Este sábado, las comisiones de Sistemas de Conocimiento y de Medio Ambiente de la Convención Constitucional desarrollaron sus sesiones 68 y 64, respectivamente. En ellas estaban en juego las votaciones en particular de temas relacionados con el mar, la minería y los libros, entre otros.

En la Comisión de Medio Ambiente y en lo referido al estatuto de la minería, se aprobó como artículo, con 14 votos a favor, cuatro en contra y ninguna abstención, que “el Estado y sus empresas podrán explotar por sí mismo las sustancias establecidas en el artículo primero. No serán objeto de autorizaciones administrativas las sustancias como el litio, los minerales no metálicos, los hidrocarburos líquidos, sólidos o gaseosos, aquellas sustancias situadas en áreas que la Constitución y la ley consideren de interés nacional, y las demás sustancias que determine la ley. Estas sustancias serán explotadas por las empresas del Estado. Las autorizaciones mineras se otorgarán de forma temporal, mediante un procedimiento transparente e informado a la ciudadanía, en los términos y condiciones que establezca la ley. Estas autorizaciones no otorgan propiedad. Será de competencia de un órgano administrativo la evaluación, otorgamiento, revisión, caducidad y extinción de las autorizaciones administrativas, así como el seguimiento del cumplimiento de las mismas. Las controversias que surjan de estas instancias darán derecho al afectado a reclamar ante los tribunales competentes”.

Sobre esta aprobación, el convencional independiente por ChileVamos, Bernardo Fontaine, uno de los cuatro que votó en contra, fue tajante: “Se dice que la minería es el sueldo de Chile. Estas normas son la mejor manera de bajarle el sueldo a Chile. Sepan todos los trabajadores y todos los que viven de actividades que se benefician de la minería que tendrían un futuro negro con la nueva Constitución, a menos que el pleno las rechace con fuerza”. Y se preguntó: “¿Cómo podrá Chile ser un polo de inversión minera con meras autorizaciones otorgadas administrativamente que no generan seguridad para invertir? ¿Cómo financiará el Estado derechos sociales sin minería?”.

Otra de las materias vistas esta jornada en Medio Ambiente fue el estatuto sobre minerales. Ahí por ejemplo, se aprobó conjuntamente a otras indicaciones sustitutivas, que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieren situados. La exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable y de interés intergeneracional”.

En cuanto a los deberes del Estado y las zonas excluidas de la actividad minera, al pleno llegará el siguiente artículo: “Quedarán excluidas de toda actividad minera aquellas zonas que se definan como áreas protegidas o que se rijan por estatutos especiales, como los glaciares, el permafrost, la Antártica, las turberas y pomponales, las zonas que dan origen al nacimiento de una cuenca hidrográfica, aquellas en que la actividad requiera el traslado forzoso de una población o pueblo, y otras que determine la Constitución y la ley”.

En cuanto al capítulo de “renacionalización del cobre y otros viene públicos estratégicos” y lo relativo al dominio público, se aprobó que “el Estado regulará los impactos y efectos sinérgicos generados en las distintas etapas de la actividad minera y su encadenamiento productivo, considerando, a lo menos, la capacidad de carga de los ecosistemas afectados, la disminución de emisiones, residuos y sus cuotas de extracción. Asimismo, asegurará la participación de las comunidades involucradas y el respeto a las disposiciones de ordenamiento territorial, en el procedimiento de autorización”.

Además, que “toda actividad minera debe restaurar la naturaleza en relación a los daños y pasivos ambientales, de acuerdo a los principios consagrados en esta Constitución y la ley. Esta responsabilidad alcanza todas las etapas de la actividad, incluyendo su cierre o paralización”.

De igual manera, dentro de las normas transitorias del dominio público minero y sobre la adaptación del nuevo régimen de concesión minera, fue aprobado con 14 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones, que “el Estado protegerá la pequeña minería y pirquineros, resguardando a quienes las realizan y facilitando el acceso al uso de las tecnologías necesarias para el ejercicio tradicional y sustentable de la actividad”.

En otro tópico, dentro del estatuto de energía, fue enviado al pleno que “toda persona tiene derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura. Es deber del Estado garantizar el acceso equitativo y no discriminatorio a la energía que permita a las personas satisfacer sus necesidades, asegurando la continuidad de los servicios energéticos. El Estado deberá planificar y fomentar una matriz energética distribuida, descentralizada y diversificada, basada en energías renovables y de bajas emisiones. La infraestructura energética es de interés público. El Estado fomentará las empresas cooperativas de energía y el autoconsumo, protegiendo a quienes las realizan y garantizará el acceso a los bienes necesarios para su actividad”.

Asimismo, dentro de otras aprobaciones, en el estatuto del territorio marítimo fue visado que “el Estado garantizará el acceso y uso al mar territorial, su fondo, las playas, aguas marítimas, los ecosistemas y especies acuáticas, protegiendo las prácticas de los pueblos indígenas, de las comunidades costeras locales y de la cultura de la pesca artesanal. El Estado protegerá los sitios de biodiversidad marina. Se prohíben las autorizaciones sobre especies acuáticas vulnerables o en peligro de extinción”.

En paralelo a la comisión de Medio Ambiente sesionó la de Sistemas de Conocimientos. Esta aprobó que “el Estado fomentará el acceso y goce de la lectura a través de planes, políticas públicas y programas. Asimismo, incentivará la creación y fortalecimiento de bibliotecas públicas y comunitarias. La ley dispondrá la creación de una editorial estatal. La producción y comercialización de libros en cualquier formato estará exenta del impuesto al valor agregado (IVA) en todas sus etapas”.

Asimismo, se visó que “el Estado distribuirá el financiamiento para la investigación, creación, producción, difusión y exhibición de las expresiones culturales y artísticas de forma descentralizada con los enfoques de equidad e interculturalidad”.

Pero no fue lo único, toda vez que relativo a casas de estudios de educación superior, se aprobó que las instituciones del Estado de esa índole “tienen el rol de contribuir al desarrollo de los sistemas de conocimientos de forma descentralizada a través de la docencia, la investigación y la vinculación bidireccional con el medio. Es deber del Estado garantizar, reconocer y proteger tanto la libertad de cátedra y académica, sin distinción alguna”.

En la misma línea, llegará al pleno que “el Estado garantiza la educación artística y su promoción en distintos espacios, comunitarios o culturales, de acuerdo a los principios de diversidad y pertinencia territorial”.

Ahora las propuestas aprobadas llegarán al pleno, tras una jornada que en todo caso hasta la publicación de esta nota aún no terminaba.