40 horas: las propuestas de la mesa técnica anterior que reflotarán en la discusión del proyecto del gobierno

Uno de los proyectos que el gobierno y en especial el Ministerio del Trabajo quiere relevar, es la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Para avanzar en la iniciativa, se anunció la puesta en marcha de una mesa técnica con el objetivo de aunar distintas miradas sobre la propuesta.

Y si bien según lo señalado por el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, se tenía previsto comenzar a principios de mayo, lo cierto es que todavía no se inicia ese trabajo.

De acuerdo al gobierno, la idea de esta mesa técnica es poder escuchar la postura de los distintos actores como las pymes, grandes empresas, trabajadores y académicos.

Pero si de mesa técnica se trata, la administración de Sebastián Piñera también creó una instancia como esa cuando se discutió la iniciativa impulsada por la ahora ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, en 2019.

Esa instancia estuvo integrada por abogados laboralistas, economistas, exministros, académicos y exconsejeros del Banco Central. Así, la lista la integró el exdirector del Trabajo, Marcelo Albornoz; el exministro Osvaldo Andrade; los expresidentes del Banco Central, Vittorio Corbo, José De Gregorio y Rodrigo Vergara; y la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repetto, entre otros.

Entre las principales conclusiones que arrojó este trabajo y que se reflotarán en la discusión actual están la adaptabilidad laboral en la reducción de jornada, una gradualidad adecuada y el momento oportuno de su aplicación.

Uno de los temas que se recomendó aplicar y que ya está sobre la mesa en esta discusión es la implementación de la reducción de la jornada laboral con adaptabilidad laboral. En ese documento se propuso “establecer la duración de la jornada ordinaria de trabajo sobre la base de un sistema de promedio de 40 horas, calculado en un período de referencia mensual como régimen por defecto en el Código del Trabajo, como es el caso en la mayoría de los países OCDE”.

Asimismo, “el mantener los resguardos o límites aplicables a la duración y distribución de jornada de trabajo mensualizada, entre ellas, jornada ordinaria diaria máxima de 10 horas; máximo de 6 días de trabajo semanal, seguido de 1 día de descanso; medidas de fiscalización especiales”.

Y “el excluir de la rebaja de jornada de trabajo que se aplique, cualquiera fuere su extensión, a los trabajadores afectos a regímenes especiales de duración y distribución de la jornada de trabajo, entre ellos, contratos especiales, jornadas especiales, sistemas de trabajo por turnos y sistemas excepcionales de distribución de jornada de trabajo y descanso autorizados por la Dirección del Trabajo”.

Otro eje acordado fue que la entrada en vigencia de la rebaja de jornada de 45 a 40 horas promedio semanal debía aplicarse gradualmente, sin hacer distinciones en base al tamaño de la empresa, totalizando dicha rebaja en un plazo de 5 años.

En este punto se sugiere evaluar y revisar la aplicación de la reducción de jornada de trabajo de 45 a 40 horas promedio semanal a los trabajadores del sector público y regular la situación del personal contratado a honorarios en las municipalidades.

También se propuso desarrollar un plan de implementación de la aplicación de la rebaja a 40 horas semanales a cargo de la subsecretaria del Trabajo y de la Dirección del Trabajo con un foco en la información, capacitación y fiscalización.

Mientras el gobierno se decide a comenzar el llamado “trabajo técnico”, un grupo de diputados de oposición presentó un proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral a 39 horas semanales.

La moción impulsada por los RN Jorge y Enrique Durán, propone que las modificaciones de la jornada se apliquen a los doce meses desde la entrada en vigencia de la ley. No obstante, se precisa que “aquellas empresas cuyos ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro no excedan las 75.000 unidades de fomento en el último año calendario a la fecha de vigencia de esta ley, estarán facultadas para reducir la jornada ordinaria máxima semanal de forma gradual al inicio de doce meses desde la vigencia de la ley”. Esto apunta a beneficiar a las micro, pequeñas empresas.

Así, se comenzaría en cuarenta y tres horas semanales, y posteriormente disminuyendo una hora por año, hasta treinta y nueve horas semanales. Según lo descrito anteriormente, se utilizarían criterios homologables dentro del sector público en favor de la eliminación de las horas extras de manera progresiva.

De acuerdo al proyecto, “estas modificaciones no podrán ir en perjuicio de los trabajadores y trabajadoras, por este motivo no pueden existir disminuciones en sus remuneraciones actuales efecto de la modificación de la duración de la jornada laboral”.