La trama Odebrecht y su ramificación por América Latina

En los últimos años, Odebrecht ha sido la mayor empresa constructora de América Latina. Sus más de 100 grandes obras de infraestructura han estado presentes en 27 países de la región y hasta 2014 la empresa -con 128.000 empleados- tenía ingresos brutos de US$ 40.000 millones.

Eso, hasta que la firma brasileña se convirtió en blanco de cuestionamientos tras el comienzo de la operación judicial Lava Jato, que investiga desde 2013, en Brasil, la amplia red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. La investigación reveló los contratos que la petrolera tenía con la empresa constructora desde los años 50. Su presidente, Marcelo Odebrecht, fue condenado a comienzos de 2016 a 19 años de cárcel por pagar más de US$ 30 millones en sobornos a funcionarios de Petrobras a cambio de contratos e influencia.

Pero Odebrecht no sólo pagó sobornos en Brasil. La empresa diseñó un sofisticado sistema de coimas para adjudicarse licitaciones en toda la región.

Luego de que el presidente de la constructora y 77 empleados de alto rango de Odebrecht negociaran acuerdos con la justicia brasileña y con la estadounidense (donde también se abrió una investigación) para reducir sus condenas, los secretos de la mayor trama de corrupción en la historia de América Latina salieron a la luz y los escándalos de corrupción salpicaron a políticos de distintos sectores y colores. La empresa pagó nada menos que US$ 788 millones en coimas a lo largo de América Latina.

Sólo en Brasil, la empresa constructora desembolsó US$ 349 millones en sobornos a partidos políticos y funcionarios extranjeros.

En Argentina, el caso Odebrecht había estado más bien relacionado con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015). Durante los años en que ambos estuvieron en el poder, la empresa brasileña aportó a intermediarios en Buenos Aires US$ 35 millones, para conseguir contratos por US$ 278 millones.

Sin embargo, el escándalo también está alcanzando al actual Ejecutivo de Mauricio Macri. El jefe de espionaje transandino Gustavo Arribas tuvo que declarar ante la justicia por transferencias de casi US$ 600.000 recibidas en 2013 por la persona que usualmente pagaba los sobornos de Odebrecht en ese país.

Los escándalos de corrupción que involucran a la compañía brasileña han dejado estragos en la política peruana. En diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la compañía brasileña reconoció haber realizado sobornos por US$ 29 millones a funcionarios peruanos para ganar las licitaciones de distintas obras públicas entre 2005 y 2014.

El último ex Presidente en verse afectado por esta tormenta es Ollanta Humala (2011-2016), cuya campaña presidencial de 2011 habría recibido de la constructora US$ 3 millones. También el ex Presidente Alejandro Toledo (2001-2006) está siendo investigado por haber supuestamente recibido sobornos de Odebrecht para favorecer a esa empresa en la licitación de la construcción de la carretera Interoceánica Sur, que une a Perú con Brasil. Toledo habría recibido US$ 20 millones. También el ex mandatario Alan García (2006-2011) ha sido involucrado en este caso y tres de sus ex funcionarios ya han sido apresados.

En Colombia, en un período entre 2009 y 2014, Odebrecht efectuó pagos por más de US$ 11 millones para asegurar contratos de obras públicas. La empresa tuvo beneficios por más de US$ 50 millones en este país. Incluso, el Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, fue involucrado en el escándalo. El 14 de enero, el ex senador del Partido Liberal, Otto Bula, fue detenido, acusado de recibir una comisión de US$ 4,6 millones para favorecer a Odebrecht en la concesión de una carretera.

La fiscalía colombiana aseguró que, según Bula, al menos US$ 1 millón en sobornos "habría" ido a parar a la campaña presidencial de Santos en 2014. Sin embargo, pocos días después el ex senador desmintió esa información.

En Venezuela, el monto de los sobornos a distintos intermediarios que habrían tenido acceso directo a compañías públicas alcanzaría los US$ 98 millones. El escándalo también salpicó a Ecuador. Entre 2007 y 2016, Odebrecht estuvo involucrada en pagos por US$ 33,5 millones a funcionarios gubernamentales del gobierno de Rafael Correa.