Chile cierra exposición con advertencia a la Corte

El jurista inglés abordó las conversaciones en el marco del Acuerdo de Charaña, señalando que "fracasaron porque Bolivia decidió que no cumpliría con el intercambio de territorio". Además, sostuvo que "según el general (Hugo) Banzer, en una entrevista de diciembre de 1975, el acta de Charaña no incluye un compromiso categórico de Chile de resolver la situación de mediterraneidad". Esto fue resentido en el equipo boliviano. Y agregó: "Ambos reiteraban su compromiso de negociar el acceso soberano, sin referirse al intercambio territorial. Se trata de declaraciones (...) de dictadores que quieren ser altisonantes cuando se habla de DD.HH.".

La abogada argentina centró su intervención en los llamados de la OEA. A su juicio, las resoluciones no tienen carácter "vinculante" y "no han creado obligación" de negociar. "Bolivia evita precisar que ninguna de las resoluciones fue aprobada ni antes del rompimiento de la democracia en Chile ni después del regreso de la democracia", agregó, junto con acusar una contradicción paceña. "En su memoria, Bolivia ha apoyado que las resoluciones de la OEA han creado una obligación de negociar", dijo, para luego añadir que en la réplica ese país "ha dicho que la Asamblea no puede obligar a los estados a adoptar un comportamiento concreto".

"Bolivia no sólo debe demostrar que existe obligación para la negociación del acceso soberano, sino que también que ésta ha subsistido hasta el presente (...). En estos tres decenios existirían documentos en el entendimiento de que estaban basados en esa obligación. Señores de la corte, no ha habido ni lo uno ni lo otro", sostuvo el abogado australiano, apuntando también a una contradicción de Bolivia. "Este enfoque de la continuidad no guarda consonancia con lo que alega Bolivia en su memoria, a efectos de que la obligación surgió en 1895 hasta 1987, seguida por un quebrantamiento permanente desde 1987 hasta el presente", dijo.

El abogado estadounidense cerró los alegatos haciendo ver a la corte las consecuencias de un eventual fallo favorable a ese país. "Lo que Bolivia pretende es instaurar derecho sobre la base de la política", dijo. Y agregó que La Paz "pretende" que el tribunal transforme la "disposición política de Chile de conversar en distintos momentos" en una "obligación jurídica". Así, advirtió que si los países pueden seguir negociando después de haber firmado un tratado, eso "socavaría cualquier conversación a nivel internacional". Además, sostuvo que "esta corte se ocupa de relaciones jurídicas" y que La Haya "nunca ha declarado que un debate diplomático signifique una obligación".