Canciller emplaza a la CIDH a no involucrarse en asuntos internos

El lunes, cerca de las 12.30, llegó hasta La Moneda la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se encuentra haciendo una visita.

El grupo, liderado por la presidenta del organismo, Esmeralda Arosemena, vino al país a constatar las denuncias por violaciones a los DD.HH. en contra de Carabineros desde el estallido social. Y, después, realizarán un informe.

La cita del lunes correspondió a la reunión oficial de la CIDH con el Presidente Sebastián Piñera, ocasión en la que también estuvieron presentes el canciller, Teodoro Ribera; el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y las subsecretarias Lorena Recabarren (DD.HH.) y Carolina Valdivia (RR.EE.).

Según presentes, el Mandatario expuso sobre las medidas que se han implementado para hacer frente al tema de los derechos humanos y también explicó la agenda social.

Luego de cerca de una hora de conversación, el Mandatario se retiró del lugar y quedaron los ministros Larraín y Ribera, además de las subsecretarias, junto a los representantes de la CIDH, entre quienes estaban el relator para Chile del organismo, Joel Hernández García, y el secretario ejecutivo, Paulo Abrão.

En ese momento, según presentes, luego de que el titular de Justicia interviniera sobre la agenda de DD.HH., fue el turno de Ribera. Esta última intervención, dicen las mismas fuentes, "elevó" la tensión y generó inquietud por el "tono utilizado". Esto, porque los asistentes afirman que Ribera le planteó al organismo que era inaceptable que se pronunciaran sobre asuntos internos del país y sobre el proceso constituyente.

Consultados al respecto, fuentes de Cancillería confirmaron el emplazamiento del ministro al organismo. Sin embargo, desde la cartera desdramatizaron el episodio y explicaron que el diálogo fue "franco y directo", recalcando que eso es "propio" del estilo del canciller y de la relación que existe entre estados y organismos internacionales.

En RR.EE. explican que la intervención de Ribera apuntó a las declaraciones que previamente había vertido el organismo durante la visita que hizo Abrão en noviembre del año pasado, ocasión en la que se emitió un comunicado. Aquella vez, el organismo señaló que "la CIDH urge a la sociedad chilena a entablar un diálogo efectivo e inclusivo para abordar las demandas legítimas de la población", junto con agregar que "en ese sentido, la comisión saluda los esfuerzos de convocar a una nueva Constitución".

Así, en la cita del lunes, Ribera habría calificado de "reprochable" esa declaración, debido a que -planteó- no tiene que ver con el ámbito de competencia de la comisión. En Cancillería, además, dicen que con esa declaración se emite una opinión sobre las alternativas ante las cuales los chilenos deberán pronunciarse en el plebiscito de abril.

De igual manera, Ribera le transmitió a la CIDH que esta invitación a venir a Chile era "un gesto más" con la OEA, de manera de precaver y solucionar cualquier situación que haya significado una afectación de los derechos fundamentales. E insistió en que nuestro país es una república democrática y que, en consecuencia, ello debía "inspirar" la mirada de la comisión.

Presentes en la cita comentan que el tono del canciller "fue duro" en relación al que utilizaron Piñera y Larraín, los que calificaron como "más dialogante".

En el marco de la visita de la CIDH, fue la Cancillería la que tomó la vocería y liderazgo, a diferencia de cuando vinieron otros organismos internacionales, en que el tema fue encabezado principalmente por la subsecretaria de DD.HH.

Según afirman en el gobierno, el propio canciller pidió esta vez encabezar la materia, aunque recalcan que era lo que correspondía, ya que RR.EE. es la contraparte técnica ante el organismo.

Por otro lado, fuentes de Cancillería dicen, respecto del informe que elaborará la CIDH tras su visita, que esperan que el organismo "corrija errores" que se cometieron, a juicio de ellos, en la declaración realizada en noviembre. Por ejemplo, respecto de casos en que se señaló a personas a las que luego les fueron retirados los cargos por la justicia. "Esa señal de autocrítica sería un gesto de objetividad de parte de los observadores. Por lo mismo, suponemos que esta vez no habrá juicios de valor apresurados", dicen