Crisis de Huachipato: diputados critican pasividad de ministro Grau y senador Saavedra (PS) alerta efecto electoral

Un vendaval de acciones fiscalizadoras, como sesiones especiales del Congreso y una comisión investigadora de la Cámara, se avecina para el ministro de Economía, Nicolás Grau, luego de que la Compañía Siderúrgica Huachipato anunciara el cierre de sus puertas ante un difícil escenario financiero.

El impacto social es visto con preocupación transversalmente por las bancadas del oficialismo y la oposición, especialmente por los legisladores y autoridades locales de la Región del Biobío. Por lo tanto, en este tema es probable que las críticas y presiones se concentren inevitablemente en el secretario de Estado, quien estaba a cargo de monitorear la situación.

Sin embargo, en la alianza gubernamental la inquietud se extiende al plano electoral, ya que algunos temen que tendrá un efecto negativo para los candidatos del oficialismo en las próximas elecciones regionales y municipales, especialmente en Talcahuano, Concepción y Los Ángeles.

En el Congreso, la diputada Marlene Pérez (UDI, representante de la Región del Biobío, ya pidió a nombre de su comité que se convoque a una sesión especial de la Cámara “con carácter de urgente para citar al ministro de Economía y a la ministra del Trabajo (Jeannette Jara)”,

Esta solicitud, que ya cuenta con el apoyo de fuerzas opositoras, desde el Partido Demócratas hasta Republicanos, fue ingresada con el fin de obtener claridad sobre los planes de contingencia frente a la reciente suspensión indefinida de las operaciones de acero de esta filial del Grupo CAP.

“La información es de la máxima gravedad y da cuenta que la comisión antidistorsiones actuó y llegó tarde”, declaró la diputada Pérez (UDI).

En el otro extremo político, la diputada María Candelaria Acevedo (PC) señaló que “como parlamentaria del Biobío estoy muy preocupada y lamento la situación que ha ocurrido y voy a presentar el lunes un proyecto de resolución, en donde les voy a hacer presente al Presidente de la República que pueda replicar lo mismo que se hizo con Soquimich y Codelco, en el sentido de hacer una alianza estratégica para resolver este tema... La idea es que, en este caso, el Estado, nuestro gobierno pueda hacer esa alianza estratégica entre Codelco y Huachipato, creando a lo mejor una industria mixta, donde tenga participación del Estado y también la empresa privada”.

Además, la legisladora comunista agregó que para subsanar las eventuales impedimentos para que el Estado pueda intervenir, “queremos ver una reforma constitucional en la cual se permita al Estado sobre todo en las empresas estratégicas, para que pueda tener participación”.

El diputado Félix González, también de la Octava Región e integrante de la bancada del Frente Amplio, señaló que “si se cierra Huachipato, sería un desastre económico para al menos la provincia de Concepción. Hay más de 22.000 personas que dependen directamente de Huachipato. No todas tienen un contrato con Huachipato, pero hay empresas que solo tienen como cliente a esta siderúrgica”.

El Partido Social Cristiano, en tanto, anunció una comisión investigadora. “Son miles de empleos que se verán afectados, espero que el gobierno vuelva a revisar las cifras de sobretasas recomendadas por la comisión antidistorsiones, ya que la industria del acero es estratégica y necesita competir en igualdad de condiciones. El gobierno debe abrirse al diálogo por el bien de los trabajadores y sus familias. Además presentaré una comisión investigadora por la forma cómo el gobierno está manejando las distorsiones económicas”, dijo la diputada Francesa Muñoz (PSC), también representante del Biobío

Otra diputada por la Región del Biobío, Joanna Pérez (Demócratas), presentó al gobierno una propuesta para establecer durante tres años un arancel del 50% al acero chino, con la intención de revertir el cierre indefinido de las operaciones d Huachipato.

“Se trata de una reforma constitucional, una modificación que le aplica a los productos chinos en materia de acero un 50% de arancel por tres años desde que se apruebe”, dijo Pérez (Demócratas), quien añadió que el proyecto ya lo están acordando de manera transversal con los integrantes de la Comisión de Constitución.

“El Presidente Gabriel Boric estuvo en la Región del Biobío en octubre de 2023 y se comprometió, con los gremios y las familias de Huachipato CAP Acero Biobío, que daría un apoyo y que nos los dejaría solos y se activaría. Bueno, han pasado cinco meses y, lamentablemente, es insuficiente el apoyo”, añadió la jefa de bancada de Demócratas.

En tanto, a pesar de su creciente afinidad con el oficialismo, el diputado Eric Aedo (DC), también legislador de la zona, cuestionó el rol de La Moneda. “Espero que tomen una actitud más activa. Veo del gobierno, en el tema de Huachipato y en otros ámbitos, es que está como un observador de la realidad. El gobierno está llamado a actuar. Y lo que quiero pedirle al ministro Grau y al Presidente, que la comisión antidistorsiones tome las medidas. O este gobierno, que se dice un gobierno de izquierda, representante de los trabajadores, va a pasar a la historia como el gobierno que no fue capaz de evitar el cierre de una siderúrgica y dejó en la calle a 20 mil trabajadores del Biobío. Eso, la región no se lo va a perdonar a este gobierno”.

El diputado Sergio Bobadilla (UDI) dijo que “el cierre de Huachipato es una verdadera catástrofe para nuestra zona. El gobierno debe y tiene que hacerse cargo, las reiteradas visitas y reuniones que sostuvo en la zona el ministro Grau no sirvieron absolutamente de nada, a este personaje se le debe declarar persona no grata en nuestra región”.

Su par Cristóbal Urruticoechea (republicano) comentó que “vivimos una emergencia laboral con un alto desempleo que se encuentra actualmente en casi un 10%. El gobierno llegó, nuevamente, tarde y mal a la crisis. No se trata solo de subsidios, el problema de fondo es la pérdida de competitividad de Chile, por la falta de capacitación, de infraestructura, de trabas a la productividad, los obstáculos de la permisología y la pesada mochila de malas reformas laborales.

El senador Gastón Saavedra (PS), quien fue alcalde de Talcahuano, expresó que “rol del gobierno es clave para tender puentes con la empresa”. “El cierre de la CAP en Talcahuano tiene repercusiones políticas y las va a tener en el bloque de gobierno. No hay duda de aquello. El efecto político se va sentir en todos aquellos que representen al gobierno”, expresó el nuevo jefe de bancada del PS, quien llamó a mirar lo que hicieron otros “gobiernos transformadores de latinoamerica”, que fijaron medidas proteccionistas a su producción de acero.

En tanto, el Presidente Boric manifestó que “lo que está pasando con CAP, en Talcahuano es una preocupación firme del gobierno”. “El ministro Grau está encargado. Es una preocupación, más allá de la voluntad o no del gobierno porque tiene que ver más con cuestiones internacionales. Pero desde el gobierno estamos poniendo todo el énfasis y generando un diálogo con la empresa para poder evitar justamente el cierre de la misma”, expresó en la puesta en marcha de la planta desaladora en la minera Los Pelambres.