La Moneda refuta en bloque críticas tras rechazo a informe Sename

Uno a uno salieron ayer los ministros del comité político de La Moneda a defender las gestiones que realizó el gobierno para frenar la aprobación del controvertido informe de la comisión investigadora sobre la muerte de 1.313 niños en los centros del Sename.

El martes, luego de que el texto fuera rechazado en la Cámara, la oposición acusó al Ejecutivo de que el lobby realizado fue para blindar a la ex ministra de Justicia Javiera Blanco -a quien en el informe se le reprochaba una "negligencia inexcusable"-, pero los secretarios de Estado señalaban que el texto tenía numerosas deficiencias. Y así se planteó, también, en una minuta que La Moneda envió a los jefes de bancadas de la Nueva Mayoría. Todo esto, sumado a la intervención de la Presidenta Bachelet, quien cuestionó el miércoles que se responsabilice "a un gobierno y a una persona".

En medio de este escenario, el ministro del Interior, Mario Fernández, sostuvo ayer que la comisión investigadora se excedió de sus atribuciones, y acusó a esa instancia de haber ignorado un informe que el Ministerio de Justicia envió hace dos semanas, en el que se detallaban las medidas que ha adoptado el gobierno en materia de infancia. "Una comisión no puede convertirse en un tribunal", dijo. Asimismo, destacó que el texto de la comisión "era parcial" y que desconocía el trabajo del gobierno en la materia.

"La expresión 'lobby', que aparece por ahí, es muy divertido que se use, trágicamente divertido, porque el propio Congreso Nacional aprobó una Ley de Lobby, definido como la defensa de intereses privados ante órganos públicos. Por lo tanto, entre órganos públicos no hay lobby. Más bien, hay cumplimiento de deberes. El gobierno está obligado, por sus tareas, a influir en lo que se trate en el Congreso", subrayó en entrevista en radio La Clave.

En paralelo, el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, señalaba ayer en radio Zero que el informe de la comisión era "injusto, parcial, politizado" y que "no se merecía ser aprobado".

Valdés -quien el martes hizo gestiones en el almuerzo de la bancada radical- afirmó que en sus conclusiones se perdía de vista "lo que se está haciendo en menores", agregando que "era un informe que no les servía a los niños, era puro juego de echarse la culpa, y (era) muy parcial".

En la misma línea, la vocera Paula Narváez -encargada de conversar el martes con el PS- reiteró ayer que "lo que el gobierno hace es un trabajo legítimo en el Congreso para dar a conocer su planteamiento respecto de un informe que nos parece parcial, no refleja la realidad respecto de la serie de medidas que se han tomado para enfrentar la dolorosa realidad de muchos niños vulnerables y, además, excedía sus atribuciones".

Así, insistió en que "la Cámara de Diputados no es un tribunal de justicia, por lo tanto, el gobierno también es llamado a cuidar y resguardar el normal funcionamiento de nuestras instituciones".

Otro de los encargados de intentar convencer a los diputados de la Nueva Mayoría el martes fue el titular de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, quien asistió al almuerzo de la bancada del PPD. El secretario de Estado dijo la noche del miércoles, en una entrevista en CNN, que "yo les hice ver a los diputados del PPD y del PC cuál era la postura del gobierno respecto de los distintos análisis y acusaciones que se hacen en ese informe: les dijimos que había una cantidad de cosas que no compartíamos".

Consultado sobre si efectivamente ejerció presión para que los diputados que habían aprobado el informe en la comisión cambiaran su postura, Eyzaguirre señaló: "Qué es lo que es presionar.

Dar a conocer un punto de vista forma parte de un mínimo acto de justicia, habida cuenta de que (el informe) es un conjunto de opiniones de diputados, donde muchas se refieren al gobierno. Yo tengo todo el derecho como gobierno a dar nuestro punto de vista".