“Estos errores no forzados, o estas ‘desprolijidades’ no pueden volver a suceder, porque hacen perder el control de la agenda”.

La frase de la timonel PPD, Natalia Piergentili a la salida del comité político dio cuenta del sentir compartido de la reunión de este lunes en La Moneda: no hubo matices entre los partidos de la alianza de gobierno en reconocer que los errores en torno a los indultos presidenciales habían sido graves. Eso sí, y a pesar de la presión de la oposición, ningún representante pidió echar pie atrás en la decisión y el gobierno se encargó de transmitir expresamente que no es una opción que evalúen.

La cita, presidida -excepcionalmente- por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se extendió por más de dos horas. Y apenas comenzaba, una declaración de la vocera Camila Vallejo volvió a revolver la jornada, en un nuevo episodio de la trama de los indultos. La intervención de Vallejo, diseñada para contener la crisis, tuvo el efecto contrario.

“Si el Presidente hubiera tenido todos los antecedentes a la vista, la situación hubiese sido distinta”, afirmó la ministra.

De forma casi transversal, distintos sectores políticos advirtieron que tal declaración abría distintos efectos jurídicos -como la necesidad de abrir sumarios- y políticos, como el refuerzo de una acusación en contra de la recién renunciada ministra de Justicia, Marcela Ríos.

Al interior de la reunión, varios dirigentes hicieron ver a Vallejo que sus declaraciones abrían un nuevo flanco comunicacional difícil de cerrar.

La vocera -aseguran- justificó que sus palabras estaban fuera de contexto y que no se había comprendido a qué se refería. Aunque casi cuatro horas después de su vocería, debió aclarar sus dichos: “A lo que me refiero es que, evidentemente, si las cosas hubieran ocurrido de una manera distinta, la situación hubiese sido distinta. Ya no tendríamos una ministra de Justicia y un jefe de gabinete renunciado. Lo importante es que en lo administrativo no hay ningún antecedente que podría comprometer la legalidad de los decretos y más allá de la opinión política que cada uno pueda tener -o los parlamentarios, presidentes de partidos o la oposición misma sobre el indulto- en lo político ya hay renuncias que asumieron la responsabilidad política y eso está ya claro, determinado y zanjado”.

En algunos sectores de la oposición comentaron que las palabras de Vallejo incluso podían hacer evaluar una acusación constitucional contra el propio Presidente Gabriel Boric. Esas voces, por ahora minoritarias, plantean que si se indultó a personas que no debieron haber sido beneficiadas -por no manejar todos los antecedentes- se podría constituir la causal de poner en peligro la seguridad de la nación.

Entre los presentes comentan que para todos era más que claro que fue una semana compleja. Algunos incluso se atreven a hablar de la crisis más dura para el gobierno en sus 10 meses.

Sin embargo, de acuerdo a las mismas fuentes, más que dardos cruzados entre ambas coaliciones de gobierno -como se ha dado anteriormente, durante otros traspiés-, en esta oportunidad los timoneles y representantes de los partidos del oficialismo tenían claro que no hacía sentido apuntar sus críticas a los demás por las “desprolijidades” -como señaló el Presidente-, sino que derechamente al Ejecutivo. Varios sindican a la timonel Paulina Vodanovic (PS) como una de las voces más críticas. En Apruebo Dignidad, ese rol lo adoptó el senador y timonel RD, Juan Ignacio Latorre, quien como parlamentario ha estado fuertemente involucrado con los familiares de los condenados por causas asociadas al estallido social y los indultos eran un tema de su particular interés.

“Hubo varias críticas, pero no entre coaliciones. Se evaluó como decisión de gobierno que se sacó a las personas involucradas y se asumió la responsabilidad. El gobierno es compartido, después de todo”, dijo -en privado- uno de los asistentes.

Junto con eso, en el comité político se enfatizó que era necesario dar el tema por cerrado. De hecho, ese fue el principal mensaje que transmitieron los representantes de los partidos que se animaron a hablar en puntos de prensa tras el encuentro.

En esta línea, dentro de los partidos existe consenso en usar la salida de Ríos como argumento para indicar que las responsabilidades ya fueron asumidas y que se puede dar la discusión por terminada. Por lo mismo, descartan que dentro del comité político se haya planeado que sea necesario efectuar nuevos ajustes ministeriales relacionados a este traspié.

Aunque no se habló abiertamente durante la reunión entre partidos y el gobierno, existe un tema que ronda hace semanas (o incluso meses) en el Socialismo Democrático: la intención de contar con mayor incidencia en La Moneda, en las divisiones de toma de decisión y asesoría directa, como el “Segundo Piso” desde donde salió también el jefe de gabinete de Boric, Matías Meza-Lopehandía, y en cuyo reemplazo asumió Carlos Durán (CS).

“El segundo piso, o el círculo más íntimo de asesores del presidente, es algo que tiene que generarle comodidad a él, confianza y ser personas con experiencia en la gestión pública y capacidad de interlocución política transversal (...). No depende de qué partido sean las personas, sino que hay que buscar perfiles de mayor experiencia”, planteó Piergentili (PPD) a la salida.

En la cita también se concretó un coletazo tal vez inesperado de esta nueva crisis oficialista: la conformación de una o dos listas electorales de los partidos de gobierno para la elección de consejeros constitucionales.

El asunto se abordó a partir de la integración y coordinación de la alianza de gobierno, que agrupa al Socialismo Democrático y a Apruebo Dignidad. Al respecto, el presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez, hizo un llamado -a propósito del momento complejo que enfrenta el gobierno- a que las coaliciones actúen de forma coordinada, en unidad.

Algunos en el Socialismo Democrático lo leyeron como un emplazamiento a la lista única, y no a los dos pactos electorales para la elección de Consejeros Constitucionales que ha propuesto en ese sector -principalmente- el PPD, pero también como una petición poco sensata considerando los equilibrios de representación en el gobierno.

Así, las palabras de Ibáñez tuvieron réplica en ese sector. Entre los presentes apuntan a que Vodanovic señaló que el horizonte de unidad no se decreta, sino que se construye. Así, la molestia de la timonel PS se dejó entrever hace algunos días -en una entrevista en El Mercurio- donde apuntó al desequilibrio en las subsecretarías entre Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático.

A la salida del encuentro, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) lamentó la salida de Ríos y Meza-Lopehandía, aunque se resignó a aceptar la decisión del Mandatario. “(En el comité) hicimos una evaluación de una semana que no ha sido fácil para el gobierno, para la alianza. Por la renuncia de la ministra y el jefe de gabinete (...), en lo personal, transmito tristeza (...). Lamento esa decisión, pero son costos políticos que a veces hay que asumir, son decisiones presidenciales que hay que aceptar”.

En referencia a las declaraciones emitidas por la ministra Vallejo la mañana del lunes, que fueron ampliamente criticadas dentro de la oposición, Latorre señaló que ella “explicó esas cuñas, nos compartió también todo lo que dijo, que no fue solo aquello (...). Lo que hace es reconocer que hubo desprolijidades en una decisión presidencial, errores en el proceso, pero finalmente los indultos ya están, son la lista que está en los decretos y no va a haber pie atrás (...). Se asume el error con la renuncia de una ministra (...) y un jefe de gabinete muy cercano al presidente”.

Otros de los presentes comentaron que la ministra detalló lo que dijo solo horas antes, en vista de la repercusión que tuvo su vocería. En concreto, según cuentan, explicó que había desprolijidad porque se cumplió un criterio pero otro no a la hora de decretar los indultos.

Sobre este punto, la vocera detalló en una conferencia de prensa que “el Presidente estableció dos criterios para aplicar los indultos; uno es el conocido por todos y todas que es indultar a personas que en el estallido social hubiesen cometido delitos y producto de ellos estuviesen condenados. Y el segundo es que en la carpeta de las personas que estuviesen en esa condición, se excluyera a personas que tuviesen antecedentes complejos previos al estallido (...). Ese segundo criterio fue el que no se cumplió”.