Camioneros descolgados firman acuerdo con el gobierno y CPC y deponen paro tras ocho días

En una reunión en el Ministerio de Transportes, encabezada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la noche de este lunes los camioneros que aún se mantenían movilizados firmaron un acuerdo con el gobierno y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), con el fin de deponer el paro que comenzó el pasado 21 de noviembre.

El acuerdo -firmado por los transportistas, el Ejecutivo y la CPC- contiene 14 puntos, que abordan las inquietudes de los transportistas para alcanzar una mayor seguridad mientras desempeñan sus labores y respecto del alza sostenida de los precios de los combustibles.

Por los camioneros, participaron en la cita Freddy Martínez y Ricardo Fiebig, representantes de la Asociación de Dueños de Camiones (Asoducam) Biobío; Cristián Sandoval y Luis Morales, de Fuerza del Norte; Julio Zamorano, de la Asociación Gremial de Dueños de Camiones (Agreducam) Alto Hospicio; Santiago Álvarez, de la Federación de Camioneros Centro Sur, y Jaime Cárdenas, de Utramag.

El líder de la CPC, Juan Sutil, quien participó en las negociaciones y anticipó minutos antes de la firma el acuerdo junto a los dirigentes camioneros, agradeció “la voluntad de todos los participantes, la voluntad de los transportistas de retirarse de los puntos en los cuales se encuentran y permitir que esto vuelva a la normalidad para el bien de todos los chilenos, para el abastecimiento del país, para que puedan trabajar los agricultores, para que pueda volver la normalidad”.

Al respecto, Sutil explicó que el acuerdo alcanzado durante la jornada “es complementario a los acuerdos anteriores del día de ayer y tiene algunos puntos de trabajo en conjunto mayores. También tiene algunos puntos que han solicitado los gremios del transporte en materia de seguridad, de seguridad vial, de seguridad también hacia las zonas, hacia la conectividad, hacia el monitoreo de parte de Carabineros y de las policías para tener un mejor desenvolvimiento”.

Agregó que se avanzó en dar “solución a los temas de construcción de el índice nacional del costo del transporte, que permita también hacer un trabajo entre las empresas y los transportistas para buscar que los acuerdos también sean más equilibrados”.

“Vamos a trabajar en conjunto para fortalecer a los gremios del transporte menor, para que ellos puedan tener mejores condiciones habilitantes para poder participar también en licitaciones y conseguir que eso tenga acceso para todos de mejor forma”, sostuvo.

“Hemos trabajado codo a codo, yo creo que es una buena manera de demostrar que acuerdos públicos-privados se pueden llevar adelante con la presencia de todos los actores”, agregó Sutil.

Por su parte, el subsecretario Monsalve destacó que el principal punto que destrabó el conflicto fue, precisamente, el acuerdo entre los empresarios y los camioneros respecto de la variación de las tarifas del transporte cuando aumenten los precios del combustible.

“El gobierno insistió desde el principio que el aumento del costo del combustible que impacta en el costo del transporte, era un problema de tarifas y que el gobierno no fijaba las tarifas, que los que fijan las tarifas es el sector empresarial, y finalmente hoy vimos que durante la tarde, la CPC estuvo sentada con los dirigentes y llegaron a un acuerdo para garantizar que cuando suban los combustibles, aquellos pequeños o medianos camioneros que no tienen un trato justo, lo tengan, lo que tiene que reflejarse en tarifas justas”, sostuvo Monsalve.

Consultado si la participación del empresariado fue clave, Monsalve indicó que “creo que es muy evidente lo que ha pasado en estos dos días, no quiero atribuirle la razón a nadie, pero nosotros hemos sostenido que en materia de seguridad teníamos propuestas que habían sido valoradas y que permitían un acuerdo; dijimos que habíamos tomado medidas y compromisos fiscales muy importantes en materia de precios de los combustibles (…), pero nos parecía que se estaba exigiendo al gobierno algo de lo que tenía que hacerse cargo el sector privado”.

“Pueden comparar los documentos (presentados en las negociaciones de ayer domingo y la de hoy) y las medidas que el gobierno ha propuesto no han cambiado”, sostuvo Monsalve, quien explicó que el acuerdo alcanzado esta jornada no dice relación con un compromiso de retirar las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado presentadas en los últimos días contra transportistas que bloqueaban las rutas.

Por parte de los transportistas, Freddy Martínez, de la Asociación de Dueños de Camiones (Asoducam) Bíobío, tras valorar el acuerdo y afirmar que se indicó a los transportistas deponer el paro, manifestó que “hemos conversado con el gobierno las materias que al gobierno competen y han prestado apoyo y buscamos soluciones de acuerdo que tengan que ver con nuestros clientes, que son a quienes nosotros le transportamos la carga, de poder mejorar las condiciones, pero de forma sustentable. Este es un trabajo arduo, importante, que tenemos que hacer”, agregó.

Respecto de las diferencias con el acuerdo logrado el domingo por los gremios de camioneros de Valparaíso, Martínez indicó que “logramos avanzar en muchos puntos que tienen que ver con sostener un acuerdo de trabajo conjunto en materia de mejorar las condiciones tarifarias, de participar con los generadores de carga del país que representa el gran empresariado, poder con ellos mejorar la economía del camionero que tiene menos camiones”.

En tanto, Cristián Sandoval, presidente de Fuerza del Norte, valoró las medidas de seguridad incluidas en el acuerdo, principalmente con la instauración de nuevas zonas de estacionamiento y de descanso a través de la Ruta 5.

“Para nosotros es muy tranquilizador llevarle estas noticias a los colegas, ya que una de las causales de no salir a trabajar era el no poder estar tranquilo en un espacio, en un estacionamiento, porque siempre estaba la duda de que nos podían asaltar o robar”, sostuvo.

Sobre los puntos del acuerdo referidos a los combustibles, Sandoval indicó que “hay un avance significativo, hay que ir construyendo (...). El empresariado dio un paso grande al abrirnos la puerta y nosotros nos quedamos con esa tranquilidad en estos momentos”.

“Ser reconocidos los pequeños y medianos transportistas, y que el empresariado haya hecho un gesto de buena voluntad en poder integrarnos en una mesa tripartita es lo que estábamos esperando”, cerró.

En materia de combustibles, el acuerdo indica que el Mepco continuará su vigencia mediante el reseteo del límite establecido por ley, con un nuevo umbral de US$ 1.500 millones, a través del proyecto de Ley de Presupuestos de 2023.

Asimismo, el gobierno enviará un proyecto de ley para mantener sin cambios el precio del diésel por un plazo de 120 días a través de un mecanismo transitorio dentro del marco de Mepco. El proyecto será presentado con urgencia y discusión inmediata el día 15 de diciembre ante el Congreso.

Pasados los 120 días el mecanismo permanente considerará ajustes cada 21 días con un máximo de alza de $15 por litro (0,25 UTM por metro cúbico) durante un año.

Además, se ampliará la vigencia del beneficio de reintegro parcial del impuesto específico al menos por un año y, en el marco del diseño del proyecto de impuestos verdes, a partir de diciembre se convocará una mesa de trabajo que abordará el tratamiento del impuesto específico y su afectación a distintos sectores para el envío de un proyecto de ley en el primer semestre de 2023.

Se conformará una mesa de trabajo tripartita encabezada por los ministerios de Transportes y de Economía, la CPC y otros generadores de carga, y los gremios firmantes, “para abordar mecanismos que permitan que eventuales fluctuaciones del precio de los combustibles sean reflejados en las tarifas de los generadores de carga del transporte, particularmente respecto de aquellos transportistas que no ajustan sus tarifas de acuerdo a polinomio (pequeños transportistas)”.

Asimismo, el proyecto de ley contra el crimen organizado permitirá que se habilite el uso de técnicas especiales de investigación para robo de la carga de camiones sistemático cometido por organizaciones delictivas.

Finalmente, los representantes del sector privado firmantes se comprometen a revisar y analizar, en el marco de las mesas de trabajo, todas las distorsiones que atenten contra la debida transparencia del mercado de transporte de carga.

En seguridad, destacan el diseñar un plan operativo de Carabineros que permita que, a contar de la semana del 28 de noviembre, mejorar la seguridad de 7 puntos definidos entre las regiones de Arica y Coquimbo, con presencia policial preferente en horario nocturno de 22 a 6 horas.

Durante 2023 se construirán seis zonas de estacionamiento para ser usadas como zonas de descanso en la Macrozona Norte en puntos de vías fiscales. Estas forman parte de 12 acordadas con los gremios y que continuaran su implementación durante 2024.

Asimismo, en rutas concesionadas se avanzará en el diseño y construcción de a lo menos dos zonas de descanso de alto estándar a más tardar el año 2024.

En tanto, se conformará una mesa de trabajo para revisar con los gremios los compromisos en materia de seguridad en las macro zonas Norte y Sur.

Además, se acordó implementar una solución de conectividad digital y telefónica de la Ruta 5 Norte para 2024; implementar en las tenencias de carreteras de Carabineros, un registro de los camiones que pasan por esos lugares, como medida de prevención; modificar los contratos de concesión para incorporar medidas de seguridad en las zonas de descanso; establecer antes del 31 de diciembre un mecanismo de seguro complementario para el transporte de carga, y la realización de reuniones bimensuales entre los gremios y las autoridades policiales y/o militares a cargo de la Macrozona norte y la Macrozona Sur.