Consejo Constitucional despacha normas sobre descentralización y gobiernos regionales

Este jueves el órgano redactor visó parte del capítulo sobre gobierno y administración regional y local, es decir, las temáticas que tienen que ver con las normas sobre descentralización.

El plenario aprobó que la organización del país será en regiones, provincias, comunas y territorios especiales. Entre estas normas se destaca una que fija en que “dos o más regiones, con continuidad territorial, podrán constituir macrozonas conforme a los requisitos y criterios que determine una ley institucional”.

Se establecen, además, mecanismos de solidaridad, equidad y coordinación entre los niveles regionales y locales, y se mantienen los gobernadores regionales y el Consejo Regional.

Sobre los gobiernos regionales, se aprobó que la administración de cada región recae en el Gobierno Regional, que tendrá “patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo económico, social y cultural de la región”, contando con autonomía administrativa, según se establezca en una futura ley. Serán fiscalizados “por sus propios órganos de control interno y por los organismos que tengan tal atribución”.

El gobernador será elegido por sufragio universal y en votación directa. Para ser electo, basta con conseguir la mayoría los sufragios “y siempre que dicha mayoría sea equivalente, al menos, al cuarenta por ciento de los votos válidamente emitidos”.

El Consejo Regional, a su vez, será un órgano colegiado de carácter “normativo, representativo, resolutivo y fiscalizador” y estará conformado por consejeros electos en votación popular. En este órgano recaerá la aprobación del presupuesto de cada región.

A las sesiones del Consejo Regional, según lo aprobado por el pleno, podrán asistir los diputados y senadores para ser parte del debate, pero sin derecho a voto. Asimismo, el Consejo Regional “recibirá a los senadores de la región para que informen sobre la tramitación de leyes de interés regional”.

En cuanto al gobierno local, es decir, los municipios, se aprobaron las atribuciones “normativas, financieras y fiscalizadoras, y de coordinación y de complementariedad con la acción del gobierno regional y nacional”. Entre las funciones, se establecen la prestación de servicios públicos de su dependencia y el ordenamiento territorial, junto con otras que determine una futura ley.

Los municipios, al igual que los gobiernos regionales, serán fiscalizados “por su propios órganos de control interno y por los organismos que tengan tal atribución por mandato de la Constitución y las leyes”.

El municipio estará compuesto por el alcalde, o alcaldesa, además de los concejales. Ambas autoridades serán electas por sufragio universal en votación directa, y durarán cuatro años en sus cargos.

La expresión “alcaldesa” no es menor en la redacción de la norma, pues en primer lugar el pleno votó una nomenclatura que no la incluía. El resultado de esa votación fue de 29 votos a favor y 21 abstenciones, entre esta opción estuvo la bancada de RN-Evópoli prácticamente completa: Pilar Cuevas, Germán Becker, Lorena Gallardo y Gloria Hutt; solo votó a favor de esa norma la consejera Ivonne Mangelsforff. Posteriormente, la norma que sí incluía el término “alcaldesa” fue aprobada por los 50 consejeros.

El debate al interior del pleno estuvo centrado en la defensa y crítica de la descentralización que trae el texto constitucional en la organización del país.

Desde el oficialismo hubo duros cuestionamientos frente al “intento tenue”, como afirmó el vicepresidente del Consejo Aldo Valle (Ind. -PS), de avanzar en esta línea. “Lo que tenemos en estas normas sobre descentralización y gobierno regional es un intento muy tenue de avanzar en un proceso en el que todos reconocemos como indispensable, necesario, en eso no tenemos diferencia”, comenzó diciendo Valle.

“¿Nos habrá pasado que una hegemonía cultural centralista ha dado lugar a una servidumbre del centralismo? Nosotros no podemos ser los siervos de esa servidumbre y esa es una responsabilidad que debiéramos compartir”, cerró el vicepresidente del órgano redactor.

Sin embargo, desde la derecha se defendió el contenido de lo aprobado. La consejera Gloria Hutt (Evópoli) afirmó: “Las propuestas contenidas en este texto avanzan en la dirección de transferir competencias, facultades y responsabilidades, fortaleciendo al mismo la tiempo la coordinación en distintos niveles locales y con el gobierno central”.

“El texto aprobado hasta ahora es un avance, quedará en manos de las regiones y sus autoridades en la medida en que lo comprendan, lo usen y lo exploten en favor de las personas y las comunidades locales”, cerró la exministra.