Al menos doce propuestas -algunas ya materializadas en proyectos de ley y otras que solo están en fase de minutas- existen hoy día sobre la mesa para reformar el sistema político y electoral vigente.

Particularmente, las iniciativas que buscan cambiar el sistema político partidista corren a ritmo distinto en la Cámara de Diputados y en el Senado. Sin embargo, la que lleva la delantera es la que presentó, el 27 de noviembre, un grupo transversal de senadores -Alfonso de Urresti (PS), Ricardo Lagos (PPD), Gastón Saavedra (PS), Luz Ebensperger (UDI) y Rodrigo Galilea (RN)- y que recientemente fue aprobada en general en la Comisión de Constitución.

La moción que lidera de Urresti y que pretende reducir los partidos con representación parlamentaria fue defendida por el senador este domingo. “Uno entiende que haya siete u ocho, hasta doce partidos que tienen su historia, sus visiones, pero no que alguien se enoje en un partido, se va y forma un partido al lado. Eso no le hace bien al sistema político”, dijo el parlamentario socialista.

Curiosamente, otro grupo de legisladores, coordinados por la senadora Paulina Núñez (RN), presentaron la semana antepasada un proyecto idéntico, con la misma introducción y el mismo articulado, salvo la corrección de un error ortográfico menor que tenía el texto coordinado por De Urresti en la parte donde escribieron “Convención Constitutional”.

Esta otra reforma -firmada además de Núñez por el presidente del Senado, José García (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) e Iván Flores (DC)- ya se refundió con la anterior, por lo tanto, también ya tiene aprobada su idea de legislar.

La jugada buscaba ampliar la base de autores de la reforma política, en vista de que las mociones solo pueden ser patrocinadas por un máximo de cinco senadores. No obstante, la novedad de esta segunda reforma era la firma de Flores (DC), pues su partido no está apoyando la reforma de los senadores.

Ambas iniciativas fusionadas buscan instalar un umbral electoral de un 5% de los votos para la elección de diputados, requisito que los partidos políticos deberían cumplir para optar a los escaños en la Cámara. Esta norma, sin embargo, considera en subsidio tener un mínimo de ocho parlamentarios para retener su representación de diputados. Además, el proyecto establece la cesación del cargo para aquel legislador que renuncie al partido al cual hubiere declarado su candidatura.

Lo más curioso es que estas dos reformas espejo, al menos en su articulado, también están casi calcadas de la moción que presentaron en enero de este año los diputados de la UDI. Esa reforma fue firmada por el actual secretario general de ese partido, Juan Antonio Coloma; por su jefe de bancada, Gustavo Benavente, y por los también diputados Jorge Alessandri, Felipe Donoso, Christian Moreira, Juan Manuel Fuenzalida, Marco Antonio Sulantay y Flor Weisse, además del legislador de Evópoli, Francisco Undurraga.

Al igual que los textos de los senadores, la iniciativa -que está estancada en la Comisión de Constitución de la Cámara-, pretende instalar un umbral y la cesación del cargo para quienes renuncien a sus colectividades de origen.

La razón de esta evidente copia de contenidos es que las tres mociones en cuestión -todas reformas a la Constitución, dos de senadores y una de diputados UDI- fueron sacadas textualmente de la propuesta de la Comisión de Expertos que trabajó en el segundo y fallido proceso constituyente.

En todo caso, en la Cámara de Diputados también se está tramitando otra reforma política más. Esta moción es distinta de las anteriores ya que, si bien busca revertir la fragmentación política, apunta en un sentido distinto al umbral, facilitando la aglutinación de partidos pequeños en federaciones. Esa iniciativa fue presentada en mayo de 2023 por el diputado Jaime Mulet (FRVS) junto a sus pares Alejandro Bernales (PL), Luis Cuello (PC), Tomás Hirsch (AH), Tomás Lagomarsino (indep. PR), Patricio Rosas (FA), Alexis Sepúlveda (PR), Andrés Jouannet (Amarillos) y Alberto Undurraga (DC).

El proyecto de Mulet no busca un cambio a la Carta Fundamental y propone modificar la Ley de Partidos con el objetivo de permitir las federaciones. Además, considera regular la participación de comités parlamentarios. Esta moción actualmente está siendo tramitada por la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, presidida por Rubén Oyarzo (ind.), quien ya estableció un cronograma para su tramitación, dejando la votación en general de la iniciativa para el lunes 20 de enero.

Sumado a esas propuestas, existen otras tres que fueron presentadas durante este año.

La primera, presentada en abril, fue una moción de los senadores Alejandro Kusanovic (ind. -RN), Rojo Edwards, Loreto Carvajal (PPD), Iván Flores (DC) e Iván Moreira (UDI), cuyo objetivo es subir el porcentaje de votación para que los candidatos a gobernador regionales resulten electos.

La segunda es de los senadores Ximena Rincón (Demócratas), Pedro Araya (ind. -PPD), Francisco Huenchumilla (DC), Gastón Saavedra (PS) y Carvajal, que busca establecer la segunda vuelta en la elección de alcaldes.

La última iniciativa que ingresó es una de las más polémicas. Se trata de la propuesta del diputado Vlado Mirosevic, (PL), apoyada por toda la bancada liberal-radical, que busca fusionar ministerios, entre ellos, la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) con la Secretaría General de Gobierno (Segegob).

Además de las reformas políticas, en el Congreso existen una serie de iniciativas referidas exclusivamente a modificaciones electorales. Varias de ellas fueron presentadas el año pasado.

Entre ellas está la que presentó el gobierno y que busca establecer la multa para la obligatoriedad del voto, añadiendo otros ajustes electorales -algunos sencillos como la facilitación de trámites electrónicos y otros más complejos como el voto anticipado-. Este proyecto fue ingresado en octubre de 2023 y actualmente está varado en su primer trámite constitucional en el Senado.

Este año, además, existieron dos presentaciones adicionales. En marzo ingresó la propuesta de la diputada Joanna Pérez (Demócratas), que fue adherida por su bancada y legisladores de Chile Vamos como José Miguel Castro (RN) y Marlene Pérez (ind. -UDI). La iniciativa persigue el mismo objetivo central de la propuesta del gobierno (fijar la multa para la obligatoriedad del sufragio), pero planteando otros ajustes como liberar de la responsabilidad de ser vocal a los mayores de 70 años.

Curiosamente, en julio de este año, los senadores del Partido Demócratas, Matías Walker y Ximena Rincón, además de Manuel José Ossandón (RN) y Luz Ebensperger (UDI), presentaron otro proyecto, muy parecido al de Joanna Pérez, pero acotado exclusivamente a la multa. Esa iniciativa ya se aprobó en la Comisión de Gobierno del Senado y está en condiciones de ser votado en la Sala durante enero.

Ese mismo octubre de 2023, la bancada del PPD, encabezada por los independientes Jaime Araya y Camila Musante, junto al diputado Raúl Leiva (PS), ingresaron una reforma constitucional para establecer el voto voluntario para personas mayores de 80 años. Si bien pasó a la Comisión de Constitución de la Cámara, aún no se ha discutido.

La bancada de la UDI, por su parte, en ese mismo mes del año pasado ingresó otro proyecto similar, también eximiendo del voto obligatorio a los mayores de 80.

En calidad de “propuestas”, pues no han sido ingresadas como proyectos de reforma constitucional o legal, también hay otras que están circulando a nivel de documentos.

Por ejemplo, la Democracia Cristiana propuso la eliminación de los pactos electorales y que los partidos compitan por sí solos, con el objetivo, según explicó el presidente de la DC -el diputado Alberto Undurraga- de verificar el peso real de cada colectividad. Además, son varios los expertos del oficialismo que defienden esta herramienta como la más eficaz para combatir la fragmentación.

Una segunda propuesta es la que hizo Amarillos. La colectividad plantea un umbral mínimo para que los candidatos sean electos, fijado en un 3%. La diferencia central, con la propuesta de los senadores, es que ese mínimo se aplica por cada distrito y a cada candidato y no se exige a nivel nacional a los partidos. Además, al igual que la DC, proponen la eliminación de los pactos electorales.

En último término está la que hizo la semana pasada la bancada de diputados del Frente Amplio. La propuesta del partido del Presidente Gabriel Boric tiene cuatro ejes: fijar la elección parlamentaria junto con la segunda vuelta presidencial; incorporar mecanismos de participación ciudadana al debate legislativo; paridad de género, y la inclusión de liderazgos sociales.