Secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia: "Ningún niño en Chile debiera ser reprimido por manifestar su opinión"

Recién llegada de Ginebra, donde expuso ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, María Estela Ortiz reflexiona sobre las vulneraciones que sufren los niños chilenos, en forma transversal y más allá del ámbito de acción del caso Sename, y cómo desde el Consejo Nacional de la Infancia se trabaja para restituir y garantizar dichos derechos. Tres años y medio ha pasado desde su designación presidencial como secretaria ejecutiva del entonces recién creado Consejo Nacional de la Infancia, una de las 56 primeras medidas comprometidas. En el camino, la muerte de Lissette puso en evidencia la crisis interna más grave del sistema de protección de la infancia, revelando la incapacidad del Estado para cautelar la protección de los niños institucionalizados, los más vulnerados del país. Al mismo tiempo, el gobierno se propuso contar con un Sistema Integral de Garantías de Derechos de la Niñez, para asegurar la protección de todos los menores, sin distinción, convirtiéndolos en sujetos de derechos.

¿Cuál es la vulneración más frecuente que sufren los niños y niñas a lo largo de Chile?

Lo más frecuente es no ser vistos ni considerados en nada; están totalmente invisibilizados en todos los espacios por la sociedad, en lo cotidiano. Eso produce un daño enorme y es un tipo de violencia de la cual no nos hacemos cargo. El ser invisibles les genera un sentimiento de abandono total, y si a eso le agregamos que el 72% de ellos dice haber sido agredidos por lo menos una vez al año, no es para nada un tema menor.

¿Cómo se hace cargo el Estado, garante de derechos, de los niños mapuches heridos en operativos ordenados por el propio Estado?

Y pasa no solo con los niños mapuches, también con los escolares en las protestas y que tienen todo el derecho a manifestar su opinión, según la Convención de Derechos del Niño. Nos hemos reunido con Carabineros y con Gendarmería para analizar esto, y en primer lugar ningún niño puede ser reprimido por manifestarse. Yo revisé los protocolos de Carabineros y están bien, el problema es cómo se aplican esos protocolos, y eso es algo que obviamente nos preocupa.

¿Qué ha cambiado desde el 11 de abril de 2016, el día en que Lissette murió bajo protección del Sename?

Ninguna muerte de un niño es algo que nos deje indiferentes, esperaría que eso se manifestara en poder ponernos de acuerdo para que hechos así no vuelvan a ocurrir. He escuchado a los candidatos plantear este tema, y espero que de verdad eso no se acabe el día de las elecciones, el 19 de noviembre, y que los niños sigan estando en la agenda pública.

Han pasado dos años desde el ingreso del proyecto de ley que garantizará los derechos de los niños al Congreso. ¿Por qué la demora?

Es una consulta recurrente y utilizada políticamente, porque este tipo de leyes han demorado más de 10 años, como en España, pues son parte de una discusión valórica compleja, para que en adelante sean considerados sujetos de derecho. Es un cambio de paradigma de cómo toda la sociedad se relaciona con los niños, y en ese sentido hay mucha discusión.., y está bien que así sea, porque se ha hecho en forma amplia para llegar a un consenso.

¿Y cuál sería el periodo prudente para zanjar estos proyectos que harán efectivas esas garantías?

En relación al que crea el Defensor de la Niñez, la discusión ya está realizada y debiera salir a la brevedad del Congreso; el que crea la Subsecretaría de la Niñez debiera salir de aquí a diciembre, y la ley que crea la nueva Subsecretaria de la Niñez debería quedar promulgada antes de que termine este gobierno.

Mientras eso se discute en el Congreso, ¿qué medidas evitarán otros casos como el de Lissette?

Aquí ha habido una decisión política del Ejecutivo a través de Justicia y del Sename de enfrentar el tema transparentemente, por lo tanto, el que se entreguen todos los antecedentes a la fiscalía que está investigando ya es importante. Y por otro lado, hay una serie de medidas que se están tomando desde Salud, Educación y Desarrollo Social, a lo que se suma una auditoría de los recursos. No es totalmente suficiente, pero se ha avanzado en el Sename más de lo que se ha hecho en décadas.

¿Comparte la demanda de los organismos colaboradores de aumentar la subvención desde el Estado?

Ya escuchamos a la Presidenta Michelle Bachelet decir que en el presupuesto del próximo año se aumentarán en un 24% las subvenciones. Confiamos en que el Parlamento aprobará este presupuesto y que el futuro gobierno avanzará en dotar de una nueva institucionalidad y más recursos a los nuevos servicios especializados.

También se propone que una agencia externa e independiente fiscalice al Sename.

El actual proyecto del servicio de protección (nuevo Sename) tiene un mecanismo de supervisión y monitoreo interno con estándares más altos que fijará la futura Subsecretaría de la Niñez, y va a tener un observador autónomo que es el Defensor de la Niñez, que vigilará el cumplimiento de los DD.HH. al interior de los centros. Por lo tanto, el servicio no va a estar en el aire como está actualmente, sino que tendrá una institucionalidad sistémica que lo estará supervigilando.

¿Qué factibilidad existe de garantizar el acceso a la salud y educación de los niños que viven en hogares?

Eso está en un artículo textual del proyecto que crea el servicio de protección, ahí se habla del acceso prioritario no solo a estos dos temas, sino a otros ámbitos también, destacando la implementación de un nuevo programa de salud mental.