Cámara: el origen de la ley que indemniza a los asesores

En noviembre de 2009, la Cámara de Diputados estaba sumida en un profundo desprestigio ante la opinión pública cuando el entonces fiscal regional de Valparaíso, Jorge Abbott -hoy máxima autoridad del Ministerio Público-, indagaba el mal uso de asignaciones parlamentarias contra cuatro diputados, lo que terminó años después con Maximiano Errázuriz condenado por fraude al Fisco.

En medio del escándalo y la incertidumbre sobre hasta dónde podía llegar el fiscal con su investigación, el presidente del Senado en esa época, Jovino Novoa, trabajó junto a su entonces par de la Cámara, Rodrigo Álvarez, una serie de cambios a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. Esto, con el fin de "transparentar" y "fiscalizar" de mejor manera las asignaciones y recursos del Parlamento.

Así, rescatando una moción ingresada en 2005 por cuatro parlamentarios liderados por Gabriel Ascencio, los jefes de ambas cámaras presentaron en noviembre de 2009 la propuesta de cambios, cuya tramitación dio vida a que se normara por ley indemnizaciones cada cuatro años a asesores y personal de apoyo de los diputados.

Según los registros de la época, fue el diputado socialista Francisco Encina quien en las últimas iniciativas que impulsó como legislador -no fue a la reelección ese año- introdujo normas especiales para un grupo de asesores que, a diferencia del resto de los funcionarios o asesores externos del Congreso, serían fichados bajo la normativa del Código del Trabajo.

El entonces secretario jefe de comisiones, Miguel Landeros -hoy secretario general de la Cámara- fue el primero en describir la iniciativa ante la comisión mixta que presidía Andrés Chadwick, cuando era senador, en noviembre de 2009, quedando registrado en un informe. "El señor Miguel Landeros explicó que la proposición del honorable diputado señor Encina se funda en un acuerdo de la Comisión de Régimen Interno de la Cámara de Diputados", dice el informe, aludiendo a la comisión integrada en esos días por Novoa, Carlos Bianchi, Juan Antonio Coloma, Sergio Romero y Hosaín Sabag.

Lo que se pretendía con esta propuesta -según se extrae del informe- era separar al parlamentario de sus asesores y dejar a la corporación a cargo de las contrataciones. Sobre eso argumentó Landeros ante la comisión. "La práctica ha demostrado que este procedimiento es inadecuado, pues sería como exigirle a un ministro o subsecretario que contrate a sus asesores o al personal que trabaja con él y que, cuando él termina su gestión ministerial, tuviera que finiquitarlos y pagar sus deudas previsionales", señaló el secretario de la Cámara.

En esa discusión, fue el subsecretario general de la presidencia del entonces gobierno de Michelle Bachelet, Edgardo Riveros, quien hizo la prevención sobre el gasto que esto pudiera significar para ambas corporaciones. Pero su intervención fue desestimada. "A su juicio -dice el informe-, la norma excedía el ámbito de las ideas matrices contenidas en el proyecto y podía dar origen a nuevos gastos públicos no contemplados en los presupuestos".

En el texto que resume lo discutido en la comisión mixta se agrega, sobre la intervención de Riveros, que "los contratos de trabajo exigirán que el Senado y la Cámara de Diputados paguen honorarios o remuneraciones por dichos servicios y, eventualmente, también indemnizaciones".

Tras ello, Álvarez señaló que la iniciativa de Encina tenía el apoyo de la Cámara, momento en el que el entonces senador Chadwick -según se lee en el informe- refrendó que la proposición no implicaba un gasto distinto al ya considerado.

Así, Landeros, en otra sesión de la comisión, anunció que el gobierno de Bachelet haría indicaciones sobre este tema, lo que permitiría que ambas corporaciones pudieran concordar el régimen laboral, porque estos trabajadores deberían tener disposiciones especiales relativas a las circunstancias para terminar la relación laboral. Esto es, dijo Landeros, sobre el término del mandato del parlamentario con el que trabaja o la pérdida de la confianza.

Así, el entonces ministro José Antonio Viera-Gallo presentó, entre otras, esa indicación ante la misma comisión, en la que se establecía que al cese del cargo correrían las indemnizaciones.

El entonces senador Pedro Muñoz Aburto señaló en la discusión de la normativa que tal vez no era necesaria la precisión de esa norma, a lo que la entonces abogada de la Dirección de Presupuestos, Macarena Lobos, explicó que el término del período parlamentario no era una causal que estuviera contemplada en el Código del Trabajo, motivo por el que debía establecerse expresamente.

La comisión aprobó por unanimidad la iniciativa, que comenzó a regir en 2010.

En la discusión, no obstante, no se abordó -de acuerdo al informe- la posibilidad de que el parlamentario fuera reelecto y sus asesores recontratados, ni que el comité de algún partido -que también contrata personal bajo el Código del Trabajo- continuara funcionando tras el término de un período legislativo.

Según la Ley Orgánica, en el Senado opera el mismo principio que en la Cámara: todos aquellos trabajadores que estén sujetos a Código del Trabajo pueden ser finiquitados y, por lo tanto, indemnizados cuando el parlamentario al que prestan servicios cese su período.

Para el caso de los senadores, el período corresponde a ocho años. Sin embargo, según fuentes ligadas al Congreso, la comisión de régimen interno resolvió no proceder, para este año, a indemnizaciones para asesores contratados bajo el Código del Trabajo. Esto, de aquellos senadores que, habiendo ido a reelección, continuaron en el cargo.

Según fuentes vinculadas al Congreso, las indemnizaciones cada ocho o cuatro años era una práctica conocida al interior del Parlamento previo a que quedara estipulado en las modificaciones en la Ley Orgánica.

De hecho, según contratos disponibles en internet, en 2012, 2014 y en marzo de 2018 existen contratos que poseen la disposición que incluye indemnización al cese del cargo del senador.

El Consejo Resolutivo de Asignaciones también lo señala en su resolución número 4, del 29 de junio de 2018. Al referirse a la contratación de personal de apoyo, señala: "Por regla general, la contratación con cargo a esta asignación se materializará mediante contrato de trabajo".

Se establece que estos asesores pueden prestar servicios para más de un parlamentario, señalándose el monto correspondiente según jornada laboral.

En la misma resolución se estipula un ítem de $ 8.247.657 destinado a este tipo de asesores.

A diferencia de la Cámara, las remuneraciones del personal de apoyo se encuentra en Transparencia Activa. Y según el registro, los sueldos más altos remunerados con contrato indefinido son respecto de jefes de gabinete.

La Tercera todavía no accede a la información respecto de cuántos trabajadores han sido indemnizados y vueltos a contratar en la Cámara Alta desde 2010.