas la empresa Hotesur, de la cual Fernández es accionista, a partir de una denuncia presentada por la legisladora opositora Margarita Stolbizer, quien acusa a Fernández y a otros altos cargos del Gobierno, como Julio Alak, de violación de los deberes de funcionario público.