El método de la acusación

Por Magdalena Vergara. Directora ejecutiva de Acción Educar

Mediante un documento de 148 páginas un grupo de diputados de oposición acusa constitucionalmente al ministro de Educación, Raúl Figueroa, pues a su juicio ha sido negligente y abandonó sus responsabilidades. Lo que ocurre en realidad, es que los parlamentarios están queriendo ganar por vía de este instrumento lo que no han logrado por la vía legislativa y hacen presente sus diferencias en la manera cómo se ha manejado esta pandemia.

Critican al ministro la falta de regulación, argumento que no llama la atención… Precisamente porque desde que comenzó la pandemia se han presentado más de 20 proyectos de ley -entre los que se repiten varios nombres de quienes firman la acusación- en los cuales se dejan ver las diferencias en la manera que se habrían hecho cargo de esta crisis sanitaria en educación. Por lo demás, solo unos pocos han seguido su tramitación.

En primer lugar, en opinión de los diputados en 2020 ninguna escuela debió haber regresado a clases presenciales, ni siquiera aquellas en Rapa Nui o en Aysén, donde el virus prácticamente no había afectado a las comunas, y en el caso de los jardines y salas cunas, solo podrían abrir si los demás niveles ya lo habían hecho dentro de su comuna, quedando la educación parvularia totalmente postergada.

El 2021 flexibilizaron su postura y, con una nueva iniciativa, buscaron que las escuelas solo pudieran abrir a partir de Fase 4. Si hubiese sido ley, hasta el día de hoy ningún niño podría haber vuelto a su escuela o jardín en la región Metropolitana; y solo 38 comunas del país cumplirían dicho requisito. Pero esto no es todo, en 2020 promovieron que todos los estudiantes pasaran de curso automáticamente y en un proyecto reciente plantean la necesidad de regular la labor y horarios de los docentes, sin tomar en consideración las diferencias de cada establecimiento, la manera en que se han organizado y planificado y la capacidad que tienen para poder tomar sus propias decisiones.

Las iniciativas de los parlamentarios dan cuenta de una mirada bastante diferente para enfrentar el tema. Mientras desde el Mineduc se ha planteado la flexibilidad, gradualidad y voluntariedad, atendiendo a la diversidad y condiciones de cada escuela; los diputados buscan normar de forma generalizada e imponer medidas para todos por igual: apertura, cómo se evalúa, cuántas horas de receso debe tener un docente, etc. Por ello, les resulta fácil criticar que el ministro se ha enmarcado en una “tozuda” campaña de retorno, pues no han sido capaces de entender la diversidad de las comunidades educativas y tampoco las condiciones sanitarias de cada territorio.

Por último, pareciera que se difiere también en la manera en que el Estado debe garantizar el derecho a la educación. El regreso a clases presenciales no es “un fin deseable” como describen los diputados en su documento, sino un deber para garantizar adecuadamente el derecho de los niños a la educación, pero también su integridad física y psíquica. Así, el afán del ministro por el retorno respondería adecuadamente a proteger los derechos de los niños, a hacerse cargo de las inequidades del hogar -las que no se resuelven con entregar computadores y conectividad-, a las graves consecuencias que la pandemia ha traído y que afectan su aprendizaje, desarrollo, salud mental y física.

En definitiva, la lectura del documento -que no resulta fácil con todos los adornos retóricos que desvían la atención del problema (en las 148 páginas hubo espacio suficiente para hacer una alusión al atentado de las Torres Gemelas)- queda claro que esto se trata de un juego de gallitos, en el que los diputados malamente hacen uso de una acusación constitucional para reprochar sus diferencias al ministro.