Un presidente independiente: la condición que SQM no pudo aceptar

Dos líneas tipeadas en la última página y ubicadas en el último párrafo de la propuesta de la Corfo fueron las causantes de que el lunes pasado la entidad estatal y SQM no sellaran el acuerdo que terminaba con la larga disputa generada por los contratos de arrendamiento del Salar de Atacama.

"El presidente del directorio de la compañía deberá ser un director independiente que no tendrá voto dirimente hasta el año 2030", se lee en la última página del documento, lo que implicaría la salida de Eugenio Ponce, hermano de Julio, de la presidencia de SQM, abriendo el espacio para que asuma Gerardo Jofré, actual director independiente y vicepresidente de la compañía.

El escueto texto redactado por Corfo ponía en la mesa un tema que, aseguran fuentes que participaron de las conversaciones, nunca se discutió formalmente en la negociación que se creó en abril de este año y que fue motivada luego de la petición formal de Corfo de volver a negociar, luego del fallido intento del año 2015. Pero el tema sí lo había puesto en la prensa Eduardo Bitran, vicepresidente de Corfo, quien en todas sus intervenciones indicaba que la única exigencia relevante para lograr un acuerdo con SQM es que Julio Ponce pierda su poder en la minera.

La duda sobre esa exigencia, por parte de SQM, incluso se conversó con Corfo días previos a la reunión de conciliación, que inicialmente estaba pactada para el lunes 2 de octubre. El jueves 28 de septiembre Nicolás Luco, abogado de la minera, se reunió con el fiscal de Corfo, Pablo Lagos, y los abogados de la estatal, Alejandro Reyes e Ignacio Vargas, donde le pide "sincerar los términos de la negociación por parte de Corfo", porque si los dichos de Bitran eran reales, "la negociación finalizaba".

El resguardo de Bitran en las conversaciones donde estaba presente Héctor Humeres era máxima, pues la experiencia anterior del árbitro con Corfo y con SQM no había sido exitosa, por eso para reanudar el diálogo, el abogado de la Universidad de Chile había esclarecido que esta nueva ventana de conversación "no tuviera nombre ni apellido" y pidió que esta no se convirtiera en una pelea entre Eduardo Bitran y Julio Ponce.

Por eso la sorpresa la tarde del lunes pasado. Las palabras de los representantes de la Corfo al momento de leer la última exigencia de la estatal para lograr una conciliación rompieron el ambiente colaborativo que había reinado en los seis meses previos.

En ese tiempo las conversaciones se concentraron en los gestos que podía hacer SQM para darle más valor al proyecto vinculado con la extracción de litio en el norte del país y también las medidas que se tenían que adoptar en la firma para restablecer las confianzas con la Corfo.

Por eso los mayores debates en las conversaciones se habían centrado en mejorar el gobierno corporativo de SQM Salar, filial de SQM y propietaria de las pertenencias ubicadas en el Salar de Atacama y, por ende, contraparte de Corfo en el contrato por el uso de los terrenos para extraer el litio.

"No se llegó a un acuerdo porque la Corfo pidió cambios en el gobierno corporativo de SQM. Era un solo cambio que técnicamente estaba relacionado con que el director independiente sea el presidente de la compañía y no tenga un voto dirimente. Eso fue todo", explica una fuente que conoce los detalles del acuerdo.

El ánimo para lograr un acuerdo se sentía en todas las citas que habían periódicamente durante abril y agosto de este año. Por eso cuando se comenzó a diseñar el nuevo gobierno corporativo de SQM Salar, la compañía no dudó en poner en la mesas las mejores prácticas recogidas de la Ocde, cuentan conocedores de las negociaciones.

Pero las exigencias de Corfo no demoraron en llegar. La petición del organismo era que la compañía filial de SQM tuviera un directorio compuesto por cinco integrantes, donde dos sean directores independientes. Actualmente, la mesa es presidida por Patricio de Solminihac, gerente general de SQM, e integrada por Ricardo Ramos, Daniel Jiménez, Carlos Díaz y Juan Carlos Barrera, todos altos ejecutivos de la compañía.

También se pactó la creación de la figura de un auditor externo que tuviera acceso a toda la información financiera y comercial de SQM Salar, personaje que además estaría dentro de la compañía de forma permanente. Junto a esto, se acordó que la estatal pudiera nombrar, además, a un representante que en cualquier momento podía llegar a la compañía y revisar lo que quisiera. "En lo relacionado con el gobierno corporativo se llegó a un acuerdo completo. En ese punto no hubo ninguna discrepancia", señala un actor que estuvo en las conversaciones de las partes.

Y así se llegó a septiembre, donde todos los martes y jueves el equipo jurídico de SQM y Corfo se reunieron desde la mañana hasta el mediodía. Las citas se realizaban en Apoquindo 3669, en las oficinas de Vargas, Orchard, Reyes, Del Valle & Asociado y a ellas llegaba Nicolás Luco, abogado de SQM, y también el fiscal de Corfo, Pablo Lagos, entre otros personajes.

En las reuniones, solicitadas por Héctor Humeres al ver que los puntos centrales de un potencial acuerdo ya estaban zanjados, se comenzaron a definir y redactar los 30 puntos que contendría la nueva propuesta que sería visada en la reunión de conciliación.

En el documento estaba plasmado el aumento de cuota que Corfo le daría a SQM, con el fin de elevar el ritmo productivo de la compañía con miras a utilizar el salar de Atacama hasta la fecha del término del contrato de arrendamiento, establecido para el 31 de diciembre de 2030, y no 2022, plazo que se ha indicado como el máximo debido al ritmo de extracción de litio metálico aprobado por la Cámara Chilena de Energía Nuclear (Cchen), equivalente a 180.100 toneladas, cerca de 950.000 toneladas de carbonato de litio. "Era una muy buena cuota y que implicaba - y eso se establecía como obligación en el contrato - construir dos nuevas plantas", relata un conocedor de las propuestas pactadas.

De hecho, el documento consideraba que en torno al año 2025 y con apoyo de Corfo, la compañía hiciera un nuevo estudio de impacto ambiental enfocado a las opciones adicionales de explotación del salar de Atacama mirando hacia 2050. "Si bien el acuerdo no contemplaba una ampliación de la concesión, sí consideraba que la empresa quedara lista para seguir operando desde el año 2030 en adelante", explica la fuente.

La gran interrogante que también se conversó fue qué pasaría con las inversiones que realice SQM si ella no se ganaba nuevamente la concesión cuando Corfo llamase a licitación el 2030 y lo que se pactó fue que la estatal ejerciera un poder de compra sobre las inversiones que la minera no metálica no alcance a recuperar. La fórmula contemplaba que el "put" de Corfo se estableciera según el valor libro de los activos, que en este caso sería el valor en plata de los recursos que desembolsaron, más lo que no se alcanzó a recuperar en el período, indicaría la propuesta.

También se acordó una mejora del royalty que paga la minera por los derechos de extracción del mineral, que incluso, indica un ejecutivo que conoce el sector, sería mejor a la tasa pactada entre Albemarle y Corfo. El punto es bien técnico, pero establece un incentivo para que en Chile se pueda procesar hidróxido de litio, proceso que le da un mayor valor agregado al mineral. "En el contrato de Albermarle conviene más explotar en Chile el carbonato de litio y trasladarlo a Canadá para procesar el hidróxido. Este es un desincentivo total para procesar acá el mineral, y eso fue cambiado en este acuerdo", explica un ejecutivo del sector.

En el ámbito social y de comunidades también había avances. Uno de ellos fue establecer un monto específico destinado a investigación y desarrollo. Además, se conversó que la comunidad tuviera por contrato un beneficio de las ventas, siguiendo el ejemplo del 3,5% de las ventas anuales pactado en el acuerdo inédito convenido entre Albermarle y la comunidad de Atacama en el marco del nuevo contrato establecido con Corfo a inicios de este año. En este caso, explican las fuentes, aún no se pactaba el porcentaje.

En relación a las rentas adeudadas, que fueron las que gatillaron el conflicto entre Corfo y SQM, en 2013, se actualizaron las cifras y el valor a cancelar pasó de US$ 17 millones a cerca de US$ 30 millones.

"La propuesta era tremendamente atractiva para SQM, por eso no se entiende que por una persona que tiene el 32% de las acciones, bloquee todo el trabajo realizado y perjudique a cerca del 70% de los accionistas ", reflexiona un cercano al organismo estatal.

La respuesta de Patricio de Solminihac y de Nicolás Luco la tarde del lunes pasado fue clara, ellos eran la administración y no podían decidir por las acciones de Julio Ponce, explica un espectador de lo sucedido en la Cámara de Comercio. Añade que esa tarde "todos se agarraban la cabeza" ante la negativa.

Pero aún queda un espacio para reactivar las conversaciones entre la compañía y Corfo, indica un cercano a la entidad estatal.

Este miércoles 25 se reunirá el directorio de SQM, en Las Condes, y será la oportunidad para que los directores se manifiesten respecto del rechazo de una propuesta "que le genera valor a la compañía y que incluso duplica su capacidad de producción mirando hacia el 2030", dice un asesor del organismo estatal.

El directorio de la minera está al tanto de los detalles que contiene el pacto que no se firmó el lunes pasado. De hecho, una de las últimas sesiones del directorio se utilizó para explicar los puntos que se estaban conversando con Corfo. "Ellos están informados y es más, aprobaron que las conversaciones con la estatal se siguieran discutiendo en la misma línea", indica una fuente.

En la discusión de este miércoles el que podría tener un rol más relevante en las conversaciones del directorio podría ser Gerardo Jofré, director independiente, actual vicepresidente, que podría ser el hombre que Corfo estaría buscando para reemplazar a Eugenio Ponce en la presidencia de SQM. Formalmente aun se desconoce el parecer de la mesa de la minera y la empresa formalmente sólo ha indicado que "mantiene su disposición a llegar a un acuerdo con Corfo que permita generar valor para ambas partes y el país".

Asimismo, tras ese directorio podrían generarse movimientos de parte de los otros accionistas de SQM. Potash tiene el 32%, pero hay otros inversionistas como fondos de inversión, retail y quienes invierten a través de ADR's, los cuales congregan el 21,17% de la propiedad.

Fuentes cercanas al proceso comentan que no sería descartable que tras ese directorio se generen presiones de parte de los minoritarios hacia el controlador. Por eso aún quedan capítulos en esta historia.