Diputados analizan propuesta del Ejecutivo para revocar pensiones de gracia y oposición cuestiona uso de indicación sustitutiva

La Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara Baja, que preside la diputada de la bandada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Marlene Pérez, sesionó este lunes para votar en general y particular el proyecto sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la República.

Con 3 votos en contra y 8 a favor, la comisión aprobó la idea de legislar el proyecto y se postergó la votación en particular.

Pérez informó que el viernes, cerca de las 15.00 horas, la subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, había solicitado extender hasta el mediodía de este lunes el plazo para que el Ejecutivo pudiera hacer llegar sus indicaciones, a lo que ella accedió.

A la sesión se había invitado al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien en las semanas previas había sido el encargado de anunciar que el gobierno presentaría las indicaciones que ingresó este lunes buscando revocar pensiones de gracia. Esto, en medio de la polémica y la arremetida de la oposición por el otorgamiento de ese beneficio a personas condenadas, incluyendo algunas por agresiones a Carabineros.

Sin embargo, la autoridad de Interior se excusó de asistir por motivos de agenda y un equipo ministerial acudió a entregar el detalle de lo ingresado por el Ejecutivo. Cuando se realizó esa presentación, los legisladores de oposición mostraron sus aprehensiones por el mecanismo que utilizó el gobierno para intervenir el proyecto, a través de indicaciones sustitutivas.

La instancia debía analizar las indicaciones que presentó el Ejecutivo respecto a tres proyectos refundidos y que, entre otras materias, apuntan a que el beneficio sea revocable.

El gobierno decidió intervenir el proyecto ante la polémica que surgió al conocerse que de las 418 personas que reciben pensiones de gracia otorgadas por vulneraciones a los derechos humanos en el marco del estallido social, 40 tienen antecedentes penales.

Uno de los beneficiados, por ejemplo, es Andrés Fuica Fuica (42), condenado por saquear un supermercado en octubre del 2019, en medio de los desmanes de aquellas jornadas. La situación política respecto a las pensiones se había crispado aún más luego de que se diera a conocer el domingo que Jesús Véjar Vega, condenado por homicidio en 2015 -y que ya tenía antecedentes penales-, recibe una pensión cercana a los $600 mil.

En la comisión, la oposición cuestionó que se hiciera uso de una indicación sustitutiva, que reemplazaría la iniciativa que se estaba trabajando, con las enmiendas que aportaron los integrantes de la comisión, por el articulado propuesto por el gobierno.

La diputada Pérez recalcó que “este proyecto no es del Ejecutivo, este proyecto es de los parlamentarios”. Así, la legisladora indicó que optarán por postergar la votación para que la administración del Presidente Gabriel Boric “pueda reevaluar las indicaciones que hizo para llegar a un buen acuerdo”.

La votación tendría lugar esta semana. De hecho, Pérez recalcó que se trata de una materia urgente y que no es posible esperar más para que se resuelva el tema.

Por su parte, el diputado Francisco Undurraga, de Evópoli, dijo que el texto refundido con los aportes realizados por la comisión “concluye de mejor forma” aspectos de relevancia.

El legislador agregó que al Ejecutivo se le invitó por cinco semanas que asistiera a la comisión. “Se puso en votación para hoy día (lunes) y aparecieron las indicaciones. Lamentablemente no es un tema que le interese al Ejecutivo y tendrá que interesarle al Parlamento”, aseguró.

En tanto, la diputada de Renovación Nacional (RN), Carla Morales, sostuvo que la iniciativa buscó principalmente dejar sin efecto las pensiones que no corresponden ”y para eso, las indicaciones que presenta el Ejecutivo no dan ninguna garantía”.

Según explicó en la mañana la vocera de gobierno, Camila Vallejo, las indicaciones del Ejecutivo apuntan en primer término a que se tengan a la vista los antecedentes penales para la entrega de las pensiones de gracia y, como segundo punto, “quitar las pensiones de gracia a aquellas personas que cometan delitos”.

La secretaria de Estado defendió que el Ejecutivo ha operado en esta materia “de acuerdo a la ley y el reglamento”, pero que la normativa “no nos gusta y la vamos a cambiar por los efectos que tiene”.