N. Mayoría acusa al gobierno de represión a manifestantes en conflicto con minera Los Pelambres

El miércoles, dirigentes de la Nueva Mayoría se comunicaron telefónicamente con Robinson Pérez, principal asesor del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.

Entre otros, los jefes de las bancadas de diputados de la DC, Matías Walker, y del PS, Marcelo Schilling, buscaban advertir al gobierno de la agudización de un conflicto que se prolonga desde hace varias semanas entre habitantes de la Región de Coquimbo y la minera Los Pelambres, de propiedad del grupo Luksic, por el uso del agua (ver nota en página 17). Y pidieron una reunión entre Peñailillo y los manifestantes para solucionar la situación.

La cita se llevó a cabo ayer, pero sin la presencia del jefe de gabinete. En su reemplazo asistió el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, junto a parlamentarios de la zona. Antes hubo otro encuentro con el director de Carabineros, Gustavo González. Asistentes dicen que existió un compromiso para replegar a las Fuerzas Especiales que se encuentran en el lugar e iniciar una mesa de diálogo, aunque advierten que aún no hay garantías.

El conflicto es con los habitantes de Salamanca -en el valle del Choapa- y Caimanes, una localidad de la comuna de Los Vilos. Y el reclamo de los pobladores es porque la compañía utiliza el agua del río Choapa y, además, porque crearon un tranque de relaves mineros que desvía el curso fluvial, disminuyendo el flujo para los habitantes. Esto, junto con el riesgo de contaminación de las aguas.

En este contexto, desde la Nueva Mayoría iniciaron, públicamente, una fuerte ofensiva contra el gobierno por la situación: legisladores de la zona y dirigentes a nivel nacional cuestionaron el rol que ha jugado La Moneda y acusaron "represión" en la zona. Esto, mediante el envío de miembros de Fuerzas Especiales de Carabineros a controlar a los manifestantes. Los efectivos se enfrentaron a los pobladores -que tienen al menos tres caminos cortados con barricadas-, dejando a siete personas heridas con balines de goma, uno de ellos sufrió la pérdida de un ojo.

Rol del gobierno

"El Partido Comunista rechaza medidas represivas y de fuerza destinadas a amedrentar y agredir a las y los ciudadanos de Caimanes (...). Deben salir las fuerzas policiales y cesar la represión", se lee en una declaración emitida ayer por la colectividad que lidera Guillermo Teillier.

Desde el PPD, la senadora Adriana Muñoz dijo que "es tremendamente inquietante y doloroso el uso de la represión en la magnitud y condiciones en que se ha hecho, para reprimir a comunidades que reclaman un elemento tan imprescindible como el agua". Y agregó: "Queremos ver la energía del Estado administrando este recurso vital para la vida humana en función del bien común y no reprimiendo a las comunidades".

Desde el PS, el diputado Luis Lemus calificó la situación como "gravísima" y manifestó que "el gobierno no entendió el conflicto y se fue,  equivocadamente, por la línea del orden y la represión". El parlamentario insistió en el llamado al ministro Peñailillo a retirar a los refuerzos policiales de la zona: "Le pido al ministro del Interior que termine con esto. Lo siento por la gente de nuestra zona que ha apoyado a nuestra Presidenta".

En la misma línea, el diputado Walker dijo que "el gobierno ha manejado mal esto", junto con señalar que "es una provocación la presencia de centenares de efectivos policiales".

Los días previos

El miércoles, cuando ya se había producido un fuerte enfrentamiento entre Carabineros y los manifestantes, legisladores oficialistas desplegaron una serie de gestiones en el Congreso, en Valparaíso.

Así, se produjeron dos reuniones entre parlamentarios de la zona, miembros de la comisión de Minería de la Cámara, y dirigentes de los manifestantes.

Entre otros, estuvieron presentes la senadora Muñoz, su par PS Alfonso de Urresti, y los diputados Walker, Lemus, Marco Antonio Núñez (PPD), Jorge Insunza (PPD) y Daniel Melo (PS).

La idea era lograr que el gobierno retirara a las Fuerzas Especiales, para después concretar una reunión con el Ejecutivo y crear una mesa de trabajo que permitiera solucionar el asunto. Todo esto, ante la preocupación instalada en la Nueva Mayoría por los efectos que pudiera tener este caso.

Fuentes de la Nueva Mayoría dicen que el gobierno no se anticipó a los hechos. Y agregan que desde La Moneda tampoco tomaron la iniciativa por dialogar con los pobladores o, al menos, con los legisladores de la zona.

En paralelo, acusan a la intendenta de Coquimbo, Hanne Utreras (PPD), de no intentar gestionar una solución ni advertir a tiempo de la escalada del conflicto.

De hecho, son varios en el oficialismo, incluso al interior de su propio partido, los que han pedido a La Moneda que se le pida la renuncia a la jefa regional, una situación que viene arrastrándose desde hace varios meses.

El inicio de la mesa de diálogo podría producirse este sábado.