“Acá hay una serie de irregularidades”: Chile Vamos apunta a establecer “responsabilidades políticas” tras creación de comisión por fallida compra de casa de Allende

Diversas reacciones generó la decisión de la Sala de la Cámara de Diputados de aprobar –por 74 votos a favor- este lunes la creación de una comisión para investigar los actos del gobierno en relación con el fallido proceso de adquisición de la casa del expresidente Salvador Allende de calle Guardia Vieja, Providencia.

La instancia fue ampliamente respaldada por parlamentarios opositores además de representantes del Partido Por la Democracia (PPD) e integrantes de la bancada del Frente Amplio e Independientes.

El propósito de la referida comisión apunta a esclarecer los hechos ocurridos durante la transacción, que incluía como vendedoras a la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández (PS), y a la senadora Isabel Allende (PS), contraviniendo la Constitución que prohíbe a altos funcionarios, entre ellos parlamentarios y ministros, celebrar contratos con el Estado.

Además, se cuestiona el precio acordado, cercano a los mil millones de pesos, muy por encima del avalúo fiscal, lo que podría implicar un perjuicio para el patrimonio público.

Tras aprobarse el texto en la sala de la Cámara, la diputada Ximena Ossandón, jefa de bancada de RN, calificó que la instancia es “un hito en el rumbo que nos hemos trazado como Chile Vamos de traer transparencia en una operación que es abiertamente ilegal y contraria a la probidad”.

“No podemos solo centrarnos en la salida de la ministra Fernández y la senadora Allende. Acá hay una serie de irregularidades, y parece sospechoso que nadie de los equipos jurídicos haya salido de su cargo. Es como si hubiesen advertido, pero nadie en el gobierno decidió hacerles caso”, señaló.

En el mismo tenor, el diputado Gustavo Benavente, jefe de bancada de la UDI, enfatizó que “todo abogado y jurista serio, incluso exintegrantes del Tribunal Constitucional, han manifestado que se ha transgredido el artículo 37 bis y el 60 de la Constitución”.

“A través de esta comisión investigadora buscaremos también establecer si existen responsabilidades políticas respecto de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende”, precisó.

Los legisladores de oposición cuestionaron además a quienes no advirtieron de la presunta irregularidad que suponía la firma de la escritura, remarcando que “importa la transgresión de prohibiciones normativas del más alto rango y que buscan conservar principios cardinales del Estado democrático”

Del mismo modo, el jefe de bancada de Evópoli, diputado Jorge Guzmán, agregó que “la celebración del contrato de compraventa entre el Estado, la ministra Fernández y la senadora Allende, es a todas luces un ilícito constitucional que vulnera de forma expresa disposiciones que prohíben la celebración de contratos con el estado a ministros y senadores mientras esté en el ejercicio de sus cargos”.

“Por lo mismo, se hace urgente y necesario establecer las instancias que sean necesarias para conocer quienes fueron parte, ocultaron, omitieron o intencionadamente, buscaron vulnerar una norma de rango constitucional. Esperamos que la comisión investigadora aclare y establezca todas las responsabilidades existentes. Nunca podemos mirar para el lado los ilícitos, sea quien sea el o las responsables”, sostuvo.

Cabe señalar que en diciembre del año pasado el Ejecutivo dio a conocer que la propiedad de Guardia Vieja y la residencia del expresidente Patricio Aylwin serían adquiridas por el Estado para formar parte del patrimonio nacional, transformándose en casas-museo.

No obstante, el hecho de que la compra de la casa de Allende beneficie a la ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta del desaparecido gobernante y una de las dueñas de la propiedad, generó una serie de críticas y motivó la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval.

La ministra Fernández y la senadora e hija del expresidente, Isabel Allende, ambas del Partido Socialista, firmaron el contrato de compraventa, pese a la legislación que les prohíbe hacer negocios con el Estado.