La realidad de los colegios particulares subvencionados

Por Tania Villarroel, directora de Estudios de Acción Educar

Una buena discusión se basa en datos actualizados. Sin embargo, el debate sobre cómo mejorar la calidad de la educación en Chile, y, en particular sobre el rol de los colegios particulares subvencionados, suele usar los mismos argumentos que se utilizaban antes de cambios tan profundos como los que estableció la Ley de Inclusión. Por esta razón, es relevante aportar cifras nuevas que clarifiquen la realidad de estos establecimientos.

Para comenzar hay que retroceder en el tiempo y recordar que los colegios particulares subvencionados nacieron prácticamente junto con Chile, puesto que desde el comienzo el Estado facilitó fondos para que privados educaran. Ya en 1920 el término “particular subvencionado” quedó consagrado en la Ley de Educación Primaria, que establecía una subvención para privados que quisieran administrar escuelas.

Un cambio radical en su regulación lo sufrieron en 2015, en que la Ley de Inclusión eliminó el lucro, el copago (paulatinamente) y la selección. Es decir, actualmente en estas escuelas, cuyo objeto único es educar, sus alumnos ingresan a través del algoritmo del Sistema de Acceso Escolar (SAE), y el 90% de ellos ya no tiene copago, es decir, es gratuito. Así lo reveló un estudio que realizamos desde Acción Educar en colaboración con la Coordinación de Colegios Particulares Subvencionados (CCPS) para mirar con lupa cuál es la realidad de casi el 55% de la matrícula escolar del país.

Por una parte, cabe clarificar que a estos establecimientos asisten niños, niñas y adolescentes que provienen de un sector de la población con características similares que aquellos que cursan sus estudios en establecimientos estatales. De hecho, en el caso de los colegios particulares subvencionados gratuitos tienen un 80,2% de estudiantes vulnerables mientras que los establecimientos estatales un 83,8%.

Al analizar la matrícula de aquellos alumnos con necesidades educativas especiales, los particulares subvencionados reciben a casi 170 mil estudiantes, lo que equivale al 91% de los inscritos; en el caso de los estatales la cifra desciende a 16 mil, lo que representa un 9%.

No obstante, sí existen diferencias a la hora de hablar sobre financiamiento. A pesar de que tanto los establecimientos particulares subvencionados como estatales comparten una matrícula similar en cuanto a dónde provienen sus estudiantes, esto no se refleja en los recursos que reciben por parte del Estado. Un alumno que asiste a un colegio particular subvencionado gratuito recibe $ 350.000 al año menos que su par de un establecimiento estatal. Esto implica que el Estado le niega recursos a estudiantes vulnerables solo por el hecho de elegir un colegio no estatal.

A raíz de lo anterior, llama la atención cuando el debate que se vive hoy por hoy aborda una realidad de la cual se dista mucho. Es más, muchas veces se utiliza el argumento de que eliminar la educación particular subvencionada fortalecería la educación estatal. No cabe duda que esta última requiere mejorar, pero eso no significa que para lograrlo la otra deba dejar de existir. Esto solo revela el desconocimiento sobre la normativa actual y el contexto tanto de estos establecimientos en general como de aquellas familias que eligen precisamente un colegio particular subvencionado para educar a sus hijos.

Uno esperaría que la discusión se enfocara en la calidad en el sentido de apoyar a aquellos colegios de bajo desempeño, independiente de su origen, y no levantar una campaña -la cual, por lo demás, revela un profundo desconocimiento y múltiples mitos- en contra de los establecimientos particulares subvencionados que día a día educan a la mayoría de los niños y niñas de nuestro país.