18 minutos. Eso duró la última sesión de la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados, encargada de dilucidar las responsabilidades políticas en el caso que tiene al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), en prisión preventiva por los presuntos delitos de violación y abuso sexual contra una exasesora de su gabinete.

La última citación fue únicamente para acordar el procedimiento de redacción de las conclusiones que evacuará la misma instancia a la sala de la corporación.

La pérdida de densidad en el debate y los aportes que pudieran entregar los invitados han dejado con gusto a poco a los protagonistas de la comisión. De hecho, la semana pasada fue citado por segunda vez el exjefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, para que profundizara sobre su rol como asesor del Presidente Gabriel Boric cuando determinó mantener a Monsalve dos días en su cargo después de que se conocieron las imputaciones en su contra.

Sin embargo, la sesión terminó abruptamente luego de que el presidente de la comisión, Miguel Mellado (RN), se enfrascó en un duro intercambio porque Crispi evitó responder amparándose en la confidencialidad de su rol.

“¿Va a contestar las preguntas o se va a excusar nuevamente?”, le planteó el diputado al otrora funcionario de Palacio al comienzo de la sesión.

“Usted le sugirió o le indicó al Presidente que no o que sí citara a los ministros para informarle de la denuncia? ¿Sí o no?”, le insistió el diputado ante las respuestas evasivas de Crispi.

“Vamos a terminar igual que en la sesión anterior”, respondió el frenteamplista, haciendo alusión a la sesión de diciembre, cuando por más de 20 veces invocó la tesis de que las conversaciones con el Presidente de la República son privadas.

“Usted no va a responder las preguntas, por lo tanto esta sesión se levanta”, decretó Mellado, con una evidente molestia.

Tras el primer impasse con Crispi -en diciembre- los diputados de oposición solicitaron un pronunciamiento a la contralora general de la República, Dorothy Pérez, sobre si el diseño comunicacional de Crispi se ajustaba a derecho. En marzo esta respondió que la Contraloría “no tiene atribuciones legales para calificar y señalar si una conversación o su contenido es privado o no lo es”.

Luego de esa sesión, varios integrantes en privado aseguraban que ya no quedaba mucho indagar y que podían perfectamente pasar a las conclusiones que deben proponer a la sala. Incluso, desde enero ya había voces oficialistas -como Alejandra Placencia (PC)- que solicitaban pasar a la redacción de las propuestas que haría la comisión.

A estas alturas del trabajo de la instancia ya eran notorias las ausencias de diputados integrantes a las sesiones.

Los cuestionarios que envió la comisión a distintas autoridades -principalmente al Presidente Boric y al exsubsecretario Monsalve- también eran una señal de la poca eficacia que lograba mostrar la comisión.

El Presidente recibió la lista de preguntas y esperó hasta el 28 de febrero para responder. Desde La Moneda, los ministros señalaban que el Jefe de Estado se iba a tomar el tiempo que la propia comisión se había fijado.

Una vez que Boric mandó sus respuestas, Mellado se dirigió hasta La Moneda para entregar una carta quejándose porque no daban “cumplimiento al compromiso de S.E. de abordar este caso con altos estándares de transparencia y que solo se limita a repetir un relato ‘mecánico’ que consta en la memora del todo el gabinete”.

Otro cuestionario, que ni siquiera fue contestado, fue el que se le mandó a Monsalve, quien prefirió dedicarse a su defensa jurídica, dejando a un lado las implicancias políticas del caso que lo mantiene en prisión preventiva.

La primera autoridad de gobierno en comparecer ante la comisión fue la exministra del Interior, Carolina Tohá, quien marcó la primera autocrítica de Palacio, al afirmar que “teníamos los elementos suficientes para tomar la definición”.

Luego vino el turno de Crispi, que en más de 20 veces repitió que las conversaciones con el Presidente eran privadas, para escudarse de las consultas de los diputados.

Posteriormente, concurrió la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien tuvo un diseño comunicacional similar al de Tohá, al señalar que “la ejecución pudo haber sido más rápida, no fue perfecta, pero fue correcta”.

Ante las críticas que surgían por la marginación de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, del diseño de control de daños que hizo La Moneda, fueron los asesores de Palacio quienes explicaron que la decisión inicial de Boric y de Tohá era encapsular la crisis en solo parte del comité político, aquel espacio de mayor confianza que tiene el Mandatario en La Moneda.

En una sesión posterior, fue la propia Orellana quien refrendó que la decisión era marginar, entre otros ministerios, al que ella encabeza, dado que “había una investigación reservada que debía mantenerse bajo estricta confidencialidad para resguardar tanto a la víctima como también al curso de las diligencias, que a mí me parece un punto clave”, según explicó la secretaria de Estado.

Con una solicitud de prórroga para extenderse hasta el 17 de marzo, en la sesión de este lunes acordaron el procedimiento para votar las conclusiones.

En ese sentido, los diputados mandataron a sus respectivos asesores para que el lunes 24 lleguen con propuestas de conclusiones para que sean votadas, con el encargo de hacer un esfuerzo de llegar con un texto de consenso. De lo contrario se votará cada uno y se ejercerá la mayoría que tiene -en teoría- la oposición.