Sostenedores dan última lucha en el TC para cambiar proyecto de inclusión

Después de que los parlamentarios de la Alianza presentarán un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) tras la aprobación en enero del proyecto de inclusión, que termina con  el copago, la selección y el lucro del sistema educacional, ayer un grupo de organizaciones sociales y expertos asistieron a la primera sesión del organismo a presentar sus alegatos.

La promulgación de la ley ha quedado en suspenso a la espera del fallo del TC y en el que los ministros de la instancia deben pronunciarse con respecto a las normas jurídicas cuestionadas y que atentarían contra la Constitución. En este caso, se trata del derecho a la libertad de enseñanza y derecho a la propiedad, considerando que el proyecto prohíbe la selección y los arriendos, respectivamente.

En la audiencia pública, expusieron 12 organismos, cada uno por 10 minutos. Uno de ellos fue el director de Acción Educar, Raúl Figueroa, quien señaló que  "el Ejecutivo comete un error al considerar que este proyecto no atenta en contra de la libertad de enseñanza, toda vez que en la práctica prohíbe la creación de nuevos colegios subvencionados en prácticamente todo el territorio nacional. La esencia de la libertad de enseñanza es poder abrir establecimientos educacionales y  este proyecto, al quitarle la subvención escolar a los nuevos proyectos educativos, en la práctica, lo que hace es desconocer ese derecho".

A la audiencia pública asistieron también los representantes de colegios particulares  y subvencionados del país. El abogado que representó sus alegatos fue Eduardo Escalona: "Solicitamos que la libertad de enseñanza prime sobre la forma de organización jurídica que tienen, por consiguiente, apuntamos al requisito que se agrega en el artículo sexto de la ley de subvenciones que obliga a los sostenedores a ser propietarios o solo comodatarios del inmueble". El abogado agregó que también debe considerarse inconstitucional el artículo que "impide a sostenedores  a seguir arrendando el mismo establecimiento  en que funcionan, a pesar de que estén dispuestos a transformarse a sin fines de lucro (…) es inconstitucional porque se trata de una prohibición".

El representante de los colegios privados explicó que esto va contra la Constitución porque para "otro universo de sostenedores la solución ha sido regular las condiciones en las que van a poder arrendar".

El diputado de Revolución Democrática (RD), Giorgio Jackson, quien también se presentó ante el TC, respondió durante su intervención: "Los grupos de sostenedores, de quienes yo esperaba que plantearan temas relacionados a la selección o al proceso educativo, pero sin pudor se dedicaron a hablar de los arriendos a las personas sin fines de lucro,  del uso de los recursos por partes relacionadas y de la propiedad. Eso es lo que les importa a los sostenedores y es muy decidor. Hay un dicho popular que dice a confesión de parte relevo de pruebas".

Resolución

El TC tendrá hasta el 1 de abril para aceptar o rechazar la petición de los parlamentarios de la Alianza que busca declarar inconstitucional parte del proyecto.

Jackson llamó los jueces a validar la democracia: "Si el problema son los mecanismos y no el fondo (...) sería bueno  que el Tribunal propusiera alternativas más que censurar al órgano democrático como es el Congreso que ha legislado".

Consultado por la resolución, el ministro de la cartera, Nicolás Eyzaguirre señaló que "no podemos prejuzgar lo que el TC determine, para eso está, pero conforme a los estudios legales que nosotros hicimos durante la elaboración y tramitación del proyecto, todo está en regla y de acuerdo a la Constitución Política del Estado".

En la audiencia también participó el jefe de Educación General del Mineduc, Gonzalo Muñoz, quien defendió cada uno de los puntos del recién aprobado proyecto. "El proyecto de inclusión resuelve un conjunto de anomalías, el derecho de la educación  y libertad de elección, todos estos son fortalecidos con la ley y no al revés como hoy ocurre". Según la autoridad, hoy más del 50% de los recintos no cumple la ley y selecciona de primero a sexto básico.

Hoy los jueces del Tribunal continuarán con la vista de la causa oficial, en la cual estarán los abogados que requirieron el alegato y los representantes del Mineduc, que se espera sea liderado por Paulina Veloso.