“Ayúdanos a compartir dando RT”: la petición del gobierno al oficialismo por el tema del megafraude

A raíz del megafraude conocido la noche del jueves, que originó la detención de 51 personas por delitos de fraudes tributarios por un monto que superaría los $ 240 mil millones, el gobierno, a través de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) envió un mensaje a los presidentes de los partidos oficialistas y a los diputados con una declaración de la ministra Camila Vallejo en sus redes sociales. Además, solicitaron su difusión.

“Ayúdanos a compartir dando RT”, decía el mensaje que le enviaron a los parlamentarios y que fue reposteado por la diputada Carmen Hertz y el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, entre otros.

“Este golpe a la delincuencia de cuello y corbata es otra muestra concreta de que nuestro país avanza en el combate del crimen organizado, al narcotráfico y la corrupción”, escribió la vocera en X.

La denominada Operación Tributos, realizada tras una extensa investigación conjunta entre el Ministerio Público y de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la Policía de Investigaciones (PDI), personal policial allanó 83 domicilios en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos.

Así, se logró desbaratar una organización criminal compuesta por 7 clanes que operaban a lo largo del país, los que actualmente están siendo investigados por los delitos de asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos.

En la información divulgada a través de redes sociales por Vallejo, que fue compartida por otras autoridades oficialistas, se sostiene que “la detención de más de 50 empresarios demuestra que la querella del SII dio fruto, las instituciones funcionan y la justicia actúa una vez más”.

Y añade: “Son más $240 mil millones que le habrían estado robando al Fisco, es decir, a todos los chilenos y chilenas. Se trataría del fraude más grande de nuestra historia”.

Además, sostiene que “un delito de esta magnitud equivale a 40 Cesfam, más de 9 mil patrullas de Carabineros, dos cárceles de alta seguridad y cerca de 6 mil casas. En definitiva, todas mejoras a las condiciones de vida de las personas que, no llegan a quienes más lo necesitan”.