Álvaro Bellolio por expulsión de ciudadanos venezolanos: “Fueron notificados en promedio hace dos meses, tenían plazo para hacer un reclamo administrativo o recurrir a tribunales”

El pasado domingo se realizó un nuevo operativo de expulsión de migrantes con el gobierno a la cabeza.

Un vuelo que salió a las 10 horas de la mañana, y que envió a 53 ciudadanos venezolanos a Caracas, de los cuales 19 responden a causas judiciales y 23 a causas administrativas.

En conversación con Radio Duna, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, explicó que este procedimiento no se trata de una expulsión colectiva. “Como el Estado no tiene recursos infinitos para expulsar personas uno a uno, se trata de agrupar a las personas que están en condiciones de regresar a su país”, dijo Bellolio.

Detallando que entre las personas expulsadas hay casos de tráfico de niños de 13 años a través de la frontera “aprovechando su vulnerabilidad y abusando de ellos”, personas que cometieron robo con violencia y tráfico de drogas, añadió que un grupo importante responde a expulsiones administrativas.

“En este caso, es una grave falta a la ley de inmigración. Tomamos todas las sugerencias que hizo la ONU y las aplicamos en detalle. Primero revisamos si tienen algún vínculo en Chile, específicamente a través del Registro Civil en Chile, si tienen niños o adolescentes o parientes de la familiar nuclear. Si tenían un hijo chileno o si tenían hijos venezolanos, se valida en el Registro Civil”, explicó Álvaro Bellolio.

“Todos los expulsados fueron por procesos administrativos que se notificaron en promedio hace dos meses, así que tenían el plazo para hacer un reclamo administrativo, recurrir a tribunales -como muchos hacen-, o hacer una solicitud para entregar información adicional”, dijo el director del Servicio Nacional de Migraciones.

Asegurando que cada uno de los ciudadanos pasó por el debido proceso, Bellolio explicó que existen principalmente cuatro razones para expulsar a quienes ingresan clandestinamente: ponen en riesgo sus vidas, “muchas veces estas personas pagan a traficantes de personas, a personas que se aprovechan y sufren abusos, para que los crucen a la mala”, la legislación vigente obliga al Estado a efectuarlas “hay un acuerdo transversal en esa expulsión”, y la última razón, es que “una persona que entra clandestinamente o tiene un decreto de expulsión, no va a tener cédula de identidad y en Chile estar sin RUT es muy difícil”.

Considerando que la cortes de justicia no funcionan durante los fines de semana, llamó la atención que la más reciente expulsión de migrantes tuviera lugar un día domingo en la mañana. Un hecho fue explicado por Bellolio por la “disponibilidad de aviones”.

“Es un tema súper técnico, y que los aeropuertos están más desocupados. Además, todas las medidas se dan en concordancia con el país receptor. Ellos validan las fechas y condiciones. Acá negociamos con el consulado venezolano que el proceso de vacunación en Chile va súper bien, así que planteamos la posibilidad de que viajaran sin usar los overoles blanco. Y dijeron que sí”, dijo el director del Servicio Nacional de Migraciones.

“Se depende de la disponibilidad del país que recibe y de la PDI, pero el plan es sacar al menos unos 10 vuelos más durante el año”, precisó.

“La gente confunde [expulsión] ‘colectiva’, bajo la lógica de que van muchas personas en un avión, con ‘colectiva’ de que se toma una decisión general. No hay decisiones colectivas. Se estudia caso a caso”, aseguró Bellolio. “Los promotores de la migración descontrolada están en contra del proceso de expulsión, el problema es que si uno no materializa la expulsión, ¿bajo qué condiciones dejas a esas personas en Chile?, y eso es algo de lo que no se hacen cargo”, añadió.

“Hay 15 mil personas con expulsión vigente, y todos los meses se generan unos 30 o 40 procesos de expulsiones. Nosotros estamos obligados a cumplirlo. También hemos hablado de lo importante que es desincentivar el ingreso clandestino y el tráfico de personas”, concluyó.

En conversación con 24 Horas, Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita Migrantes, criticó la expulsión de ciudadanos venezolanos en el operativo liderado por el gobierno.

“Es ilegal porque no se respeta el debido proceso”, dijo Ureta. “Es preocupante porque estas expulsiones no tienen el debido proceso, entonces cada caso no tiene el análisis con las medidas necesarias”.

A lo que añadió que “da mucha indignación que pase los fines de semana donde las personas no se pueden defender”, expresó detallando que 37 de los 56 acasos corresponden a sanciones administrativas.

“La ONU ya emplazó al gobierno a detener esto. Que sean colectivas, las hacen ilegales porque cada caso debe ser analizado de manera particular y que cada uno tenga derecho a defenderse”, añadió.