Lo que se juega la gratuidad en la elección presidencial de noviembre

Faltan seis meses para las elecciones y los candidatos presidenciales ya han comenzado a explicitar sus programas y hojas de ruta. En ellas, uno de los principales temas es la educación. Y hay un punto específico que los candidatos deberán abordar: la gratuidad, ya sea para continuar con su expansión o para dejarla tal como quedará para el presupuesto 2018; es decir, hasta el sexto decil.

El beneficio implementado por la Presidenta Michelle Bachelet en 2016 tiene un futuro incierto, especialmente porque la ayuda sigue en una glosa presupuestaria y aún no se aprueba la reforma a la educación superior, donde está estipulado cómo se alcanzará la gratuidad universal.

Algunos presidenciables ya han dicho que no continuarán con la gratuidad universal. Uno de ellos es el candidato de RN y la UDI, Sebastián Piñera. De acuerdo con Sylvia Eyzaguirre, coordinadora de su equipo de educación, la posición del ex presidente es que la gratuidad "mantenga una cobertura similar a la que tiene hoy. Para el resto de los estudiantes habrá un nuevo sistema de financiamiento solidario, justo y no discriminatorio, que permitirá elegir la carrera entre todas las instituciones acreditadas".

Los recursos para financiar este nuevo sistema, explicó Eyzaguirre, "serán fiscales y estarán administrados por el Estado, dejando fuera a los bancos. Esto asegura a los jóvenes la posibilidad de estudiar donde ellos elijan, sin quedar con una mochila de deudas imposible de costear".

Otro candidato de Chile Vamos, Felipe Kast, señaló que "en lugar de una infinanciable y regresiva gratuidad universal, proponemos un esquema de crédito solidario". Esta ayuda, explicó el diputado, estaría destinada a los alumnos provenientes de familias correspondientes al 50% de menores ingresos de la población. "Las becas de excelencia y créditos serán para todos los estudiantes, sin discriminar entre instituciones acreditadas. Esto implica que perfeccionaremos el actual Crédito con Aval del Estado", dijo Kast. Agregó que "para apuntar a un sistema realmente solidario, incluiremos aquí la posibilidad de adicionar fondos de mantención para estudiantes de menores ingresos".

Hay otros, también en Chile Vamos, que piensan distinto. Uno de ellos es Manuel José Ossandón, quien va como independiente.

Según el actual senador, el beneficio no se implementó exitosamente, por estar en la glosa presupuestaria. Sin embargo, cree que se debe seguir avanzando, y en esa línea sostuvo que primero se debe "formalizar (...) Debe ser una política de Estado y además hay que revisar cuáles son las restricciones que se les están imponiendo a las instituciones, de tal forma de no afectarlas y garantizar su participación en la política de gratuidad".

Respecto de cómo se podría avanzar, Ossandón señaló que se debe hacer "en la medida que el país vuelva a crecer y genere las condiciones para financiar la educación".

Desde el Frente Amplio, Beatriz Sánchez sostuvo que es necesario tener una reforma de fondo para la educación superior "y no solo una glosa presupuestaria. La Nueva Mayoría ha ido lento y erráticamente, en especial en esta última reforma. Si bien saben que no es un bien de consumo, no tienen la convicción de que la educación es un completo derecho social".

En cuanto a la gratuidad universal, Sánchez señaló que "entendemos la gratuidad como el financiamiento de instituciones. Por eso, creemos que una mejor forma de realizarla es mediante instituciones, a través de una ley que asegure una reforma que eleve la calidad y cambie el sentido al sistema, recuperando el rol de los planteles del Estado e incorporando requisitos de pertinencia y comunidad para las instituciones privadas".

En tanto, Alberto Mayol, también del Frente Amplio, señaló que la gratuidad que ahora se implementó "no existe en ninguna parte del mundo, es una gratuidad con subsidio a la demanda y eso no tiene sentido. En todas partes se hace con subsidio a la oferta". Para el sociólogo, el sistema actual es muy caro y además ineficiente, lo que estaría desarticulando a las instituciones universitarias, las que en vez de colaborar, compiten entre ellas por los fondos requeridos. Mayol remarcó que "la gratuidad universal es esencial para un país democrático, pero requiere de una reforma institucional, no de un mero traslado de fondos".