Cámara posterga en una semana reforma electoral y complejiza plazos para aplicar nueva ley
La iniciativa que extiende a dos días las elecciones de octubre ya está fuera de todo plazo previsto. De hecho, los diputados recién votarían el veto presidencial el 12 de agosto. Si bien la declaración de candidaturas se realizó el lunes pasado, aún no está claro cuál será el marco jurídico, especialmente en materia financiamiento fiscal, que tendrán las campañas.
Fines de junio era el plazo prudencial que había solicitado el Servicio Electoral (Servel) para tener tramitada, aprobada, revisada y publicada la nueva reforma que extiende a dos días las próximas elecciones municipales y regionales, y que refuerza el carácter obligatorio del sufragio mediante una multa a quienes no concurran a las urnas.
Sin embargo, la iniciativa, que implementa un conjunto de medidas electorales, algunas sencillas como consagrar el uso de lápiz de pasta azul y otras más complicadas el financiamiento de las campañas, aún no está lista.
De hecho, la tramitación ya excedió todo plazo prudencial previsto. El lunes pasado (29 de julio) se declararon las candidaturas, que deberían quedar inscritas a fines de esta semana. Con ello, se marca un hito que da inicio a la recta final de proceso con el despliegue de las campañas electorales.
No obstante, aún no está claro cuál será el marco jurídico que regirá a la competencia electoral. Uno de los temas que toca la reforma es el recorte del financiamiento que entrega el Fisco a candidatos y partidos, a modo de reembolso por cada voto obtenido.
El problema se agrava porque la Cámara de Diputadas y Diputados ya fijó las tablas de proyectos que se debatirán lunes, martes y miércoles, sin embargo, no figura en el horizonte legislativo de esta semana la discusión de las observaciones enviadas por el Presidente Gabriel Boric, que buscan corregir e intentar salvar la reforma.
Según comentan en la Cámara, el veto presidencial (como se le llama popularmente a las observaciones) se discutiría en la sala el lunes 12 de agosto, en el mejor escenario.
Si estas enmiendas del Mandatario son aprobadas por los diputados, se enviaría ese mismo lunes en la noche un oficio al Senado, que recién el martes en la mañana podría estar remitiéndolo al Tribunal Constitucional (TC), que inevitablemente debe revisar el texto, ya que modifica cinco leyes orgánicas constitucionales. Esa etapa de control preventivo podría demorar dos o tres días más.
En caso de que el TC valide la norma (etapa que en ningún caso será sencilla, porque hay puntos jurídicamente complejos), esa resolución tendría que darse cuenta en el Senado. Finalmente, la misma Cámara Alta remitiría un oficio al Presidente de la República para que proceda a su promulgación. Esta última fase culminaría con la toma de razón de Contraloría y la posterior publicación en Diario Oficial.
Todo ese paso administrativo podría postergar la entrada en vigencia de la nueva ley electoral hasta el sábado 17, lunes 19 o el martes 20 de agosto, ya que la próxima semana hay un feriado que podría alargar aún más los plazos.
En el mejor escenario, la ley estaría viendo luz 70 o 67 días antes de las elecciones de alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores.
Tal ha sido la demora, que incluso el veto presidencial se quedó corto en su estimación de fechas.
Originalmente, la primera versión de la reforma enviada por el Presidente, tenía entre sus supuestos que la ley iba a estar publicada antes de la declaración de candidaturas (hecho que ocurrió el lunes pasado) y planteaba que noventa días antes de las elecciones (el 28 de julio), el Servel debía dictar un instructivo para el sellado de urnas el día sábado de la elección, la reapertura de la votación el día domingo, cómo debía ser la custodia, el uso de útiles electorales y cuál debía ser el orden del escrutinio en la última jornada.
El veto presidencial ajustaba ese plazo y, en vez de 90 días, dispuso que 75 días antes de los comicios, el Servel emitiera su reglamento, es decir, el 12 de agosto.
Aunque ese plazo ya no se cumplirá, debido a las etapas que aún faltan para la reforma electoral, en el gobierno y en Congreso consideran que ello es una falta menor en vista la gran cantidad de inconvenientes y polémicas que ha tenido que sortear este proyecto.
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