A cinco años del 18-O: el choque de relatos que viene

Piezas audiovisuales, material gráfico y mensajes diseñados para ser difundidos por las redes sociales son parte de la estrategia que el Partido Republicano pretende llevar adelante durante las primeras semanas de octubre. Su objetivo es reforzar su particular mirada sobre lo ocurrido durante el estallido social de 2019 y, de paso, asociar a candidatos oficialistas a alcaldes y concejales a los partidos de gobierno y a sus principales figuras, con la violencia que se desató en el país cinco años atrás.

Aunque la bajada comunicacional de esas diversas piezas aún no está 100% afinada, señalan fuentes del Partido Republicano, el mensaje que se está elaborando se centrará en la violencia que se vivió a partir de la noche del 18 de octubre de 2019, cuando 18 estaciones de Metro fueron incendiadas, además de supermercados y edificios vandalizados, lo que provocó un radical giro a las protestas que hasta ese minuto y por varias jornadas habían protagonizado grupos de estudiantes en contra del alza de $ 30 en el pasaje de la locomoción colectiva.

El recuerdo de los cinco años del estallido social tendrá lugar a menos de 10 días de las elecciones de gobernadores, cores, alcaldes y concejales, fijadas para el 26 y 27 de octubre próximo, y cuyos resultados -según avizoran en todas las tiendas políticas- son claves con miras a la presidencial y parlamentaria de 2025.

Por lo mismo, señalan las mismas fuentes de republicanos, las piezas audiovisuales y gráficas buscarán sacar al pizarrón a los candidatos y personeros oficialistas, recordando frases en las que “avalaban la violencia” que se vivía en esos días.

La ofensiva comunicacional a cinco años del estallido, añaden en el PR, irá de la mano de acciones en el Congreso. En la bancada de diputados republicanos ya están preparando mociones de ley en el ámbito de la agenda de seguridad y orden público que apunten a reforzar las sanciones contra las manifestaciones callejeras violentas y dar más protección a Carabineros.

Desde la vereda opuesta, en los sectores políticos y movimientos sociales situados a la izquierda del gobierno de Gabriel Boric, el recuerdo de los cinco años del estallido social también será uno de los ejes centrales de la última fase de la campaña municipal de sus candidatos a alcaldes y concejales.

Hace dos semanas, las directivas de los partidos agrupados en la lista B -Pacto Ecologista Izquierda Popular, integrado, entre otros, por el Partido Igualdad, Movimiento del Socialismo Allendista, el Partido Humanista, junto a organizaciones sociales- definieron una “amplia agenda de actos conmemorativos” y “por la reivindicación de octubre”. “Sin duda, vamos a engarzar esa agenda de octubre con el trabajo y el despliegue de la campaña a nivel nacional de nuestros candidatos a alcaldes, concejales, gobernadores y cores”, señala el dirigente del Movimiento Socialismo Allendista, Esteban Silva, desde Caracas, donde la semana pasada asistió al Congreso mundial antifascista y anticolonialista, en cuya clausura el Presidente Nicolás Maduro hizo un homenaje a la figura de Salvador Allende.

“Estamos en una disputa con la derecha y con el gobierno que han sido incapaces de resolver las demandas sociales que siguen pendientes. Boric y compañía están completamente paralizados”, afirma Silva.

A casi un mes de que se cumplan cinco años del estallido social, en La Moneda y los partidos oficialistas no han definido aún cómo enfrentarán una fecha que divide a los chilenos y sobre la cual hay diferentes miradas. Sí está claro que -al igual que en 2023- no habrá actos oficiales. A diferencia de los sectores en ambos extremos del arco político, los que ya empezaron a elaborar su mirada sobre las causas y consecuencias del estallido social, fuentes de la Secom y algunos asesores del Segundo Piso de La Moneda aseguran que “el gobierno no tiene intenciones de intentar construir un relato sobre esos días”.

El tema ni siquiera ha sido discutido en las reuniones entre los partidos oficialistas y La Moneda, y algunos prefieren simplemente soslayarlo debido a las dudas sobre el impacto que este tema pueda tener en las elecciones. “No hay claridad de si el gobierno debe involucrarse o no en las reflexiones en torno a esa fecha. Por un lado, se enfrentaría a las recriminaciones de la derecha por el octubrismo, aun cuando esa sea una mala caricatura de lo que aconteció hace cinco años. Por otro lado, centrar el discurso en el recuerdo de los pendientes, de las demandas sociales insatisfechas, podría ser algo bueno para el gobierno. El debate de las pensiones, por ejemplo, debería estar enmarcado de esa forma”, afirma un dirigente del Socialismo Democrático, sector que, por lo demás, es enfático en señalar que “el estallido social no se conmemora”.

En el Frente Amplio tampoco han tomado una definición, algo que esperan hacer al retorno de las Fiestas Patrias. Algunos parlamentarios y representante del FA, sin embargo, manifiestan su interés porque el gobierno se involucre en el tema, aun cuando son conscientes de los riesgos que corren.

Hace sólo unos días, el exconvencional del FA y abogado constitucionalista Fernando Atria alertó sobre los esfuerzos que -según él- ha realizado un sector de la derecha por consolidar un relato sobre lo ocurrido cinco años atrás con el estallido social. Y el aparente éxito que han tenido en esa tarea.

“Lo que sí ha pasado y es bien extraordinario, es lo que hemos estado viendo en los últimos dos años, de un esfuerzo extraordinario de convencer a todos los chilenos de que las experiencias que tuvieron esos días de octubre eran falsas y deben tener otros recuerdos. Es decir, no tienen que recordar la experiencia que vivieron más de un millón de personas ese 25 de octubre, por ejemplo, de posibilidades que se abrían. No, no, no, eso no fue así, porque eso no fue un estallido social, sino que fue un estallido delictual y lo que tiene que recordar es el miedo que sentían de la violencia que azotó Chile durante más de un mes. Ese esfuerzo, de cambiar los recuerdos de los chilenos, me parece extraordinario y creo que en buena parte están teniendo éxito”, señaló Atria el 9 de septiembre pasado en CNN Radio.

Para Atria, el esfuerzo de “un sector que niega la existencia de demandas sociales pendientes” busca volver al Chile que existía hasta antes del estallido. “Pero lo que socialmente está ocurriendo, el hecho de que hubo un estallido social que tenía todas estas demandas (...), eso no ha cambiado en lo fundamental y es algo difícil de negar”, remarcó.

Según el Informe de Desarrollo Humano 2024 en Chile ¿Por qué nos cuesta cambiar?, elaborado por el PNUD, sólo el 21,4% de los encuestados considera que el estallido social tuvo consecuencias “más bien positivas para el país”, mientras que el 39,6% considera que estas son “más bien negativas”. Un 30% cree que las consecuencias fueron tanto positivas como negativas.

“Para nosotros es importante levantar un relato más cohesionado respecto de las causas y consecuencias del estallido social. Pero lo vemos difícil. Es cosa de ver la reacción que hubo al discurso del Presidente sobre el proyecto que modifica el CAE, aun cuando se dijo que no sería una condonación universal, hubo gente que criticó igual el que se plantee ahora y salieron a decir que se estaba descuidando la agenda de seguridad”, dice un diputado frenteamplista.

En el oficialismo, aseguran dirigentes de diversas tiendas políticas, hoy en día no hay grandes diferencias en torno a las causas del estallido. Eso implica que al menos algunos sectores del Frente Amplio han claudicado en sus acusaciones iniciales al rol que tuvieron los gobiernos de la ex Concertación durante el extenso periodo de la transición. Poco o nada queda, en ese sentido, de la crítica que hacía el FA en octubre del 2019 de que “no eran 30 pesos, sino 30 años”. En lo que sí aún hay diferencias -señalan personeros del Socialismo Democrático (PS-PPD-PL-PR)- es “sobre la forma en que se procesó el estallido y a los dichos de aquel momento”.

Según un asesor del gobierno, “el análisis de La Moneda es que todas las encuestas reflejan el hastío de la ciudadanía con la política en general y con la forma en que está actuando. Por eso, más que entrar en el debate sobre las causas del estallido, el gobierno se está centrando en sus realizaciones”.

Y añade: “No hay hasta ahora una planificación de qué hacer o decir frente al quinto aniversario del estallido. El gobierno está tratando de mostrar menos palabras y más acción, menos discurso y más terreno, además, de potenciar la figura presidencial, algo que se viene haciendo desde hace algún tiempo y que se reflejó en el ultimátum del Mandatario a Argentina por los paneles solares en Tierra del Fuego, las críticas al régimen de Maduro y en los esfuerzos que se están haciendo por conectar con los ciudadanos en función de lo que estos sienten y esperan del gobierno”.

En La Moneda dicen estar conscientes de que “hay sectores nostálgicos de lo que fue el estallido social, que hay sectores a la izquierda del gobierno que van a pretender hacer cosas y sectores de ultraderecha que van a buscar capitalizar el miedo a la violencia. Esa es parte de la realidad de Chile”.

Desde los partidos oficialistas admiten que no hay encuestas o estudios de opinión que midan los eventuales efectos que podría tener el debate sobre el estallido social en la elección municipal. Pero, al menos por intuición, la mayoría de los alcaldes que van a la reelección, particularmente aquellos que disputan comunas que fueron emblemáticas hace cinco años, hoy prefieren no hablar del tema.

“La campaña de Claudio Orrego a la Gobernación de Santiago está centrada en los temas de ciudad y no en las trincheras políticas”, señala un asesor del gobernador, quien va a la reelección con el apoyo del oficialismo. Respuestas similares entregaron desde los equipos de Irací Hassler (PC), quien busca un segundo periodo como alcaldesa de Santiago -comuna que fue epicentro del estallido- y del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA). Ninguno de ellos, remarcan sus asesores, está enfocado en estos momentos en la reflexión en torno a lo que fue el estallido.

Independiente de los afanes del oficialismo y los sectores políticos por enmarcar el discurso sobre el 18-O, no hay duda de que el tema se irá tomando parte de la agenda a partir de los primeros días de octubre.

Ya hay varias actividades académicas programadas para reflexionar al respecto. Una de ellas es el seminario fijado para los días 2 y 3 de octubre en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Debate académico que bajo el título “Volver a mirar(nos): a cinco años de octubre de 2019″ reflexionará en torno a cinco paneles: “La revuelta de octubre: ¿Violencia o movilizaciones?”, “Informes y recomendaciones de los organismos de derechos humanos”, un conversatorio a partir de la exhibición del documental “El que baila pasa”, “la búsqueda de justicia por las violaciones a los derechos humanos en el estallido social”; “Hacia la reparación integral de las víctimas de violaciones a los DD.HH.” y “Consecuencias políticas del estallido: fracasos constitucionales y contraestallido”, buscarán reflexionar en torno a los diversos temas relacionados con lo que ha estado viviendo el país en los últimos cinco años.

Otro foro académico es el que tiene previsto realizar el 4 de octubre el Instituto de Estudios de la Sociedad (IES) con el título “A cinco años de la crisis de octubre”, y que contará con dos paneles. El primero -Violencia, malestar e incertidumbre: tensiones sociales 2019-2024, en los que debatirán Josefina Araos, Kathya Araujo y Carlos Peña. El segundo panel -Vacío de poder, octubrismo y polarización: conflictos políticos 2019-2024- contará entre sus panelistas a Natalia González, Daniel Mansuy y Daniel Matamala.

Debates que se sumarán a las ofensivas de republicanos y de la izquierda por instalar sus relatos sobre el estallido en la recta final de la campaña municipal.