CIDH expresa preocupación por fallos de la Corte Suprema

"Se produjo antes de lo que esperábamos". Así graficó un senador de la oposición el sentir del conglomerado luego de que hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera un comunicado público en que expresa su "preocupación" por la decisión de la Corte Suprema de otorgar libertad condicional a uniformados (R) que cumplían condenas por delitos de lesa humanidad.

El jueves, senadores de la oposición, liderados por el exsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza, además de los presidentes del PS, Álvaro Elizalde, y del PPD, Heraldo Muñoz, respectivamente, habían enviado una comunicación al organismo planteando que el accionar del máximo tribunal podría estar "propiciando" la "impunidad". En esa línea, solicitaron a la CIDH que requiera información al Estado de Chile sobre el tema y que realice un "pronunciamiento para orientar el actuar del Estado", lo que permitiría incluir en la legislación chilena estándares internacionales. Por lo mismo, el escrito de la CIDH fue bien recibido por la oposición.

En el comunicado, el organismo plantea que "de acuerdo a información recibida por la Comisión", la Corte Suprema, al tomar la decisión de otorgar libertad condicional, "revocó las resoluciones de la Corte de Apelaciones de Santiago que había acogido las resoluciones dictadas por la Comisión de Libertad Condicional (...) basadas en informes psicológicos realizados por Gendarmería" y que "advierten que los condenados tienen insuficiente o inexistente conciencia del delito y el daño ocasionado".

Bajo ese cuadro, la CIDH pondera que "si bien aun en casos de graves violaciones a los DD.HH. el derecho internacional admite que en ciertas circunstancias puedan generar una reducción de la pena", la Comisión "recientemente ha señalado" que en el caso de cumplimiento de pena de dichos casos "se debe realizar una ponderación" sobre la "afectación" de las víctimas y familiares en consideración a estándares de derecho internacional como -entre otros requisitos expuestos en el escrito-, el cumplimiento de una parte considerable de la pena, el "reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación".

El texto añade que el sistema interamericano de DD.HH. ha advertido que "la aplicación de medidas que le resten sentido o eficacia a las penas impuestas en dichos tipos de crímenes pueden llevar a la impunidad de conductas que los estados están obligados a prevenir, erradicar y sancionar" .

Asimismo, el comunicado incorpora una versión de la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, y del comisionado y relator para Chile del organismo, Luis Vargas, quien apunta al tratamiento de este tipo de delitos asegurando que "el Estado chileno tiene la obligación internacional de no dejar impunes estos tipos de crímenes y asegurar la proporcionalidad de la pena, absteniéndose de aplicar beneficios típicos de crímenes menos graves".

En la oposición aseguran que los abogados analizan los pasos a seguir luego del texto difundido por la comisión. Algunas vías, señalan, son solicitar un informe a la CIDH, pedir una reunión de trabajo al organismo -que podrá darse en septiembre- o una audiencia pública en diciembre. Adicionalmente, la CIDH puede solicitar información al Estado.

En tanto, la ofensiva de los senadores abrió un debate sobre si los dirigentes que firmaron el escrito deberán inhabilitarse en caso de que prospere la acusación constitucional impulsada desde la Cámara de Diputado contra los ministros de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, Carlos Kunsemüller y Manuel Antonio Valderrama. Esto, considerando que deben oficiar como jueces.

También hay incertidumbre sobre si la ofensiva internacional podría derivar en que se baje la acusación.

El diputado del PS Marcelo Díaz señaló que "no son caminos excluyentes", pero reconoció que "la acusación tiene que tener todos los votos (...) y entiendo que hay algunas dudas".