Comisión de Medio Ambiente aprueba en general la primera propuesta de norma de la Convención: iniciativa busca garantizar y proteger a la atmósfera como bien común

Este jueves la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional comenzó la deliberación y votación de las primeras propuestas de norma constitucional presentadas por los convencionales.

La primera iniciativa en ser discutida y aprobada en particular -por 15 votos a favor, 1 en contra (Pedro Toloza (UDI) y 2 abstenciones (Rodrigo Álvarez (UDI) y Roberto Vega (RN), quien tuvo problemas para votar, pero dejó constancia que su intención era votar a favor) - fue la impulsada por Cristina Dorador (MIN), Manuel Royo (Ind.), Francisco Caamaño (Ind), entre otros, que busca “garantizar y proteger a la atmósfera como bien común”.

Ahora se abrirá un plazo de indicaciones, cuyo plazo final no será antes del 1 de febrero. Justamente será en dicho mes, en una fecha a determinar, que se procederá a su votación particular y las indicaciones estarán abiertas hasta 48 horas antes de la votación en particular de la norma.

Dentro del articulado propuesto está que “el Estado reconoce a la atmósfera, dentro del espacio aéreo fijado por acuerdos internacionales sobre la materia, como un bien natural común, el cual comprende desde el aire que respiran sus habitantes hasta el cielo a través del cual ven el espacio. La protección y restauración de sus características naturales son objetivos de interés público y las tareas necesarias para su logro son deberes del Estado”.

Se agrega que “las obligaciones del Estado sobre la atmósfera cesan a la altura fijada por acuerdos internacionales sobre la materia. El Estado se esforzará por liderar esfuerzos internacionales que, en base a evidencia científica, regulen las acciones de los seres humanos con efectos en la atmósfera, buscando mejorar la calidad de vida de los seres humanos y la salud de los ecosistemas”.

Por lo cual se establece que “un estatuto especial regulará las obligaciones del Estado en relación a la protección y restauración de las características naturales de la atmósfera, de modo de garantizar la existencia de condiciones que, a largo plazo y través de las generaciones de seres humanos, favorezcan la supervivencia de la vida en la Tierra”.

La instancia también votó en general una segunda propuesta de norma constituyente sobre el derecho de acceso a la montaña y uso de senderos ancestrales. La propuesta fue visada por 14 respaldos y 5 abstenciones.

En su articulado establece que “es obligación del Estado garantizar el derecho de acceso a la montaña, así como el derecho de uso de senderos ancestrales, promoviendo y asegurando la conservación, protección y restauración de ecosistemas, infraestructura asociada, sitios y recorridos de tránsito y uso ancestral e histórico, así como la educación en torno a ella, experienciación y la coordinación con actividades deportivas, culturales, patrimoniales y recreativas”.

Y que “en caso de impedimentos o colisión de derechos, el Estado velará prioritariamente por la protección de la biodiversidad y los ecosistemas de montaña, y por el ejercicio del derecho de uso con autocuidado y responsable con el entorno. En caso de actividades de desarrollo económico, estas tendrán que ser ecológicamente sustentables, resguardado el patrimonio natural, las funciones ecosistémicas y la cultura de las comunidades pertenecientes al territorio”.

Al igual que la norma anterior, su votación en particular no se desarrollará antes del 1 de febrero.

Por otro lado, este jueves vence el plazo para que la ciudadanía ingrese sus iniciativas populares de norma en el sitio web de la convención (https://www.chileconvencion.cl/).

Actualmente se han presentado 5.417 iniciativas populares, de las cuales 1.958 han sido ya revisadas y publicadas en el sitio web de la Convención para ser patrocinadas.

La presidenta del órgano encargado de redactar la nueva Carta Magna, María Elisa Quinteros (MSC) explicó que 405 mil personas ya han entregado más de 160 mil apoyos a las iniciativas ya publicadas. Y que el sitio web de las iniciativas populares de norma ha reportado más de un millón de ingresos.

La ciudadanía puede respaldar las propuestas hasta el 1 de febrero.

Además, durante la mañana, un grupo de convencionales feministas presentó una propuesta de norma constitucional que busca la creación de tribunales especiales para tratar casos de violencia de género.

La iniciativa impulsada por Manuela Royo, Vanessa Hoppe, entre otras integrantes del órgano, propone la creación de “tribunales especiales para la violencia de género contra mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexo genéricas. Estos tribunales estarán integrados por jueces, juezas, funcionarios y funcionarias de la administración de justicia especializadas en la materia”.

Y establece que a quienes se desempeñen en dichos centros de justicia “se les exigirá especialmente formación especializada en materias de género, interseccionalidad y derechos humanos”.