Tomas de terrenos y ataques han afectado a 56 predios de las regiones VIII y IX este año

El agricultor René Urban representa una de las caras del conflicto mapuche: le han ocupado el fundo "La Romana" y "Montenegro", en Ercilla, un total de 65 veces, quemado siembras y propiedades, desde que aumentaron las escaramuzas. "Esto no va a parar", plantea, pues sólo en julio de este año sufrió 12 nuevas tomas.

Urban es parte del grupo de agricultores que han tenido ocupaciones ilegales desde que se reactivó la causa mapuche en 2001. Ello ha llevado a que la Sociedad de Fomento Agrícola de La Araucanía (Sofa) haya identificado a 52 predios en conflicto (42 de ellos con resguardo policial), a los que se suman otros cuatro en la misma condición en la VIII Región (ver recuadros).

Jorge Luchsinger también ha sido afectado por 22 ocupaciones del fundo Santa Margarita, en Vilcún. "Ultimamente he estado tranquilo", dice el empresario, quien además en 2008 sufrió la destrucción de su casa patronal, en la que vivía junto a su esposa y de un centro de eventos en 2002.

Entre los empresarios locales hay inquietud. "No sólo preocupa la cantidad de ataques, sino que la violencia, que ha sido mayor que en años anteriores", dice Gastón Caminondo, presidente de Sofa. En la región se investigan 23 denuncias por usurpación en el Ministerio Público este año. Sin embargo, el gremio agrícola dice que son 70 casos. "No todos los ataques se denuncian por temor de los agricultores", plantea Caminondo.

Jorge Saffirio, gobernador de Malleco, la zona más conflictiva, asegura que los predios afectados "cuentan con resguardo para tierras y personas, las que son desalojadas cuando lo piden los dueños.

ARAUCO
Aunque no existen tomas actualmente en el Biobío, ha habido incendios y robos de madera en los predios Labranza y La Playas de Forestal Mininco, en la provincia de Arauco. En tanto, Eduardo Campos y las cabañas de Juan Vargas Cariola están con resguardo policial, por  amenazas y ocupaciones temporales.

Además, ayer se decretó una medida de protección a la jueza de Cañete Carmen Seguel, quien sufrió amenazas por el traslado de miembros de la CAM a diversos penales.

La ministra secretaria general de Gobierno, Carolina Tohá, explicó ayer que se ha apoyado a comunidades de esas zonas a través de la entrega de tierras. "Vamos a pensar cómo perfeccionar el sistema de compras de tierras para generar una dinámica que impida que estos precios sigan subiendo", dijo. Los propietarios han negado que se realice especulación con los precios.