Acuerdo en caso Penta reabre debate para aumentar penas de cohecho

"El cohecho no puede quedar impune, porque atenta contra la democracia. Es necesario poner barreras claras, donde el cohecho debe ser castigado".

Con estas palabras, la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández (PS), reaccionó al acuerdo que cerró el Ministerio Público con los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, al que también se suma el exsubsecretario de Minería Pablo Wagner.

El caso emblemático, que destapó el financiamiento irregular de la política en el país, llegaría a su fin luego de que el fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, y la defensa de Penta llegaran a un acuerdo de salida alternativa al juicio oral y se optara por un procedimiento abreviado. Con esto, los controladores de Penta tendrán una condena de cuatro años de pena remitida y el exsubsecretario Wagner tendrá que cumplir dos años de pena remitida y tres años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Délano y Lavín estaban siendo investigados por el pago de 42 millones de pesos que realizaron entre marzo de 2010 y octubre de 2012 a Wagner, mientras este era funcionario público. Sin embargo, el acuerdo entre la fiscalía y la defensa descartó el delito de cohecho.

La resolución del Ministerio Público sorprendió a buena parte de los parlamentarios de la oposición, quienes manifestaron la necesidad de legislar para aumentar las penas de delito por cohecho, pues, afirman, en muchas ocasiones se ha optado por salidas alternativas ante este delito, debido a la baja condena que tiene. Actualmente, en Chile la pena de cohecho es de reclusión menor en su grado mínimo -que va desde los 541 días a tres años y un día privados de libertad, junto con la inhabilitación absoluta, temporal o perpetua del cargo y multas.

"Si el Ministerio Público toma esa determinación es porque la legislación lo permite, pero evidentemente en un caso tan bullado como este sorprende esta decisión después de lo mediático que fue el caso", señaló el jefe de bancada del PS, senador Rabindranath Quinteros, quien cree que buena parte de la decisión de los fiscales se debe a "aprovechamiento por la falta de legislación".

Por lo mismo, cree que "todo lo que sea y ayude a prevenir el cohecho, bienvenido sea, y si para eso es necesario aumentar las penas, que se haga".

En la misma línea, hoy el presidente de RN, Mario Desbordes, afirmó: "Tenemos que aumentar las penas en este tipo de delitos, no puede ser que este tipo de delitos terminen con penas bajas y haya personas humildes que por no tener un buen abogado son condenados a veces por hechos que, en mi opinión, son menos graves".

Desbordes, a su vez, señaló que existían demasiadas expectativas ante este caso, pues es la legislación la que permite este tipo de acuerdo.

En el Parlamento se ha discutido largamente sobre la necesidad de cambiar la ley para aumentar las penas por cohecho y soborno. En septiembre del 2016, el senador Felipe Harboe (PPD) presentó un proyecto en esa línea, el que fue aprobado por el Senado. "Estamos esperando que la Cámara de Diputados designe a los representantes en la comisión mixta. Después de eso, probablemente vamos a despachar el proyecto. Falta solo una sesión", dijo Harboe, quien, además, descartó que lo ocurrido con el caso Penta cambie el escenario del proyecto. "No legislo en función de casos particulares. No corresponde", dijo.

Por su parte, los exfuncionarios del Ministerio Público Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, exfiscales del caso Penta, cuestionaron la decisión de la entidad.

Gajardo señaló que la fiscalía se había transformado en "una liquidadora", mientras que Norambuena cuestionó el giro de Guerra, quien en entrevista en CNN había señalado que "nosotros no estamos dispuestos a aceptar un procedimiento abreviado en que ellos no acepten responsabilidad por el delito de cohecho. Si ellos no están dispuestos a aceptar responsabilidad y a no discutir la existencia del cohecho, nosotros no vamos a estar dispuestos a un procedimiento abreviado (…), por la relevancia de este delito más allá de la pena. En un tema intransable".

Por esta razón, el miembro del directorio de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, se mostró sorprendido por la decisión de Guerra y llamó al fiscal a explicar el acuerdo.

"Que Manuel Guerra explique por qué cambió de opinión en un delito tan sensible como el cohecho. El juicio oral es la intancia más transparente y completa que consagra nuestra legislación", señaló Uribe

La Fundación Ciudadano Inteligente, por medio del abogado querellante en el caso Penta, Mauricio Penta, calificó como "impresentable" que el fiscal Guerra haya desechado la imputación de cohecho. "No solo porque dijo reiteradamente que eso no iba a ocurrir, sino que, además, considerando que ese delito fue sostenido por la fiscalía de manera fundada y reiterada durante todo el proceso", señaló y apuntó que esta decisión apunta en contra la igualdad ante la ley", pues, a su juicio, los testigos a favor de los acusados fueron el Presidente de la República, Sebastián Piñera, y el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.