Comisión de Ética de la Cámara no llega a acuerdo en las sanciones para diputados que no se realizaron el test de drogas

Marisela Santibáñez (PC), Clara Sagardía (IND- Frente Amplio) y Jorge Durán (RN), son los tres diputados que no se realizaron el test de drogas obligatorio en agosto.

Debido a ello, tal como establece el Reglamento que fue aprobado el pasado 13 de julio, los parlamentarios que no se efectúen el test serán sancionados por la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara.

El miércoles de la semana pasada se realizó la primera sesión en la Comisión de Ética para recibir los descargos de los parlamentarios que no concurrieron a hacerse la prueba de estupefacientes. En aquella instancia no se determinaron las sanciones que podrían recibir los parlamentarios.

El diputado Durán no asistió ese día a la cita, por lo tanto, solo se recibieron las excusas de Santibáñez y Sagardía quienes, por lo demás, son parte de las recurrentes en un recurso de protección en contra del test, escrito que este miércoles fue nuevamente rechazado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Finalmente, este miércoles la comisión discutió las sanciones que se le podrían aplicar a los parlamentarios. Sin embargo, no hubo acuerdo. Según comentaron en privado a La Tercera, en la sesión se propusieron dos alternativas: censura más multa y amonestación, pero no alcanzaron el quórum requerido de cinco votos de los nueve integrantes de la comisión.

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de Valparaíso entregó una nueva resolución sobre el test de drogas.

En un comienzo, el tribunal rechazó el escrito presentado por las diputadas oficialistas: Santibáñez, Sagardía, Ana María Gazmuri Santibañez y Marcela Riquelme. Pero debió volver a pronunciarse luego de que la Corte Suprema revocará su decisión. Con todo, hace unas semanas, en medio de la espera de resultados de la prueba a primeros 78 diputados, la Corte de Valparaíso resolvió desechar la orden de no innovar requerida por las diputadas para que los resultados del test no fueran difundidos.

Así, volvió a dar un portazo al recurso y fue rechazado, porque según explicó el órgano judicial, la “Corte de Apelaciones no puede requerir a las Diputadas y Diputados, que en la dictación de la ley se respeten las garantías y principios constitucionales, puesto que el ejercicio de su labor, supone el respeto a tales límites y al estado de derecho, existiendo mecanismos de control para el caso que no se estimen cumplidas tales exigencias”.

Por otra parte, se aseguró que en lo solicitado por las recurrentes “no se advierte la forma en que la aplicación de este reglamento y la realización de los exámenes toxicológicos que en él se contemplan pueda afectar sus garantías constitucionales, cuya modalidad se corresponde con el practicado a otros funcionarios de algún poder del Estado, de manera que excluirlas o establecer un método distinto, supondría hacer una distinción arbitraria o prohibida por el ordenamiento jurídico”.