Test de drogas a diputados avanza en la Cámara: propuesta incluye inhabilidades y alza de secreto bancario

Desde las 15 hasta 21.30 horas de este martes, sesionó la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para aprobar una reforma al Reglamento de la corporación que fija una nueva normativa “para el control del consumo de drogas, aplicable a los diputados y las diputadas en ejercicio”.

La iniciativa propone un examen de drogas obligatorio y aleatorio, que se aplicará al menos dos veces a cada diputado dentro su mandato. La modificación busca elevar los estándares de transparencia en el ejercicio de la labor parlamentaria.

Desde la oposición se presentaron indicaciones para que sea a partir de un test de pelo y que el resultado sea público o se aplicara alguna sanción.

Por su parte, diputados del Frente Amplio y el PC propusieron que además levantar el secreto bancario a las cuentas de legisladores. La idea era rebatirle los representantes de derecha que si el objetivo era terminar con el vínculo del narcotráfico y la política, un testeo no era suficiente.

Al final la propuesta que emanó de la Comisión de Constitución, que ahora debe ser ratificada por la sala de la Cámara, incluye el examen de pelo (que tiene una mayor efectividad), la posibilidad del levantamiento del secreto bancario y la inhabilidad de votar proyectos relacionados con el control de drogas y estupefacientes a quienes den positivo.

La información que arrojen los testeos será manejada en forma reservada por la Comisión de Ética y la secretaría de la Cámara y la difusión de la identidad de los involucrados no puede ser usada con fines políticos o periodísticos, salvo que sea autorizada por esa persona o su representante legal.

Sin embargo, su caso positivo quedará expuesto indirectamente solo cuando aquel legislador aparezca como inhabilitado para votar normas sobre drogas.

Durante el debate, la diputada Karol Cariola (PC), presidenta de la instancia legislativa, planteó la necesidad de determinar con claridad los objetivos del proyecto, para evitar pasar a llevar, por ejemplo, la Ley de derechos y deberes del paciente.

Cariola dijo no tener “ningún problema en estar dentro del primer grupo de parlamentarios que se les tome el test de drogas”.

Por su parte, Juan Antonio Coloma Álamos (UDI), uno de los impulsores del proyecto, hizo hincapié en la importancia de fijar una sanción y fue uno de los que abogó para que se divulgara el nombre de la persona que presente un examen positivo.

En ese punto último punto, coincidió con la diputada del Comité Ecologista Verde e Independientes, Pamela Jiles, que destacó también la importancia de “la publicidad del resultado” y evitar “privilegios” que no existen en el servicio público. “La ciudadanía nos contrató a nosotros para que no estemos drogados ni borrachos legislando”, señaló Jiles.

Leonardo Soto (PS), en tanto, advirtió que este reglamento no puede estar por sobre la legislación. El diputado oficialista invitó a “no hacer un show” de esta discusión, planteando que “hay que evitar transformar esto en un circo y darle el tratamiento serio que corresponde”.

Miguel Ángel Calisto (DC) coincidió con ese punto y llamó a ser rigurosos en la tramitación del proyecto y debatir con seriedad. De hecho, Calisto fue quien propuso la modalidad de inhabilidades y de difusión indirecta de quienes sean detectados como consumidores de drogas.

A su vez, Camila Flores (RN) aclaró que el objetivo del proyecto es “perseguir” el consumo de las drogas ilícitas. Además recalcó que “una persona adicta no puede ser parlamentario” y dijo que la mejor sanción es que la ciudadanía conozca esa condición.

En medio del debate Jorge Alessandri (UDI) sostuvo con molestia que “no tiene sentido que se esconda el resultado del examen en un cajón”.

En tanto, Gonzalo Winter, de Convergencia Social, dijo que este reglamento nuevo, a través de la transparencia de la cuentas bancarias, busca “evitar que un diputado legisle drogado y que tenga vínculos con el narcotráfico”.

Tras un arduo debate se aprobó por 7 votos a favor y 6 en contra, una indicación presentada por los diputados Catalina Pérez y Gonzalo Winter sobre el levantamiento del secreto bancario para los parlamentarios.

La diputada Pérez manifestó que en lo financiero “operan las redes del narcotráfico, no en consumo individual”. Y agregó que con esta norma se permitía “revisar las cuentas de los parlamentarios que no tienen nada que ocultar”.

Por su parte, el diputado Gustavo Benavente votó en contra de la iniciativa. “Abrir cuentas de manera indiscriminada no me parece. El objetivo es que nos hagamos un examen para detectar sustancias prohibidas”, enfatizó. Sin embargo, también opinó que “aquel parlamentario que resulte positivo, que abra sus cuentas bancarias”-

Textualmente, la indicación presentada por los diputados Pérez y Winter indica que “todos los diputados y diputadas de esta Cámara deberán presentar una autorización anticipada de levantamiento de secreto bancario por el lapso de un año, la que será enviada por escrito dentro de los 15 días siguientes corridos siguientes al inicio del periodo legislativo, por el funcionario nombrado en virtud del artículo 6°”.

Y luego detalla que: “Los y las parlamentarias deberán remitir al respectivo funcionario, la autorización firmada en un plazo de 10 días corridos. Quien se negare al otorgamiento de esta autorización, será sancionado en la forma prevista en el último inciso de este artículo”, tarea que asumirá la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara baja.