Crece molestia del PC y FA con el gobierno por revocar pensiones de gracia

Fue este martes cuando el diputado del Partido Comunista Boris Barrera cristalizó el malestar que se compartía entre sus pares por el nuevo giro del gobierno en materia de seguridad.

En esta ocasión, el foco fue el vuelco del Presidente Gabriel Boric respecto de las pensiones de gracia otorgadas a raíz de los casos del estallido social, sobre las que el Mandatario usará su facultad administrativa para que sean revocadas en aquellos casos en donde los receptores tengan antecedentes por “delitos graves”.

“Lo que he mandatado a los organismos correspondientes es que eso que no se tenía a la vista a la hora de otorgarlas, hoy día se revise y efectivamente voy a hacer uso de una facultad administrativa para que, en el caso de, cuando identifiquemos beneficiarios que tengan antecedentes penales por delitos graves, tales como homicidio, violación, porte de armas o narcotráfico, puedan, yo personalmente voy a hacer uso de la facultad administrativa para revocar esas pensiones”, dijo Boric, fijando un criterio para dichas revocaciones y dejando fuera otros delitos.

“Esta es una aberración sin precedentes, que perpetúa la impunidad, porque estamos hablando de personas a las que se le violaron los derechos humanos, que fueron mutiladas, torturadas, personas muertas, con perdigones en sus cuerpos, que aún no tienen justicia. Si no hay reparación, estamos ante una perpetuidad de esta impunidad que es intolerable y agrava más la situación”, salió a responderle el diputado Boris Barrera.

Si bien el tema no ha sido profundizado en la bancada del PC, lo cierto es que tienen pendiente conversar con el Ejecutivo, ya que otros diputados del partido se plegaron a los cuestionamientos de Barrera, quien integra la comisión investigadora de las pensiones de gracia otorgadas por violaciones de derechos humanas cometidas durante el estallido.

A quien los comunistas consideran como interlocutor para este asunto es el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Sin embargo, fue la ministra de esa cartera, Carolina Tohá, quien respondió en el Congreso.

“Más allá de la palabra ocupada, que sin duda no la compartimos, creemos que en el planteamiento del diputado hay un criterio en el que nosotros sí nos encontramos. No hay que ponderar solo antecedentes penales, sino también los daños causados. Tenemos que corregir lo que la ley decía hasta ahora, lo que el procedimiento administrativo que se dictó en el gobierno anterior decía, que no ponía a la vista los antecedentes penales. En esta ponderación es importante tenerlos presentes”, dijo.

La jefa del gabinete, además, indicó que el criterio del gobierno será informado de manera más precisa durante los próximos días.

El timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, por su parte, afirmó que “si una persona demuestra que sufrió atropellos a los derechos humanos, por parte de las fuerzas policiales que, abusivamente, lo afectaron quitándole la vista, no entendería que el ojo de una persona que no es delincuente vale más que el de una persona que es delincuente. Estaría igualando las obligaciones del Estado con las de quien haya delinquido. Lo otro sería salir a justificar un: salgan a cazar y afecten los derechos humanos de las personas, en total si son delincuentes no hay problema y eso no es así”.

El mismo presidente del PC añadió, eso sí, que “creo que el Presidente está pidiendo revisar la asignación, por si acaso hay gente que no tuvo como argumento el atropello de los derechos humanos. Ahí tiene todo el derecho de evaluar o rectificar esa asignación”.

Esta no es la primera vez que en el PC hay malestar a raíz de materias de seguridad del gobierno del Presidente Boric. Lo más seguro es que este tema sea debatido en medio del comité central que realizará la colectividad este fin de semana.

Dentro de este espacio, formado por un poco menos de 100 personas, hay dirigentes que han sido mucho más críticos con el Ejecutivo que los parlamentarios. Allí entran figuras como la encargada de derechos humanos del PC, la core de la RM, María Eugenia Puelma.

Esta última ya manifestó públicamente su malestar con el gobierno por mantener en su cargo al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, formalizado por los delitos de omisión en apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio en el contexto del estallido social.

El pliegue a la postura de Barrera se dio rápido este miércoles. Por ejemplo, la diputada María Candelaria Acevedo remarcó que “no podemos estar conformes con la decisión que ha tomado el Presidente, pero sabemos que es una disposición que él puede realizar. No estoy conforme, me parece que no es la forma en la que se han planteado las pensiones de gracia y él se comprometió con los familiares. Que hoy se esté retractando por las presiones de la derecha me parece que no corresponde”.

La misma diputada agregó que “por justicia ellos deberían seguir con esas pensiones de gracia. (...). Es una aberración lo que está haciendo el Presidente, pero es una facultad de él. Esto no impide que los jóvenes puedan querellarse en contra del Estado e ir a los tribunales a ejercer su derecho”.

Acevedo también indicó que si los casos llegan hasta la justicia, ella -a título personal- estaría disponible para respaldar dichas medidas. Esto podría hacerlo mediante la organización de defensa a los derechos humanos en la que participa, en Concepción.

Por otro lado, la diputada Lorena Pizarro -integrante de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara- advirtió que “yo no comparto que se retiren las pensiones de gracia. Quiero pensar que lo que viene es iniciar un camino que nos permita avanzar en verdad, justicia y reparación como corresponde a quienes fueron víctimas de agentes del Estado”.

Además, Pizarro remarcó otra distinción con la visión del Ejecutivo. “Quienes tengan antecedentes penales, antes, no tienen que ver con esto. Que tu tengas antecedentes penales no tiene que ver con que seas víctima de agresiones del Estado. Es un tema absolutamente distinto, si no, estamos relativizando (...). Tú puedes salir de una condena y un agente del Estado te agredió en contexto de protesta social, ahí el Estado tiene la obligación de repararlo, independiente de tu actuar anterior”, indicó la parlamentaria e integrante del comité central del PC.

Alejandra Placencia, integrante de la comisión de Seguridad, dijo que “no podemos perder la perspectiva de que cuando el Estado viola derechos humanos debe reparar a las personas que han sido víctimas de esas violaciones, tengan o no tengan antecedentes, eso no debe estar en discusión”.

La diputada, y presidenta de las Juventudes Comunistas, Daniela Serrano, añadió que “si bien es una decisión del Presidente, nosotros tenemos ciertos matices, observaciones, con este tipo de medidas. (...). A raíz de sus dichos (Boris Barrera), siento que aún falta una conversación con el Ejecutivo para atender esta materia”.

Quien sí matizó los dichos de sus pares fue la diputada Karol Cariola, quien dijo a La Tercera que “es evidente que las pensiones de gracia tienen un objetivo concreto. Lo importante es que no se haga mal uso de ese tipo de derechos, porque cuando una persona es financiada por el Estado, pero se dedica a delinquir o generar un daño, ahí hay un elemento para poder revisar los criterios de entrega de este tipo de derechos. Yo creo que lo que está haciendo el Presidente, de revisar estos criterios, es un camino correcto porque no queremos que se estigmatice a la totalidad de las personas que recibieron”.

Cariola también agregó que “esperamos que la decisión sea criteriosa. Considero que es importante que todo lo que uno hace se revise”.

A la postura expresada por el PC se plegó también el Frente Amplio. La primera en abrir los fuegos fue la diputada de Convergencia Social -colectividad en la que milita el Presidente Boric-, Emilia Schneider. La parlamentaria afirmó en radio Cooperativa que “no comparto la revisión de las pensiones de gracia. La entrega de este tipo de reparaciones no tiene que ver con la calidad moral de una persona”.

Quien también habló fue la diputada -y presidenta de la comisión de Derechos Humanos- Lorena Fríes. “Se está incurriendo en un error conceptual, son reparaciones modestas por violaciones de derechos humanos cometidos en el estallido”, dijo.

Y agregó: “Las reparaciones no tienen que ver con ningún antecedente de la persona, sea esta mala o buena persona, condenado o inocente, el tema es que el Estado no pude diferenciar a las personas cuando es el propio Estado el que abusa de su poder”, señaló la congresista. La misma Fríes agregó que “en este caso, independientemente de quiénes fueran, fueron abusados por agentes del Estado”.

Desde Revolución Democrática, el diputado Jaime Sáez aseguró que “si se quiere revisar cuáles son los criterios para otorgar pensiones de gracias y sus requisitos, está bien que se haga. No obstante ello, en el caso de las pensiones otorgadas a víctimas de violencia estatal y violaciones de derechos humanos, me parece que el principal criterio debe ser si efectivamente estamos ante una víctima de la acción del Estado, si tiene antecedentes delictuales, es una cuestión diferente y que no justifica un atropello a la dignidad humana”.

Su par, Ericka Ñanco, aseguró que “el Presidente está en toda su autoridad de poder definir si va a revocar a algunas personas estas pensiones de gracia, sin embargo, quiero que quede claro que, no porque algunas personas hayan cometido delitos se les va a meter a todos en el mismo saco, porque ahí hay que hacer una diferencia, las pensiones de gracia fueron entregadas como reparación del Estado”.