Tribunal revoca prisión preventiva de Pablo Wagner y lo deja con arresto domiciliario
El 8° Juzgado de Garantía dictaminó además arraigo nacional para el ex subsecretario de Minería. Vehículos de gendarmería ingresaron a anexo Capitán Yáber para trasladarlo a su residencia.
El Octavo Juzgado de Garantía revocó la prisión preventiva del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner y lo dejó con arresto domiciliario total y arraigo nacional.
El ex subsecretario de Mineria dejará en las próximas horas el anexo Capitán Yáber para trasladarse a su residencia.
La revisión de la medida cautelar ocurrió luego de que el miércoles el abogado de Wagner, Gonzalo Medina, presentara un escrito para abordar la prisión preventiva en que se encuentra desde el pasado 7 de marzo el ex funcionario del gobierno de Sebastián Piñera, quien fue imputado por delitos tributarios, cohecho y lavado de activos, en el marco del caso Penta.
Según la carpeta investigativa Wagner habría recibido una serie de pagos a través de Penta mientras desempeñaba cargos en el gobierno. Estos recursos habrían sido entregados a través de boletas emitidas por un tercero, que en este caso es su cuñada María Carolina de la Cerda.
El pasado miércoles el mismo tribunal revocó la prisión preventiva a Carlos Délano y Carlos Lavín, quienes se encuentran ahora en arresto domiciliario total.
NUEVO PAGO
El viernes pasado, cerca del mediodía, la defensa del ex subsecretario llegó hasta la Tesorería General de la República para efectuar un pago de $25.284.603 a nombre de su representado.
La transacción, realizada a través del Banco Santander, corresponde a impuestos a la renta comprendidos entre 2010 y 2014 adeudados por el ex funcionario de gobierno.
El pago del viernes es el segundo que realiza el ex subsecretario con el objetivo de restituir el perjuicio causado al Fisco. En enero, el ex militante UDI desembolsó $32.870.141, cifra obtenida de la querella que el Servicio de Impuestos Internos presentó en su contra ese mismo mes.
En este caso, según explican en su entorno, el monto surge de una auditoría tributaria externa, solicitada por su defensa, para calcular el daño fiscal.
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