Alcaldes electos de Huechuraba, Independencia y Macul se hacen test de drogas y llaman a otras autoridades a realizarlo

Los alcaldes electos Max Luksic, de Huechuraba, junto a Agustín Iglesias, de Independencia, y Eduardo Espinoza, de Macul, se sometieron a un test de detección de consumo de drogas, e hicieron un llamado a que autoridades de distintas instituciones y entidades lo realicen.

El objetivo de la acción es demostrar que están en contra de las drogas y del narcotráfico. Por ello, decidieron realizarse el test y posteriormente transparentar sus resultados.

El alcalde electo de Macul, Eduardo Espinoza, expresó que “se puede con voluntad, así que como siempre digo yo, manos limpias, pero también hay que dar una muestra en el sentido de que estamos contra las drogas, estamos contra lo que no se debe hacer y hay que dar el paso”.

Mientras que Agustín Iglesias afirmó que uno de los principales problemas en Chile es el consumo de droga, y sostuvo que el tráfico existe “gracias a quienes consumen”.

“Quienes consumen droga también son responsables del círculo de muerte, de conflicto problemático que afecta a la ciudadanía en Chile, y demostrar que no se consume también es una demostración de que no hay ningún compromiso con el narcotráfico en Chile”, añadió.

Por su parte, el alcalde electo de Huechuraba explicó que “la razón de estar acá es por la transparencia y por recuperar la confianza, y eso también un poco lo dijo acá el alcalde Iglesias, lo que también dijo el alcalde Espinoza, de poder trabajar juntos y que al final haya transparencia y retomar eso en la confianza”.

“Y esto es poder demostrar que ni una ley o alguien nos está diciendo que tenemos que hacerlo, que hacerlo propiamente, dado que hoy día somos líderes, digamos, de nuestras comunas, de las personas que nos votaron, y esperan que estemos en lo mejor de nosotros para poder darles las mejores decisiones. Y para eso necesitamos estar muy sanos nosotros especialmente”, planteó Max Luksic.

Asimismo, hicieron un llamado a sus pares electos, también a parlamentarios y autoridades de gobierno a que se sometan al test de drogas. Espinoza realizó el llamado invitando a “todos los parlamentarios, yo sé que no es obligación, pero creo que un acto también ético y moral de poder hacerlo”.

En la misma temática, el 27 de noviembre el Congreso Nacional despachó la Ley de Presupuesto 2025 con una polémica moción presentada por el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, en la cual se obliga al Presidente y sus secretarios de Estado a someterse a un test de drogas de forma semestral.

“El Presidente de la República, sus ministros de Estado y subsecretarios deberán someterse semestralmente a un control de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales”, se lee en la observación.

Desde La Moneda, se mostraron en desacuerdo, y su molestia fue manifestada en el Congreso por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien advirtió que enviarán ley para regular el tema.

También, su par de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, se mostró en contra indicando que “si se va a regular por ley, debe hacerse con una ley de carácter permanente, no a través de una glosa presupuestaria que es ambigua y carece de detalles sobre su implementación”.

En julio de 2022 se publicó en el diario oficial el reglamento sobre control de consumo de drogas en diputadas y diputados quienes por esta normativa tendrían que someterse semestralmente a un test de detección de “sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales” y será exclusivamente el examen de pelo.

Según indica el reglamento “el procedimiento de control comprenderá a todas las diputadas y los diputados, sin excepción, de manera aleatoria y semestral, mediante un sorteo que asegure que durante el período legislativo deba realizarse, al menos, dos veces el control respectivo”.

Dicho control no estuvo exento de polémicas y rechazo, el último de ellos, fue con las diputadas oficialistas, Ana María Gazmuri, Marisela Santibáñez, Marcela Riquelme, Lorena Fries y Clara Sagardia, quienes habían presentado un escrito ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra del test de droga obligatorio que se aplica en la Cámara de Diputados, el cual fue rechazado.

En concreto, las parlamentarias reclamaban que el test vulneraba sus derechos fundamentales, como la integridad física y psíquica de las personas o el respeto y protección de la vida privada.

Tras su rechazo, las diputadas oficialistas decidieron dar un nuevo paso y recurrir a la Corte Suprema.