Planificar nuestra infraestructura

Por Carlos Cruz. Director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)

Uno de los anuncios del Presidente en su cuenta a la Nación fue el de una Plan Nacional de Infraestructura para los próximos cinco años que abarque obras de logística, infraestructura social, escuelas, hospitales, consultorios, ciudades, conectividad, agua, etc. Si bien este no es el horizonte óptimo para proyectos que, en general, tardan más de 10 años -entre que se conciben y comienzan a prestar servicios-, es un avance que aumentará el aporte de la infraestructura al proceso de desarrollo nacional e incrementará su productividad como sector.

Esto, en momentos en los que Chile nuevamente aparece perdiendo lugares en los rankings de competitividad mundial. El Informe Global del IMD (International Institute for Management Development) de Suiza señala que, entre los 63 países considerados, Chile ocupó el lugar número 45, retrocediendo dos lugares como consecuencia de la menor calificación de la “eficiencia del gobierno” y de la infraestructura.

Sabido es el impacto que tiene la infraestructura en el crecimiento. Tal como se sostiene en el Informe de Productividad de la Construcción, elaborado por la Comisión Nacional de Productividad el 2020, en economías avanzadas un aumento de esta inversión equivalente a un 1% del PIB, incrementa en 0,4% el PIB el mismo año y 1,5% luego de cuatro años. Estas elasticidades son menores en los países en desarrollo, bajando a 0,25% y de 0,5%, respectivamente. Nuestro desafío, entonces, es cómo aumentar la eficiencia de la inversión en infraestructura para que ésta pueda contribuir en plenitud al desarrollo nacional.

Para ese efecto, la CNP propone una serie de áreas a considerar. Un ejemplo es la falta de una metodología compartida para decidir la urgencia de proyectos y sus formas de financiamiento, ya sea recurriendo al presupuesto público o a mecanismos de asociación público privadas. También, sostiene la Comisión, que se requiere de una “planificación estratégica de largo plazo” que considere las complementariedades de los proyectos y sus efectos globales en los territorios, contrarrestando los incentivos recurrentes que imponen los ciclos políticos. Concluye que existen diferentes áreas críticas para el desarrollo de infraestructura asociadas a los procesos de planificación y priorización, al ciclo presupuestario, a la evaluación social de los proyectos y al diseño de los contratos.

Como CPI hemos insistido en la necesidad de acoger las recomendaciones de la CNP y comenzar a caminar en la dirección señalada. De hecho, una de nuestras principales recomendaciones institucionales (noviembre 2021) es la de contar con un Plan Nacional de Infraestructura, aunque con una mirada de largo plazo. En ese sentido, tal vez el anuncio hecho por el Presidente Boric sea un incentivo que nos invite a compartir criterios para levantar la mirada más allá de los cinco años, integrar diferentes disciplinas de la infraestructura, priorizar objetivos que nos interesen alcanzar como país y formalizar una cartera de proyectos que tenga la permanencia en el tiempo para su materialización. En medio de los desafíos sociales e institucionales que vivimos como país, no perder el norte en el sector de la infraestructura pareciera ser una necesidad. Existiendo el acuerdo para avanzar en esta dirección, solo faltaría la decisión de hacerlo.