Acusación contra Tohá suma un nuevo fracaso en la oposición y desata recriminaciones

Todavía no se votaba la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, cuando en el Congreso los diputados de oposición recorrían el edificio haciendo sus últimas gestiones para lograr los votos a favor del libelo presentado por el Partido Republicano. En medio de la inquietud porque el contador estaba en contra estudiaron la posibilidad de inhabilitar al vicepresidente de la Cámara, Gaspar Rivas, asumiendo de que el voto del parlamentario sería favorable a la secretaria de Estado. Pero nadie le preguntó.

Los parlamentarios de oposición tenían la versión de que Rivas tenía un acuerdo de pareo con el diputado de la DC, Felipe Camaño, y al enterarse de que pretendía votar quisieron impedirlo. Pero lo cierto es que el pareo inscrito por la bancada democratacristiana era con Víctor Pino (Demócratas) y Rivas siempre estuvo decidido a apoyar la acusación.

La situación evidenció lo descoordinados que estaban los partidos de oposición para enfrentar el texto. Según acusan fuentes de la UDI y Renovación Nacional (RN), desde el Partido Republicano nunca hicieron el trabajo de monitorear los votos, algo que reconocen -dicen- en la colectividad de José Antonio Kast.

Así, para varios no fue una sorpresa que cerca de las dos de la tarde -después de tres horas de discusión- la Sala de la Cámara de Diputados decidiera rechazar el escrito ingresado por la bancada de republicanos contra la jefa de gabinete con 76 votos en contra, 67 a favor y 7 abstenciones. Entre los descolgados hubo parlamentarios de Evópoli, Demócratas y Amarillos.

El resultado pudo ser más estrecho pero unas sorpresas de último minuto cerraron por completo la nueva victoria del gobierno.

Una de esas fue la ausencia de la diputada Marta Bravo (UDI), quien si bien durante la mañana sí estuvo en el hemiciclo, al momento de votar y para el asombro de varios se encontraba fuera de la Sala, en su oficina en el edificio parlamentario. Ese voto tampoco era considerado por parte del gobierno.

El rechazo del libelo volvió a agitar los ánimos en la oposición, pues es la sexta vez que pierden una acusación contra un ministro de la actual administración. Al escrito contra Tohá se suman las ofensivas en contra la exministra de Interior, Izkia Siches; el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson; la exministra de Justicia, Marcela Ríos; el exministro de Educación, Marco Antonio Ávila; y el actual ministro de Vivienda, Carlos Montes.

Por lo mismo, teniendo en cuenta ese historial, las recriminaciones entre los partidos de derecha no tardaron en aparecer. Algunas, incluso antes de que se conociera el resultado.

“Cómo nos cambia la vida, muchachos: hace dos años y medio atrás nosotros estábamos en el gobierno y por los mismos argumentos que hoy día se están utilizando defendíamos férreamente a todos y cada uno de nuestros ministros e incluso dos veces al Presidente Sebastián Piñera”, criticó el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) en su intervención, quien agregó que “¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? ¿Hasta cuándo vamos a seguir degradando las instituciones? ¿Hasta cuándo vamos a volvernos revanchistas?”.

La declaración del parlamentario -quien desde un inicio se mostró en contra del libelo- puso otro ingrediente a la amarga mañana de la derecha. sus dichos indignaron a Chile Vamos y, en privado, algunos incluso empezaron a decir que era momento de evaluar la continuidad de Evópoli en la coalición.

La situación se tensó aún más tras el discurso del diputado republicano José Carlos Meza quien llegó hasta las lágrimas tras exponer la historia personal de su papá. Tras esto, acusó de “inmorales” a quienes rechazarían el libelo, lo que generó la reacción de la diputada Marisela Santibañez (Ind.)

Tras la votación, las reacciones fueron automáticas. “Una vez más, una mayoría circunstancial que se pone del lado del gobierno, mantuvo en su cargo a una ministra que es responsable, directamente responsable, por la crisis de inseguridad que se vive en las calles y por la crisis de descontrol migratorio”, apuntó el diputado y jefe de bancada de republicanos, Luis Fernando Sánchez.

Y agregó: “Serán ellos los que tengan que responder ante todos los chilenos por qué insisten en blindar a una ministra que ha hecho una gestión desastrosa”.

En esa línea, el líder del partido, José Antonio Kast, a través de su cuenta de X, apuntó a que “una mayoría circunstancial de Diputados eligió proteger a una ministra que ha sido incapaz de hacer la pega en materia de seguridad. Mientras no cambie el equipo a cargo, los resultados seguirán siendo los mismos. La gente está desesperada y el Gobierno no es capaz de entenderlo”.

“Lo que ocurrió hoy fue lamentable”, dijo el diputado y jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, quien también lamentó las ausencias de la derecha en el hemiciclo, entre ellos de los diputados de su partido, Joaquín Lavín y Bravo.

Los focos eso sí, se los llevó el Partido Republicano. En privado, en Chile Vamos apuntan directamente contra las formas de esa colectividad, pues se ha vuelto reiterativo que levanten acusaciones sin consultarlas con el resto de la oposición. Al respecto, Benavente aseguró a La Tercera que “las acusaciones hay que meditarlas más. El Partido Republicano la presentó, pero ni siquiera la socializó. Entonces ellos tienen que ya erradicar esa cultura de nicho que tienen”.

Fue en junio de 2022 cuando la oposición concretó su primera ofensiva contra el Gobierno. En esa ocasión, el Partido Republicano tomó la iniciativa e ingresó una acusación constitucional contra Izkia Siches, quien en ese entonces ejercía como ministra del Interior.

El texto preparado por la colectividad contenía 7 capítulos en los que se cuestionaban algunos puntos de la gestión de Siches, como el retiro de querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de los detenidos en el marco del estallido social y el fallido viaje a Temucuicui.

Lo cierto es que los argumentos descritos en el libelo no fueron suficientes. El texto finalmente, se cayó en la denominada cuestión previa, por 84 votos a favor, 57 en contra y dos abstenciones. Entre quienes se desmarcaron, había diputados del PDG, Evópoli, la UDI, RN e incluso republicanos.

Con esa fallida primera ofensiva, el 3 de enero de 2023 la segunda acusación fue contra Giorgio Jackson (FA), en ese minuto jefe de la cartera de Desarrollo Social.

En el escrito se le acusaba de subejecutar el presupuesto del ministerio en lo relativo al fondo de tierras y aguas indígenas; de “infringir gravemente la Constitución y las leyes al vulnerar el principio de probidad y la imparcialidad”; entre otros puntos.

La acusación, al igual que con Siches, se cayó en la cuestión previa por 68 votos a favor, 76 en contra y 6 abstenciones.

Unos días después de levantar el escrito contra Jackson, el 9 de enero Chile Vamos hizo lo propio contra la hoy exministra Marcela Ríos (FA). La acusación contra la titular de Justicia se dio en medio de la crisis por los indultos que -en diciembre de 2022- el gobierno otorgó a condenados en el marco del estallido.

A Ríos, en todo caso, también se le acusó una falta de control jerárquico, específicamente por el “otorgamiento de beneficios penitenciarios y traslados por parte de Gendarmería de Chile a ciertos presos de la Macrozona Sur”.

El libelo, finalmente fue rechazado por 84 votos en contra, 49 a favor y dos abstenciones, generando fuertes recriminaciones en la derecha, pues el Partido Republicano votó en contra del texto argumentando que Chile Vamos no los había apoyado en la anterior acusación a Siches.

Después vino el intento del Partido Social Cristiano (PSC) que acusó al entonces ministro de Educación, Marco Antonio Ávila (FA). Esto por el supuesto mal manejo de los recursos del ministerio, imponer una agenda sexual en el área educacional y los resultados del Simce de 2022.

En privado, desde un principio fuentes de la oposición sostenían que el libelo carecía de sustento jurídico y que, más que nada, detrás la ofensiva de los socialcristianos, estaba el interés de empezar a darse a conocer al interior del Congreso.

En ese contexto, la acusación contra el exministro fue rechazada por 78 votos en contra, 69 a favor y ninguna abstención. Fue una de sus derrotas más duras para el sector que no logró capitalizar que en ese entonces la administración de Boric se encontraba sorteando la crisis por el lío de platas entre fundaciones y reparticiones públicas.

En diciembre de 2023 se ingresó el quinto intento de acusación. Esta vez contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), por su eventual responsabilidad en los traspasos de dinero desde su ministerio a las fundaciones que están siendo investigadas en el caso.

La acusación, votada el 4 de enero de este año, no pasó la cuestión previa, alcanzando 79 votos a favor, 61 votos en contra de la oposición y una abstención.