Los testimonios de Echeverría: "Pagaron mi silencio"

El 20 de enero de 2017, el general Flavio Echeverría se sentó delante del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, dispuesto a mentir. Estaba allí en calidad de testigo y no tenía que hacer más que explicar cómo funcionaba la repartición que dirigía al interior de Carabineros. "Por mí pasan los consejos financieros relacionados con el presupuesto institucional", se lee en la primera de sus tres declaraciones, a las cuales tuvo acceso Reportajes. Luego dijo que dentro de la Dirección de Finanzas estaba todo reglamentado, que cada acto era revisado por diversas instancias y que la Contraloría incluso había realizado varias observaciones solicitando el reintegro de algunos fondos entre 2015 y 2016.

"Quiero agregar que yo realizo un acto administrativo todos los años a los cuatro departamentos, reviso los recursos humanos, materiales y estado de las instalaciones e inventario", añadió.

Al fiscal Campos le interesaba comprender cómo dentro de la unidad de Echeverría no se habían descubierto antes los depósitos por un total de $ 300 millones en remuneraciones a la cuenta corriente de un oficial de Punta Arenas, el capitán Felipe Avila, una operación que fue detectada solo por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y luego informada a los bancos involucrados. Echeverría apuntó al mal funcionamiento del software calculador de remuneraciones e insistió en que el problema había sido solucionado por uno de sus subalternos, el coronel Héctor Nail, y que los fondos habían sido devueltos a las arcas de Carabineros.

"Ese procedimiento reglado del reintegro consiste en que se comunica al funcionario que debe reintegrar tanta cantidad de plata, ese proceso se hace en la pagadora. Ahí se hace la comunicación, abajo sale una nota que dice, entre otras cosas, 'se le comunica que percibió indebidamente una asignación o beneficio y que debe realizar el acto administrativo correspondiente', por lo tanto, esa persona sabe que debe pagar esa plata. El funcionario podría quedarse callado, pero alguien lo debe llamar", dijo el general.

En ese primer encuentro con el fiscal, Echeverría omitió que él mismo había recibido millones en asignaciones indebidas durante años. Prefirió callar, pues nadie lo había llamado hasta entonces. Sin embargo, luego de avanzar en su investigación, el fiscal Campos se daría cuenta de sus mentiras, solicitaría su prisión preventiva y finalmente lo forzaría a entregar un segundo testimonio, en el cual Echeverría confesaría su culpabilidad y entregaría información inesperada.

La segunda vez que se sentó delante del fiscal Campos, el 24 de marzo de 2017, Flavio Echeverría ya no era general de Carabineros, estaba en calidad de imputado y en prisión preventiva. Había sido pasado a retiro por el general director, Bruno Villalobos, y detenido apenas unos días después. "Deseo aclarar algunas cosas y en otras aportar", comenzó diciendo. "Efectivamente, reconozco que el 20 de enero declaré ante el fiscal, pero omití información que ahora quiero aportar".

Con esas palabras comienza la confesión de Echeverría -el primero en el grupo de los identificados como líderes de la malversación que comenzó a colaborar con la fiscalía- respecto de las operaciones fraudulentas que él denomina "salidas informales de fondos". Estas comenzaron en 2008, cuando trabajaba en el Departamento III de Tesorería y Remuneraciones de Carabineros y fue invitado a participar de este núcleo cerrado de personas por el coronel Arnoldo Riveros. "A partir del año 2008 comencé a recibir 'recursos' en mi cuenta corriente del Banco de Chile, la cual tengo hace más de 15 años. Dichos recursos, lamentablemente, no los supe controlar", declaró Echeverría. "(Riveros) me dijo que había unos depósitos para mis gastos personales. Esos dineros que fueron por alrededor de $ 30 millones, los invertí y los gasté. En ese año yo tenía como remuneración líquida alrededor de $ 2.300.000 (...). Yo no le conté a nadie y, como dije, me quedaba con todos los montos que me depositaban", agregó.

Para el ex oficial de la policía uniformada, los integrantes más antiguos de la denominada "Mafia de la Intendencia" quisieron corromperlo para que este no amenazara el funcionamiento de su esquema defraudatorio. "Con ese depósito, ellos pagaron mi silencio, ya que ellos sabían que el año siguiente yo me iba a Contraloría. Yo cuando controlaba tenía la fama de ser 'pesado' y detallista, pero ahora para el proceso informal pasaba a ser 'un aliado'", manifestó Echeverría.

Al año siguiente, en 2009, el entonces coronel pasó al Departamento de Contraloría en Carabineros. Dentro de su equipo tenía al mayor Pedro Valenzuela, quien se transformaría en uno de sus más cercanos colaboradores con el paso de los años. Por entonces era el encargado de supervisar a Remuneraciones, aunque históricamente lo había hecho con Tesorería. El fiscal Campos le consultó a Echeverría si Valenzuela tenía algún rol en el ocultamiento del fraude: "En cuanto a un déficit, sinceramente no sé cómo se maquillaba, el presupuesto era flexible, por lo que si faltaba se pedía, este era una bolsa, se reasignaban recursos de otras partes".

Echeverría reconoció que en 2009 los depósitos totales subieron a $ 60 millones, entregados parceladamente de a $ 20 millones. Con ese dinero fresco realizó dos inversiones inmobiliarias en un edificio de calle Miguel Claro por un total cercano a los $ 100 millones y se compró un Jeep Grand Cherokee que utilizaba hasta antes de ingresar a la cárcel.

"En el año 2010, también recibí depósitos en mi cuenta corriente, también por unas sumas alrededor de $ 60 a $ 70 millones aproximadamente, también en forma parcelada. Aparecían en mi cuenta con una frase cliché de 'remuneraciones', 'pagos varios' o 'pagos nómina'. Tampoco devolví a nadie esos depósitos, me los quede en un 100%. Los invertía en fondos mutuos, en BanChile y los demás siempre ahí", siguió relatando el ex oficial.

Como líder de la unidad contralora de Carabineros, Echeverría asegura haber presenciado otras irregularidades ocurridas ese año, después del terremoto del 27/F. Según su versión, se le pagaron servicios de salud a ex funcionarios de la institución como si todavía estuvieran activos. "Debo agregar que dentro de ese grupo estaban familiares de algunos generales en períodos anteriores, entre otros, la esposa del general (Eduardo) Gordon y la esposa del general (Eduardo) Vera. Acá se hacían pagos sin acto administrativo", indicó.

Otra situación que le llamaba la atención eran los pagos que recibían algunos abogados que representaban a funcionarios, como Mauricio Unda (representante de varios uniformados acusados de violaciones a los DD.HH.). "A ellos se les pagaba íntegramente y ellos, a su vez, distribuían entre sus representados", señaló.

Hacia fines de 2010, Echeverría fue trasladado nuevamente, esta vez al Departamento de Tesorería y Remuneraciones, donde asumió como jefe. Al año siguiente volvió a recibir cerca de $ 60 millones en depósitos directos, a los que se sumaron transferencias de varios funcionarios de la Intendencia, como el "mayor Ponce", el capitán Randy Maldonado, el coronel Renato Sarabia, el coronel Arturo Rojas Henríquez y el comandante Pedro Valenzuela. "En total, por depósitos durante ese año debo haber recibido la suma de $ 220 millones aproximadamente. A fines de ese año, me ascienden a general", relató el ex oficial.

Tras cuatro años de desfalco a la institución, Echeverría asegura haberse cansado de la trama. A comienzos de 2012 recibió un par de depósitos por $ 6 millones cada uno, que a la postre serían los últimos. Así completaría un total de $ 420 millones en dinero defraudado.

"Durante el año 2011 y 2012, en mi calidad de jefe de Tesorería y Remuneraciones tomé la determinación de cortar con estos procesos anormales, pero nunca denuncié, ya que formaba parte de la misma y dispuse del traslado del personal que trabajaba en ella".

En esta nueva posición nombró a Pedro Valenzuela como su jefe de gabinete. Según Echeverría, no conversaban del tema de los dineros recibidos y simplemente esperaban que "pasara el tiempo".

"Lo único que deseábamos era que pasara el tiempo, nada más", señala.

En los años posteriores, el nuevo general realizó cambios de dotación en varios departamentos de la Dirección de Finanzas. En ese movimiento ascendió el coronel Jaime Paz, quien continuaría con las operaciones fraudulentas a la luz de la investigación del Ministerio Público y pese a las instrucciones que Echeverría asegura haber entregado para cerrar "el sistema de reparto".

"Nunca lo dimensioné"

En las últimas páginas de su segunda declaración, Flavio Echeverría cuenta los pormenores de la caída de la máquina defraudatoria tras el descubrimiento de la UAF de los depósitos al capitán Avila. "En el mes de noviembre, directamente recibo una llamada de Alejandro Cobián, del BancoEstado, el cual me comenta de un depósito por un capitán de Punta Arenas. Yo dispongo que se averigüe de esto, llamo al comandante Nail y luego al coronel Paz, para que le diga a Nail que vea esa situación. Al día siguiente llega Nail y me indica que era error del calculador, el argumento de siempre. Dispongo que se proceda por Avila a la devolución", reveló el ex oficial.

En los meses que siguieron, Echeverría recibió información del general Gonzalo Blu, jefe de Inteligencia, respecto de dos capitanes más (Estrada y Collao) con operaciones similares a las de Avila por $ 164 y $ 99 millones, respectivamente. Según esta versión, en enero de 2016, Echeverría le entregó a Blu los $ 60 millones en efectivo que le correspondían a su repartición por concepto de gastos reservados, cuando éste le advirtió de movimientos sospechosos en la cuenta corriente del coronel Paz. Este último negó cualquier irregularidad y aseguró haber recibido $ 11 millones por la venta de una moto.

La recuperación de los recursos irregularmente obtenidos por Avila, Estrada y Collao se prolongó hasta noviembre de 2016, bordeando los $ 540 millones. "Estas devoluciones no se efectuaron de acuerdo al acto administrativo (...). Con esto deduje que el proceso anormal seguía funcionando", confesó Echeverría.

Durante estos meses, el ex jefe de la Dirección de Finanzas asegura no haber conversado el tema con el general director, Bruno Villalobos, pero asume que este sabía lo que estaba ocurriendo. Esta versión ha sido rechazada innumerables veces por la máxima autoridad de la institución, quien incluso fue acusado por el teniente coronel (R) Patricio Morales de conocer el desfalco desde que trabajaba como jefe de la Dipolcar.

"Yo creo que el general Blu y el general (Julio) Pineda -Dirección de Personal- también sabían de otros nombres, por eso no hablé con el general director. La información le llegaba más rápido por Dipolcar (Inteligencia)", añadió Echeverría.

Al final de su segundo testimonio, el fiscal Campos le preguntó al imputado si había dimensionado la magnitud del fraude, que se estima alcanza los $ 20 mil millones. Su respuesta fue ingenua:

"Los gastos reservados tienen un destino diverso al de la ley"

Cuando el fiscal Campos ya no tenía más preguntas para Echeverría, este comenzó a entregar nuevos antecedentes sobre el uso de gastos reservados en Carabineros. Como jefe de Finanzas, a Echeverría le correspondía el reparto de fondos en moneda nacional y en divisas. El monto distribuido en pesos chilenos alcanzaba los $ 600 millones: la mitad del dinero se entrega a la Dirección General de Inteligencia (Dipolcar), el 40% a los generales de la institución y el 10% se destina a "gastos varios". En tanto, el dinero extranjero corresponde a US$ 90 mil anuales, sin distribución fija, destinado a pagar gastos de viajes al exterior.

Según Echeverría, el problema principal está en el rubro "varios", que se entrega en moneda nacional: "Se ocupan para comprar regalos de cumpleaños para los señores generales y sus cónyuges, como también para Navidad y, además, para los generales que se van a retiro. Se compran relojes para el matrimonio, por lo tanto, el aporte que yo recibo de los $ 450 mil está dentro de los $ 240 millones que se distribuyen para los señores generales. Lo que quiero decir, que se da un destino diverso al de la ley. La realidad es que los $ 600 millones por concepto de gastos reservados tienen un objeto legal distinto al comentario que le señalé en la pregunta anterior. Por cuanto dicho monto, en total, debería ser gestionado a la labor de Inteligencia a nivel nacional".

Estas revelaciones abrieron una nueva arista en el caso, que ahora es investigada por la fiscal Macarena Cañas, de la Fiscalía Centro Norte. Esta semana, Echeverría y el ex coronel Jaime Paz declararon en calidad de imputados, confirmaron la información entregada al equipo del fiscal Campos y aportaron mayores antecedentes sobre los desvíos de estos recursos. A diferencia de los primeros interrogatorios por el delito de malversación, ambos ex oficiales mencionaron que el actual general director, Bruno Villalobos, tenía conocimiento de lo que el alto mando hacía con los gastos reservados.

Para acompañar su tercera declaración frente al fiscal Campos, el 24 de abril de 2017, Echeverría llevó varias planillas con los montos repartidos entre el cuerpo de generales por concepto de gastos reservados. Su objetivo era ahondar en este tema y aportar nuevos antecedentes respecto de otras conductas irregulares que vio durante su paso por la policía uniformada, aunque respecto de muchas de ellas el testimonio se vuelve más vago, ya que reconoce haberse enterado solo de oídas.

En las planillas aportadas figuran los nombres de los últimos cuatro generales directores de Carabineros: Bruno Villalobos, Gustavo González Jure, Eduardo Gordon y el fallecido Alejandro Bernales. También aparece la ex subsecretaria Javiera Blanco y el general Iván Whipple, antecesor de Echeverría en la Dirección de Finanzas. "Cuando asumí el cargo heredé las directrices de continuar con la distribución de gastos reservados de parte del general Whipple, él me pasó la lista", declaró Echeverría.

Otro de los nombres en los que se detiene el ex general es el de Hugo Zúñiga, ex funcionario de la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda en gobiernos de la Concertación, quien habría usado su influencia para abultar los presupuestos de Carabineros a cambio de pagos de honorarios con fondos de gastos reservados. "El coronel Fernando Pérez Barría me presentó en su oficina a Hugo Zúñiga, en esa oportunidad me quedé conversando con él y se acordó que yo mensualmente continuaría realizándole la entrega de su pago en un sobre con la suma de $ 500 mil aproximadamente, por concepto de sus servicios de asesorías", señaló el general (R).

El testimonio continúa con el relato de cómo se mejoraba el saldo inicial de caja cada año frente a Dipres. "Zúñiga recibía los antecedentes y nos sindicaba cómo teníamos que defenderlo y plantearlo", indicó Echeverría, quien agrega que Zúñiga también "conocía perfectamente a las otras instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden".

Esta semana, la fiscalía pidió al 7° Juzgado de Garantía de Santiago alzar el secreto bancario a una veintena de ex oficiales. Se trata de la arremetida contra el grupo anterior a los actuales oficiales presos de Intendencia. La diligencia busca poder congelar sus bienes, además de realizar un análisis patrimonial de quienes -según varias declaraciones con las que cuenta el fiscal Campos- también habrían participado de las irregularidades indagadas.

En ese grupo destaca el general (R) Julio Pizarro Konga, ex jefe de Finanzas. Según la tercera declaración de Echeverría, "ese grupo era muy cerrado", y ya en 2002 se comentaba en la Dirección de Finanzas que sus patrimonios personales aumentaron considerablemente en los tiempos del mando del general Julio Pizarro".

Haciendo alusión a lo que también se comentaba, el imputado habla sobre el ex general director de Carabineros Alberto Cienfuegos y supuestas anomalías relacionadas a su persona. Echeverría declaró que un tratamiento médico de la esposa de la máxima autoridad de Carabineros de esa época habría sido cancelado con recursos fiscales a través de un traspaso desde el Departamento I Presupuestos y Finanzas al Hospital de Carabineros. "Además, se comentaba que el matrimonio del hijo del general director Alberto Cienfuegos habría sido pagado con recursos del Departamento Relaciones Públicas de Carabineros, con apoyo del Departamento I de Finanzas", y sostiene que incluso "el personal de garzones que atendieron el evento fueron carabineros alumnos que dependían del grupo de formación de Carabineros", sostuvo.

Todo esto, según el general (R), eran comentarios de la época, por lo que en este caso no entrega antecedentes por escrito, sino más bien sostiene que el personal de Bienestar y Finanzas de esa época puede reportar mayores antecedentes. Misma situación habría sido respecto de la construcción de una casa en una parcela comprada por Cienfuegos que -denuncia Echeverría- habría sido financiada con recursos públicos y con piedras sacadas de la cantera del Fundo Guayacán, administrado por la institución castrense.