Comisión de DD.HH. del Senado comenzó a estudiar proyecto de indulto general para detenidos en el estallido social

Esta jornada la Comisión de Derechos Humanos del Senado comenzó a estudiar el proyecto de indulto general para los detenidos en el estallido social.

La iniciativa parlamentaria fue ingresada a la Cámara Alta el pasado 9 de diciembre y contó con las firmas de la presidenta de la Cámara Alta, Adriana Muñoz (PPD), y de Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (PRO). El proyecto establece la remisión de la pena de quienes fueron detenidos desde octubre de 2019 hasta la fecha de presentación del proyecto.

La citada Comisión -presidida por Latorre- escuchó este martes a sus primeros intervinientes, abriendo la posibilidad a los senadores integrantes de poder sugerir invitados para que expongan ante la instancia.

El primero en tomar la palabra fue el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien reiteró el rechazo del gobierno al proyecto.

“Aquí hay una mala utilización de los conceptos. No tengo claridad respecto de cuál es la explicación. Este no es un proyecto de indulto, es un proyecto de amnistía propia. Es decir, es una amnistía encubierta y no sé porqué los autores no llaman las cosas por su nombre”, sostuvo Larraín sobre la iniciativa.

En esa misma línea, el ministro aseguró que “también llama la atención lo que significa interferir precisamente en medio de un proceso judicial, como es lo que termina ocurriendo en la mayoría de estos casos. Hay algunas situaciones de personas condenadas, de los que están incorporados en este beneficio, pero la mayoría son personas en procesos judiciales”.

“Pero sabemos que nuestra Constitución, siguiendo una doctrina constitucional histórica señala que ni el Presidente ni el Congreso pueden, en caso alguno, pueden ejercer funciones judiciales, abocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones (...) Es decir, este mismo precepto lleva a impedir que una ley, como propone el proyecto, deje sin efecto las prisiones preventivas revisadas y decididas caso a caso por un juez de la República, en audiencias públicas, con la intervención de un fiscal del Ministerio Público y la respectiva defensa”, agregó el secretario de Estado.

Para afirmar que “aquí estamos hablando de procesos reales y efectivos. Por tanto, instalar esta revocación como legítima, conlleva establecer un precedente que es grave, que es permitir que el legislador procure por esta vía interferir en procesos judiciales en pleno desarrollo, cavando así la tumba de la independencia judicial”.

“Una cosa es legislar y otra es juzgar. No podemos por esta vía, de la ley, declarar inocente y decretar la impunidad para personas que cometieron, y eso tienen que decidir los jueces, un delito determinado”, cerró Larraín.

Mientras que el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, aportó datos al debate: “De acuerdo a estimaciones que tiene gendarmería, respecto de las personas que están privadas de libertad, de 28 mil detenidos ocurridos en el último año, estamos hablando de 227 personas que están en prisión preventiva o condenadas. Y esa esas 227, 172 están en prisión preventiva y varias de ellas están con acusación ya presentada o con juicio oral ya presentado”, dijo.

Cabe recordar que el 14 de diciembre pasado el Presidente, Sebastián Piñera, anunció que, de avanzar este proyecto en el congreso, el gobierno usaría su facultad de veto.

Tras la exposición del gobierno, tomó la palabra Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de DD.HH.

“Una ley de indulto general para los denominaos “presos del estallido”, aquellas personas que se encuentran privadas de libertad o restringidas de libertad a causa de manifestaciones, y formalizadas o condenadas por la comisión de supuestos ilícitos, se presenta como una respuesta adecuada para quienes han visto vulnerados sus derechos fundamentales por parte del aparto estatal, y en específico de las policías, tribunales y el ente investigador”, dijo Margotta.

Agregó que “el proyecto busca reparar en parte, las graves vulneraciones a los DD.HH. de los miles de jóvenes que han sido encarcelados desde el inicio del estallido social, por ejercer el legítimo derecho a la protesta social”.

Y cerró su intervención con que “muchas de las actuaciones calificadas como ilícitas por el ente persecutor, pueden encuadrarse dentro del derecho a la legítima autodefensa frente a las agresiones masivas y graves de funcionarios del Estado dirigidas en contra de la población civil”.

Después, tomo la palabra ante los senadores, Jaime Fuentes, abogado de la Agrupación de Familiares de Presos políticos de Santiago 1, quien entregó algunas cifras y características de las personas detenidas en el marco de las protestas sociales.

“En la actualidad existen cerca 200 personas en prisión preventiva las que ya llevan más de un año y meses con la medida más gravosa”, dijo Fuentes. Cifra a la cual se llegó, según explicó, tras un catastro realizado entre diversas organizaciones de detenidos en protestas.

Y añadió que “los imputados corresponden en su mayoría a adolescentes o adultos jóvenes, que son estudiantes universitarios, con trabajos remunerados para costear sus estudios o mantener sus familias (...) Son jóvenes que crecieron en las periferias, que crecieron día a día viendo como sus vecinos morían esperando una operación en el sistema de salud pública, que vieron también como sus vecinos y abuelos se encontraban hoy con pensiones de vejez miserables que no les alcanzaban para sobrevivir todo el mes”.

La senadora DC, Yasna Provoste, pidió que se solicite un informe detallado al Fiscal Nacional, con “el número de personas que están imputadas por hechos ocurridos a raíz del estallido social o que se encuentran privados de libertad porque las cifras que se entregan son distintas”.

Mientras que el UDI, Iván Moreira, sostuvo que “en Chile no hay presos políticos” y que “no estamos hablando de blancas palomas. Muchas de las personas tienen un prontuario judicial”.

Finalmente, se informó que el proyecto también será revisado por las Comisiones de Seguridad Pública y de Constitución del Senado.